Jueces ecuatorianos bajo presión: ¿Cómo blindarlos del poder político?

La influencia del poder político sobre la función judicial, en Ecuador, tiene data; no es exclusiva de este régimen. Sin embargo, ¿es posible que con acciones puntuales se logren cambios inmediatos?

Leonel Fuentes, decano de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil, es pesimista porque “lastimosamente el sistema está diseñado para que exista una judicialización de la política” y viceversa: una politización de la justicia. La única posibilidad de cambiarlo, a su criterio, era a través del cambio de la Constitución. ¿Por qué?

Porque en la Carta Política se establece que quienes conformen el Consejo de la Judicatura (CJ) sean delegados de la Función Legislativa y Ejecutiva, entre otros. Por lo que, manifiesta: “no vas a esperar que este delegado actúe de otra forma que no sea política”.

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¿De qué dependería un mejor sistema judicial?

Sin embargo, para la jurista Marena Briones, docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, eso sí se podría esperar solo “si hay ganas de designar personas independientes”. En su opinión, el cambio solo está en las personas.

Pero, a juicio de la jurista María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia, se deben hacer reformas puntuales al Código Orgánico de la Función Judicial. Con el objetivo de establecer, primero, mecanismos de selección de jueces a todo nivel, donde no solo se ponderen los títulos académicos, sino que también se realicen pruebas de confianza o pruebas para medir la idoneidad y la ética profesional.

Lo segundo que se requiere establecer, expresa la abogada Miño, es que se determine la obligatoriedad de la transparencia en los procesos de selección. Y, lo tercero, hacer evaluaciones rigurosas, no cada siete años porque “ahí se va a enquistar los focos de corrupción”.

A eso, el decano Fuentes le agrega que estos procesos sean realizados con el acompañamiento de instituciones imparciales internacionales, como el de las Naciones Unidas, o de gobiernos de países amigos. De esa forma, la evaluación de los jueces reflejaría si están cumpliendo con el decálogo del abogado y las normas éticas.

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Voluntad política

No obstante, para Hernán Acevedo, abogado constitucionalista y docente de la Universidad Internacional del Ecuador, se debe fortalecer la independencia de las instituciones políticas y para ello, solo se requiere de la voluntad política porque “es el poder político el que invade las esferas de los otros poderes”. Pero solo si hubiese la intención de querer hacerlo, sentencia, porque “al poder actual le conviene tener esa posibilidad de influencia que tiene sobre las otras funciones”.

Y es que el problema es que se “tiene gente política haciendo política en la administración de justicia”, subraya Fuentes. Además, denuncia que “es muy común que los delegados provinciales del CJ estén detrás de los procesos penales y civiles, para ver cómo pueden incidir en las decisiones de los jueces”.

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El presidente debe dar el ejemplo

No solo eso; Briones recuerda cuando el primer mandatario Daniel Noboa amenazó a los jueces de la Corte Constitucional (CC). “¿De cuándo acá, alguien, por muy presidente que sea, tiene la atribución de decir si está o no de acuerdo con una decisión de la Corte? ¿Un presidente tiene ese derecho de acusarlos porque simplemente toman decisiones que no son de su agrado?”, profiere la abogada. Otro caso similar fue el pronunciamiento de la entonces vocera presidencial, Carolina Jaramillo, sobre el caso Sinohydro.

Para el jurista Acevedo, la respuesta a la búsqueda de la acción que dé un cambio inmediato al sistema judicial la tiene la Corte Constitucional. Para ello, cree que tiene que fortalecerse y asumir su rol: poner el freno al poder político que a veces por sus intereses sobrepasa los límites constitucionales. “Más ahora que el pueblo le ha dado respaldo para que continúe siendo ese contrapeso (al no ir a una Constituyente, donde el Ejecutivo preveía que sea una sala de la Corte Nacional de Justicia)”.

Es por esto por lo que Miño subraya que el cambio depende de la voluntad política, pero no solo del actual presidente, sino de los que vengan; que entiendan que la Función Judicial debe ser independiente, que no puede estar al servicio del poder de turno. Caso contrario, “no habrá modificaciones que sirvan”.

O, añade la abogada Briones, solamente quedaría la acción social de reclamar en las calles. “No hay otra instancia que quede que no sea la voz ciudadana”.

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