PSC repudia investigación por presuntos delitos en el régimen de Febres-Cordero

Desde el miércoles 5 de noviembre, seis personas, cinco de ellas son militares retirados, enfrenta un juicio por presuntos crímenes de lesa humanidad. Estos se habrían cometido hace 40 años contra integrantes del desaparecido grupo Alfaro Vive Carajo (AVC), durante el gobierno de León Febres-Cordero (1984-1988).

En esta investigación, denominada Caso Vaca y Otros, la Fiscalía General del Estado ha sostenido que “investiga violaciones de los derechos humanos que, en su conjunto, constituyen crímenes de lesa humanidad”. Esto, debido a “la actuación coordinada de estructuras estatales -cadena de mando, inteligencia, custodia e interrogatorio, apoyo médico y operativo- contra personas tratadas como ‘enemigos internos'”.

Por otro lado, ha expuesto que “esta sistematización habría sido adoptada por Ecuador, bajo doctrinas surgidas en América Latina, entre las décadas de 1970 y 1980”. Así también sostiene que “eso permitió ejecutar ataques planificados, sostenidos y con vocación de permanencia contra sectores identificados como disidencia política, estudiantil, sindical o militante”.

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Además, ha indicado que “esta investigación está regido por estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional”. La audiencia será reinstalada el martes 11 de noviembre, a las 14:30.

¿Qué dice la organización política del expresidente?

Ante estas investigaciones, la directiva nacional del Partido Social Cristiano emitió una publicación, el viernes 7 de noviembre, en su cuenta de Instagram. En ella, señalan que “rechazamos este intento de cambiar la historia de los hechos, luego de más de cuarenta años”, ya que “pretenden negar la existencia de la violencia que vivió el Ecuador, en aquel entonces”.

Así también indican que “los actos refutables cometidos por la organización terrorista Alfaro Vive Carajo, en los cuales sus operaciones de violencia sistemática entre ellas asaltos, robos, asesinatos y secuestros cometidos, motivaron a que el Estado tenga que defender a los ciudadanos, víctimas de estos hechos”. En el documento añaden que “bajo el liderazgo y firmeza” del expresidente Febres-Cordero -quién, de 1992 al 2000, fue alcalde de Guayaquil-, las “Fuerzas Armadas y Policía Nacional lograron la extinción de este grupo terrorista”.

Por lo que, a su criterio, “desconocer la realidad que vivió nuestro país, pretendiendo juzgar a quienes defendieron al Estado, es darle la espalda a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional”. Asimismo, sostienen que “sin esa lucha no se hubiese logrado la paz en aquella época”.

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¿Qué probará la Fiscalía?

La Fiscalía General del Estado anunció que demostrará, con base a pruebas recabadas, la responsabilidad de los seis procesados:

• Juan Raúl Viteri Vivanco, excomandante de la Escuela de Inteligencia
• Manuel Marcelo Delgado Alvear, exdirector de Inteligencia del Ejército
• Nelson Bolívar Enríquez Gómez, exjefe de la Unidad de Contrainteligencia
• Fernando Ignacio Ron Villamarín, médico del AEIM
• Mario Ricardo Apolo Williams, excomandante de la Escuela de Inteligencia
• Luis Eduardo Piñeiros Rivera, exministro de Defensa

Además, probará:

• Qué existió una estructura estatal sistemática, como una política de Estado, direccionada al combate del “enemigo interno”.
• Que el 10 de noviembre de 1985, Luis Alberto Vaca Jácome, Susana Valeria Cajas Lara y Francisco Javier Jarrín Sánchez fueron detenidos -sin orden judicial- en Esmeraldas por personal militar y llevados al Batallón Escuela de Ingenieros No. 1 Montufar.
• Que, en la madrugada del 11 de noviembre de 1985, las tres víctimas fueron trasladas al AEIM (Conocoto), donde permanecieron en custodia militar y fueron sometidas a interrogatorios violentos, torturas físicas y psicológicas, y tratos crueles, durante 16 días.
• Que Luis Vaca permaneció desaparecido, fuera de toda protección judicial, durante aproximadamente dos años, bajo custodia de miembros de inteligencia militar, siendo liberado en Ibarra.
• Que las víctimas y sus familiares, a consecuencia de estos hechos, sufrieron una afectación a su derecho a la libertad, a la integridad, a la dignidad humana y a otros derechos.

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