'Son militares, yo los vi': Amnistía Internacional pide justicia por desapariciones

“Saber la verdad. Que nos digan dónde los tienen y por qué se los llevaron. Exijo al Estado que cumpla con el deber de búsqueda y protección de derechos. Sr. presidente necesitamos respuesta de su estado; vivo se lo llevaron y vivo lo queremos. Exijo al presidente (que) nos ayude”.

Esa son algunas de las peticiones que hacen familiares de varios ecuatorianos que han desaparecido forzosamente en 2024 tras la ejecución del Plan Fénix y de la declaratoria “de un supuesto conflicto armado interno”, expresó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Ella mira con preocupación el estado de seguridad militarizado en el país.

Ese pliego de peticiones estaba frente a la mesa donde Piquer estaba junto a dos familiares de los ecuatorianos desparecidos forzosamente. Allí también se podía observar los rostros de algunos de ellos.

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¿A qué se deben estas desapariciones?

A su criterio, una política de seguridad sin respeto a los derechos humanos, “no es una garantía para nadie y, casi siempre, la inseguridad termina afectando a las mismas comunidades que antes estaban afectadas por la violencia criminal, solo que ahora se la sustituye por la violencia del Estado”. Esto es ratificado, dijo, en el informe que presentó la entidad, denominado ‘Son militares, yo los vi’.

En el libro se nombran a 40 personas, cuyos familiares buscan justicia. Piquer señaló que “pudimos comprobar que se han cometido el crimen de derecho internacional de desaparición forzada de personas en el marco de operativos de seguridad en la costa ecuatoriana”, específicamente en Guayas, Los Ríos y Esmeraldas.

Aunque, manifestó que, sobre esto, en el país existe un subregistro, el Comité Permanente Defensa Derechos Humanos (CDH) registra 33 casos. Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó que tiene 43 denuncias de desaparición forzada.

Por otra parte, el Comité de Desapariciones Forzadas ha emitido 22 acciones urgentes en relación con casos en Ecuador. Con la publicación de este informe, Piquer busca hacer presión en las autoridades para “intentar hacer algún cambio”.

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¿Qué expresan los familiares de los desaparecidos?

Sobre todo, porque hay casos que están judicializados que no avanzan. Como es el caso Las Malvinas. Ronny Medina, padre de Steven, el más pequeño de los cuatro menores asesinados, denunció que la audiencia preparatoria de juicio se ha suspendido cinco veces. La razón no la sabe.

“¿Por qué juegan con nuestros sentimientos? ¿Por qué por qué dilatan el proceso?" No lo entiendo”, Medina formuló preguntas sin respuesta. Él sentado en una mesa, junto a otros activistas de Derechos Humanos y a Diana Roca, tía de Dave Loor, otro desparecido, reclamó justicia.

Roca, por su parte, exigió que se le diga dónde está el joven de 20 años, quien desapareció el 26 de agosto de 2024. Cuenta que lo último que supo de él, es que iba a comprar empanadas. Ella contó que existe un informe militar, donde un capitán afirmó que lo había aprehendido y supuestamente soltado a las 18:00. Eso es algo que “ellos no han podido comprobar ni se ha podido corroborar. Si Dave estuviera libre, estaría con nosotros”.

Medina tampoco entiende “por qué hay gente con corazón de piedra, como para hacer daño a cuatro niños, que son futbolistas, estudiantes”. La última vez que lo vio con vida fue el 8 de diciembre, cuando salió de su casa a jugar fútbol, recordó.

Billy Navarrete, secretario ejecutivo de la CDH, enfatizó que el titular del informe se basa en la evidencia de las familias y “el coraje para señalar a las fuerzas militares como responsable de la detención y la desaparición de sus parientes”. 

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¿Qué dicen al respecto las entidades públicas?

Sobre esto, EXPRESO quiso conversar con un vocero del Ministerio de Defensa, pero no respondió la responsable de Comunicación de la cartera de Estado.

Así tampoco lo hizo, la Fiscalía, a quién también se solicitó una entrevista para tratar sobre los procesos que esta tiene a su cargo. Por su parte, el comunicador del Consejo de la Judicatura informó que “como están cambiando de autoridades; no se sabe quién se hará cargo. Mañana (miércoles 24 de septiembre) es la posesión de los nuevos vocales y el jueves (25 de septiembre), ya entrarían a sus oficinas”.

¿Qué recomienda Amnistía Internacional al Estado ecuatoriano?

Ante las acciones por parte del Estado, Amnistía Internacional recomendó que el presidente Daniel Noboa, principal impulsor del Plan Fénix:

• Revierta por completo el enfoque militarizado de la seguridad pública.
• Garantice que los derechos humanos se sitúen en el centro de cualquier operación, de aplicación de la ley.
• Tome todas las medidas necesarias para asegurar que las fuerzas armadas cooperen plenamente con las investigaciones y que no las obstaculicen, a través de la clasificación de información estatal o de cualquier otra manera.

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Así también planteó sugerencias a la Fiscalía General del Estado:

• Que asegure una investigación pronta, exhaustiva, imparcial e independiente de todas las denuncias de violaciones graves de derechos humanos ocurridas en operativos de seguridad, realizados por militares, incluyendo las posibles desapariciones forzadas.
• Que busque, incluso de oficio, a las personas desaparecidas, atendiendo a los estándares internacionales de derechos humanos.
• Que garantice los derechos de las víctimas y de sus familias.
• Que garantice que los familiares también tengan derecho a participar en las investigaciones y a recibir la protección que requieren, incluyendo medidas de reparación integral y acceso a atención psicosocial.

Al Ministerio de Defensa:

• Que asegure que las Fuerzas Armadas y el Ministerio colaboren de manera efectiva y plena en las investigaciones a cargo de la Fiscalía General del Estado.

Denuncias de hostigamiento a familiares de desaparecidos

Piquer asimismo denunció que mujeres, familiares, de los desaparecidos “están enfrentando, cada vez más, hostigamiento y estigmatización; algunas de ellas incluso son amenazadas”, por lo que temen por su vida. “Las familiares tienen derecho a buscar a sus familiares. El estado tiene el deber de buscar a las personas desaparecidas y asegurar que se haga justicia”.

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