¿Una nueva Constitución en Ecuador? Juristas advierten riesgos e inconsistencias
Para constitucionalistas, reescribirla generaría inestabilidad. La actual es una de las más jóvenes de la región.
Desde que Ecuador fue proclamada república, hace 195 años, el país ha tenido 20 constituciones; pero ninguno ha durado más de 23 años. A penas tres -las redactadas en 1906, 1946 y 1978- han superado la barrera de los 20 años. La vigente goza de 17 años.
La única constitución que goza de más de 100 años, entre los países de la región, es la de Argentina (172). Le siguen las cartas magnas de Uruguay (58), Chile (45), Brasil (37), Colombia (34), Perú (32) y Venezuela (26). La única que registra menos años de creación que la del Ecuador es la de Bolivia (16).
¿Hay razones para volver a una constituyente?
Recientemente, en la arena digital se volvió a discutir la opción de volver a una asamblea constituyente, ya que supuestamente la Corte Constitucional (CC) iba a declarar inconstitucionales las cuatro leyes promulgadas por el Ejecutivo. Estas enfrentan acciones públicas de inconstitucionalidad. Sin embargo, para los juristas que conversaron con EXPRESO, eso no es un argumento suficiente para echar abajo la constitución redactada en 2008. ¿Por qué?
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Miguel Hernández
Porque eso “es absolutamente falaz”, opina Ximena Ron, abogada, experta en Derecho Constitucional y directora del Observatorio de la Constitución. Primero porque no se tiene la certeza de que la Corte va a ejecutar lo que se dice que supuestamente va a hacer, indica.
Tampoco es un argumento porque se la haya denominado correísta porque fue expedida en el gobierno de Rafael Correa, sostiene André Benavides, abogado constitucionalista y docente de la Universidad Internacional del Ecuador. “Por eso tampoco podemos echar tierra o lodo sobre esa Constitución”. Eso porque en el ámbito de garantías y derechos constitucionales, es una constitución que tiene algunas cosas de avanzada.
Sin embargo, el que también se diga que la constitución abarca derechos prodelincuenciales, es falso, afirma Benavides. “Todos los que se llenan la boca, que nos indiquen dónde dice eso”. A su criterio, todo se debe a una mala aplicación de la ley por parte de jueces y fiscales.
Sobre los supuestos bloqueos constitucionales para la inversión privada, Ron dice que eso no es real. Expone que la Constitución sí le da la posibilidad de que se genere inversión privada y de que particulares administre los sectores estratégicos. “No tienen mayor fundamento para modificar la Constitución”.
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Ximena Ron
¿Por qué no conviene volver a una constituyente?
Por otro lado, Miguel Hernández, constitucionalista y docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, expone que embarcarse en un proceso constituyente va a generar “una especie de congelamiento”. Considera que eso suspendería los proyectos de inversión, concesiones, alianzas públicas-privadas, “porque no se sabe, al final, cómo va a salir la nueva constitución”.
Además, de que el país no está en las posibilidades económicas de costear una nueva constitución que involucraría tres procesos electorales, de más de $ 50 millones cada uno, menciona Ron. A ese se le sumaría el pago del salario a los constituyentes ya sus asesores por la redacción de la carta magna. También el tiempo que esto durará.
Otro factor: el tiempo
A pesar de que en la palestra pública se ha analizado la posibilidad de una constituyente exprés, para Ron “eso es vender humo”. Agrega que quien ha redactado, aunque sea un artículo, sabe que es muy complejo el tema normativo. “Redactar una constitución requiere no menos de seis meses, por responsabilidad. Nos estamos jugando las nuevas reglas del juego”.
Lo saludable es que las constituciones perduren en el tiempo, declara Benavides, como también ocurre en México (108 años) y en Estados Unidos (238 años). El abogado asegura que cambiar una constitución cada 10 o 15 años, lo único que genera es inseguridad jurídica.
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André Benavides
¿Qué modificaciones requeriría la Constitución?
No obstante, se pueda hacer algunas modificaciones a la carta magna, enuncia Hernández. Solo se requeriría de una reforma parcial a la Constitución.
Entre ellas, mencionan los juristas: la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, modificar la conformación del Consejo de la Judicatura y, a su vez, precisar su rol; blindar a la Corte Nacional de Justicia. Así también establecer que la función judicial tenga mecanismos propios, como tasas judiciales, para que tenga sus propios recursos.
Para Hernández es menester que la ciudadanía reflexione sobre el número de constituciones que hemos tenido, porque es un “problema histórico”. Pero si la CC encuentra problemas graves en las leyes enviadas por el Ejecutivo, es mejor que plantee uno nuevo, sin esos problemas.
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