¿Solución o peligro? El debate por privatizar los servicios estratégicos

Problemas y más problemas. Así es como ven varios ciudadanos a las empresas públicas de los sectores estratégicos. ¿Sin embargo, la solución es la privatización de estas entidades?

Arturo Carvajal, un ingeniero jubilado, es uno de los ciudadanos que propone esta iniciativa, debido a la ineficiencia que ha demostrado el Estado al administrar estas áreas. En su opinión, si la empresa privada las maneja, la producción sería más alta de lo que hoy generan.

¿Qué opinan los expertos?

Sin embargo, para los expertos en esta materia, consultados por EXPRESO, esa no es la solución. Carla Naranjo, abogada y docente de la Universidad Internacional del Ecuador, expresa que la Constitución del país determina que los sectores estratégicos deben ser manejados directamente por el Estado. Aunque, añade, permite las delegaciones de ciertos servicios.

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A pesar de aquello, eso no ha significado que todo ha mejorado, declara la abogada, quien recuerda los casos de descontento con las telecomunicaciones. Actualmente, algunas firmas privadas y una estatal brindan este servicio. No obstante, con las empresas telefónicas privadas, los usuarios siempre han manifestado malestares, exponente Naranjo, como sucedió el año pasado durante la crisis energética, el servicio se caía y no pudimos gestionarlo. Además, las compensaciones que dieron no fueron satisfactorias.

No solo eso, indica el ingeniero electrónico Erick Benites, sino que, al privatizar el sector, las tarifas de los servicios aumentarían, ya que los precios serían establecidos por la empresa privada “a su antojo”. Lo cual, en su opinión, sería perjudicial para el pueblo.

Naranjo comenta que, en Cumbayá, ubicado al norte de Quito, se paga por el servicio de agua $ 20, al mes. Aunque, en sectores similares a este, pero en Colombia, la catedrática asegura que la gente paga entre $60 y $80, porque el servicio está privatizado; lo que encarece el costo de vida. “La Constitución establece que el Estado también debe garantizar el acceso a estos servicios públicos a todos”.

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¿A qué se deberían la ineficiencia en estos sectores?

Para Guillermo Campaña, exgerente de Transporte de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador (EP Petroecuador), el querer que este sector se privatice son aspiraciones que los empresarios han manifestado hace muchos años, pero “a mi conciencia estas empresas, como son estratégicas, deben de estar siempre manejadas por el sector oficial”. Pero su mal funcionamiento se debe, subraya, lamentablemente a la mala administración. “Actualmente, no están dirigidas por gente que sea del sector ni lo conocen. Tampoco tienen liderazgo. Por eso, los resultados”.

Es por eso por lo que teme que, en un corto plazo, estas empresas sean liquidadas. Si eso ocurre, Campaña prevé que Ecuador tendrá que importar combustibles y derivados; lo que, a su criterio, no sería lo mejor, teniendo en cuenta que antes, “el país podía cubrir entre el 70% y 80 % de las necesidades de la producción de gasolina y nafta a escala nacional”.

¿Qué se debiera hacer para mejorar estos sectores?

Para los expertos, el Estado, para volver a optimizar las diversas empresas de los sectores estratégicos, debe priorizar el mantenimiento preventivo en todas las infraestructuras. Pero primero, indica Campaña, se debe designar gerentes que sean expertos en las áreas en la que vayan a trabajar; ejemplifica que, el que administre Petroecuador debe tener conocimiento de petróleo. Es decir, “quién esté al frente de la gerencia de poliductos y terminales, que se denomina gerencia de transporte, tiene que conocer todos los poliductos y terminales del país, porque ahí justamente es dónde se produce la pérdida”.

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A eso, Benites le suma las evaluaciones. Comenta que a él le parece bien que evalúen a los trabajadores, pero “¿qué pasa desde los mandos medios y superiores, es decir, a los de los niveles jerárquicos? Porque, en el sector energético, han demostrado tomar muy malas decisiones, como lo que ha pasado con los contratos de Progen. Eso fue una decisión de las cabezas”.

Es por eso por lo que Campaña cree que la Contraloría General del Estado como la Procuraduría General del Estado deberían retomar los roles que tenían en 2010: antes de que se genere un contrato, ellos debían revisarlo previamente. Lo que se necesita, afirma, es la prevención porque ahora “la Controlaría se ha vuelto un ente castigador y controla, pero cuando ya se ha cometido el ilícito. Todos los exámenes que se hacen son a procesos que ya se realizaron”.

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