Los dueños de la salud: el ominoso silencio de 36 angelitos, por Roberto Aguilar

El martes de esta semana, 12 de agosto, en medio de la marcha de asedio a la Corte Constitucional convocada por el presidente de la República, organizada por el gobierno nacional y financiada por el Espíritu Santo, la cereza sobre el pastel la puso el presidente del directorio del IESS, Édgar José Lama von Buchwald.

Si las gigantografías acusaban a los jueces de ese alto tribunal de “robarnos la paz” y los manifestantes les endilgaban literalmente la responsabilidad de cada asesinato ocurrido en este país desde el lunes 4 de agosto, día en que dejaron en suspenso algunos artículos de las leyes llamadas de Inteligencia, Integridad y Solidaridad, Lama fue un paso más allá en su retorcimiento: les atribuyó la crisis de la salud y la corrupción en el organismo que preside.

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Así decía, en la parte pertinente, el tuit con el que Lama von Buchwald se sumó a la campaña de desprestigio a la Corte Constitucional en la que participaron, al parecer de manera obligatoria, todos los ministros y sus trolls: “Sin Ley de Solidaridad, se debilita la salud. Sin ley Integridad, la corrupción amenaza los fondos del IESS”.

¿Qué tienen que ver los artículos suspendidos de esas leyes con la grave crisis de la salud y la poco menos que delirante corrupción en el IESS? La conexión no es fácil de entender por una simple razón: no existe. Pero la consigna era convertir a la Corte Constitucional en el chivo expiatorio de la nación. Y el chivo expiatorio, como explicó René Girard, que es quien mejor ha estudiado este fenómeno, no sirve solamente para endilgar a un animal ritual (cabra o toro), a una persona o a un grupo de personas (nueve jueces, por ejemplo) la culpa de todos los males sino, sobre todo, para tranquilizar la conciencia del resto y lavar las culpas propias.

Así que, una vez tuiteado semejante despropósito y luego de participar en el ritual de asedio respectivo y gritar consignas contra la Corte hasta llegar a la catarsis, el presidente del directorio del IESS, Édgar José Lama von Buchwald, se sintió probablemente libre de toda responsabilidad frente a los horrores que ocurren en el organismo a su cargo y que han sido contados a lo largo de esta semana, con lujo de detalles y profusión de documentos, por este Diario: el destino de miles de millones de dólares que han financiado el crecimiento de clínicas privadas; la argolla de beneficiarios (entre los que se encuentra su propio padre y otros miembros de su familia); el deficiente sistema de citas, tras del cual bien podría ocultarse un fraude de proporciones colosales; su propia incapacidad de certificar si las atenciones derivadas de esas citas fueron oportunas o extravagantes, exitosas o inútiles, ¡existentes o inventadas! Libre de toda responsabilidad, parece que Lama von Buchwald decidió que no existe razón alguna para responder a las insistentes solicitudes de entrevistas que EXPRESO le viene planteando desde hace semanas. Y eso exactamente es lo que ha hecho: cerrar la boca.

Lo que sucede cuando se vive en una democracia a medias

Esa es la primera cosa inaudita, inconcebible e injustificable que se puede decir sobre “Los dueños de la salud”, la investigación en cinco entregas dirigida por Jonathan Palma con la colaboración de Flor Layedra, sobre el negocio de las derivaciones médicas del IESS: el hecho de que el presidente del Consejo Directivo de ese organismo no se sienta obligado a dar explicaciones.

En una democracia normal, no habría tardado 24 horas después de la publicación de la primera entrega para convocar una rueda de prensa y ensayar una declaración. Aunque sea para mostrarse impactado por las revelaciones, fingir indignación y prometer una investigación.

Podía decir, por ejemplo: “Yo llegué hace tres meses”, o incluso utilizar la concebida fórmula “caiga quien caiga”. En fin: algo.

Pero no. El problema con Édgar José Lama es que tiene, por lo que se verá más adelante, un rabo de paja de aquí a Roma. Por lo demás, él no es, desde luego, el único responsable en este turbio asunto. Es verdad que incluso es un recién llegado. Aquí están comprometidos todos sus antecesores en el cargo desde al año 2013 (administración del indescriptible Fernando ‘Corcho’ Cordero), quien estuvo en el inicio del periodo de análisis del negocio de las derivaciones que realizó este Diario, hasta el reciente Eduardo Peña, en tiempos en que el escándalo resulta ya inocultable.

En total, doce personas entre las que figura alguno de los sospechosos habituales (Richard Espinosa) y otros angelitos. La mayoría de ellos también se negó a responder las preguntas de EXPRESO: el ‘Corcho’ pretextó no estar actualizado sobre el tema, como si se le estuviera preguntado por algo distinto a su propia administración; Víctor Hugo Villacrés dijo que “al momento no estoy concediendo entrevistas” (una respuesta que sólo puede sonar bien en boca de Shakira); Paúl Granda le echó la pelotita al director médico… Por cierto, 20 de 23 directores generales de este período no contestaron las preguntas de este Diario. Diego Salgado, quien estuvo en la época de Guillermo Lasso, dijo que toda la culpa de lo ocurrido es de quienes lo permitieron: Don Perogrullo en escena.

12 presidentes de directorio (13 con Lama), 23 directores generales y aquí nadie ha visto nada, nadie sabe nada, nadie dice nada. Y no era, por cierto, algo difícil de ver, todo lo contrario. El dato que se encuentra en el origen de la investigación de Diario EXPRESO es descomunal: 8.000 millones de dólares. Es la cantidad de dinero que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha destinado, en los últimos 13 años, al pago de prestaciones externas de salud a clínicas privadas.

La cifra es el testimonio del extremo al que puede llegar la irracionalidad en el manejo de la cosa pública cuando su motor no es el bien común sino la codicia. Porque vamos a ver: ¿Por qué razón el IESS deriva pacientes para que reciban atención médica en clínicas privadas? Supuestamente, porque no tiene los recursos para atenderlas.

Sin embargo, esas derivaciones le cuestan (ojo con este número: lo publicó Jonathan Palma en la segunda entrega de su serie, el pasado miércoles) el equivalente a lo que costaría construir 40 hospitales como el Hospital del Norte Los Ceibos, en Guayaquil, que es uno de los mejor instalados del país y costó 200 millones. En lugar de construir 40 hospitales bien dotados, el IESS ha entregado ese dinero a privados para que sean ellos quienes multipliquen por 40 sus negocios. Recursos tiene, sólo que los transfiere.

Empresas privadas han vivido literalmente de los recursos de los afiliados

No hace falta repetir aquí todos los hallazgos y detalles, las inauditas cifras y los sorpresivos pormenores de la investigación que ya fueron publicados en las cinco entregas de este Diario. Pero es importante retener algunas ideas claras.

Por ejemplo, que de esos 8.000 mil millones de dólares, 3.700 (es decir, casi la mitad) han sido asignados a 27 empresas y organizaciones de salud, representadas legalmente por 15 personas. Otro: el ingreso por concepto de prestación de salud a los pacientes derivados del IESS representa, para algunas de esas empresas, entre el 40 y el 100 por ciento de sus ingresos totales. Es decir que viven, literalmente, de los afiliados. Tercero: con esos ingresos, varias de esas empresas han financiado un crecimiento inverosímil, un crecimiento que hubiera sido imposible de haber actuado en el marco normal de competencia y libre mercado: estamos ante uno de los ejemplos más groseros que cabe imaginar de aquello que los premios Nobel de economía Simon Johnson y Daron Acemoglu llaman “capitalismo de cuates”.

Es decir que quien tenía un consultorio en una casa de la Kennedy, en Guayaquil, ha pasado a tener 64 en varias sedes médicas; quien tenía una clínica ahora tiene cuatro…

Entre los beneficiados figuran la Clínica de Ojos de José Vicente Sacoto; los Servivios Dentales (Servident) de Juan Carlos Nicholls Patiño; las clínicas de Semedic… Y, entre ellos, las empresas Alboteoton e Industrial Inmobiliaria Teoton (actualmente Teoton Servicios de Salud S. A. S.), que han recibido 259 millones en total de la Seguridad Social y que antes integraban el famoso grupo hospitalario Kennedy, perteneciente a la familia de… ¡Édgar José Lama von Buchwald!, presidente del Consejo Directivo del IESS. He ahí el rabo de paja que mantiene al funcionario en el más ominoso de los silencios.

Los detalles más que evidentes para un aparataje estatal que mira a otro lado

Añádase a todo eso la operación de lo que parece ser un esquema fraudulento en el sistema de citas telefónicas. Porque resulta que son esas mismas clínicas privadas las que realizaban llamadas telefónicas para pedir miles (sí, miles) de citas (¿reales o ficticias?) para pacientes del IESS y ofrecer atenciones (¿reales o ficticias?) que luego facturan diligentemente.

Basta con decir que no es imposible encontrar pacientes que hayan sido operados dos veces; o que descubren en su expediente médico el tratamiento de rodilla que nunca recibieron, porque lo que tenían era un problema en el brazo; o que, después de una emergencia que solventaron con una de estas derivaciones, regresaron a su dentista de toda la vida y encontraron que las supuestas calzas que le cobraron al IESS eran falsas.

Detalles que nadie controla porque, a pesar de los millones gastados en auditorías, los expedientes remitidos por los prestadores de salud se han acumulado por miles sin que nadie los revise por falta de personal técnico y un sistema informático al límite. Si la Corte Constitucional, enemigo del pueblo, causante de todos los males de la patria, incluso la corrupción en la Seguridad Social, tiene 4 mil casos represados (¡horror!), el IESS ha tenido bodegas en las que han reposado más de 3 millones de expedientes no auditados correspondientes al período 2012-2015.

Pero lo más escandaloso de todo es que el presidente del directorio, Édgar Lama, se comporte como si no tuviera nada que ver con esto. Ciertamente él heredó esta situación, no la inventó, pero no sólo que su familia se ha beneficiado de los pagos del IESS sino que él es el responsable actual de ponerle coto. Ya que todo parece indicar que no tiene la intención de hacerlo, debería renunciar. Porque no: la Corte Constitucional no tiene la culpa.