
¿Qué funciones desaparecen tras la fusión de ministerios en Ecuador?
Para Juristas, las fusiones de las carteras de Estado han sido improvisadas. Las reglas del juego no son claras, denuncian.
La fusión de entidades públicas sorprendió a muchos. Esta disposición del Gobierno central fue conocida a las 16:28 del jueves 24 de julio. No obstante, ¿desaparecen funciones del Estado con esta disposición del Ejecutivo?
Para los juristas consultados, no. Pablo Játiva, abogado y docente de la Universidad Internacional del Ecuador, en el Decreto Presidencial No. 60 no hay detalles sobre cuál es la planificación que se toma en cuenta para el ejercicio de las competencias.
En rueda de prensa, Carolina Jaramillo, vocera de Gobierno, dijo que cada ministerio fusionado deberá establecer el plan y el cronograma para la fusión, así como los parámetros de cómo van a operar estas nuevas instituciones, una vez que se fusionen.
Esta reorganización del Estado, conocida como el Plan de Eficiencia Administrativa, manifestó Jaramillo, buscaría modernizar al Estado ecuatoriano a través de un proceso de transición y transformación, afirmó la funcionaria pública.
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De esta forma, 20 ministerios pasaron a ser 14. Así también, nueve secretarías pasaron a ser tres. Lo que significaría una reducción del 41 % de las carteras del Estado que conforman el poder Ejecutivo, dijo Jaramillo.
¿Cómo funcionaría el Estado con esta nueva reorganización?
Sin embargo, Játiva sostiene que el Decreto Presidencial debió haber sido detallista con la información de sobre cómo van a cambiar las lógicas dentro del funcionamiento del Estado. Eso, porque lo que estaría mostrando es que esta decisión ha sido improvisada y para cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Sobre esto, manifiesta, “los ciudadanos tenemos que saber, incluso para poder evaluar la calidad de lo que está haciendo el presidente”.
Con él concuerda Francisco López, especialista en procesos constitucionales y catedrático de la Universidad de Las Américas. “Es un recorte sin ningún tipo de criterio técnico”. A juicio de López, la fusión del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica con el Ministerio de Energía y Minas es imposible.
Así también que el Ministerio de Turismo se haya fusionado con el Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. “No tiene sentido; son dos entidades que tienen objetivos distintos, funciones distintas y son incompatibles entre sí; al final del día, se acabó la eficiencia total”.
Sin embargo, Játiva subraya que el Decreto Ejecutivo no estaría hablando de la finalización de las competencias de ciertos ministerios. "Nos están dando a entender, porque no hay detalles, que habrá superministerios que tendrán un grado de control mayor y que asumirán las funciones".
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¿Hay irregularidades al momento de fusionar entidades?
No obstante, López señala que es inconstitucional que se una la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) con el Ministerio de Educación, por lo que cree que esta decisión puede conllevar a una demanda de inconstitucionalidad. “Son dos sistemas de educación distintos y le lo están uniendo”.
A criterio de López, esta acción es inconstitucional porque para “este recorte” ha hecho que se unan instituciones que no son compatibles, que ni siquiera tratan el mismo tema. En su opinión, lo correcto hubiese sido que una la Senescyt con el Consejo de Educación Superior (CES).
Por otro lado, para Játiva es preocupante la nula planificación de estas decisiones, porque no hay plazos establecidos para la transición. “Uno lee el decreto y ni siquiera dice en cuánto tiempo se van a fusionar los ministerios”. Jaramillo, en rueda de prensa, solo señaló que la acción sería inmediata sin dar mayores explicaciones.
Además, lo que estamos haciendo en este momento, declara López, es que Ecuador tendrá un Estado pequeño que no va a poder cumplir con sus funciones constitucionales y legales. “Vamos a tener un aparato estatal que no será fácilmente modificable, en los próximos años, para volver a tener funciones independientes”. Eso, porque cada año se aprueba en la Asamblea Nacional el presupuesto general del Estado y cuando se quiera contratar a más gente, no lo podrán hacer, ya que el dinero estará destinado a obras.
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