¿Fusión del Ambiente y Energía: Amenaza para la biodiversidad ecuatoriana?
La fusión ha generado preocupación por posibles conflictos en proyectos extractivos como Loma Larga
La reciente decisión del presidente Daniel Noboa de fusionar el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) con el Ministerio de Energía y Minas ha generado una fuerte controversia. La medida, oficializada mediante el Decreto Ejecutivo No. 94 el 14 de agosto de 2025, crea el nuevo Ministerio de Ambiente y Energía, aunque en la práctica, el Ministerio de Energía absorbe al de Ambiente, que pasa a ser un viceministerio-
¿Qué implica esta fusión?
Aunque el nuevo nombre pone “Ambiente” primero, en la estructura jerárquica el área ambiental queda subordinada. Todas las competencias y funciones del antiguo MAATE serán asumidas por el nuevo ministerio, liderado por la autoridad de Energía. Esto ha despertado preocupaciones por un posible conflicto de intereses, ya que la misma entidad que ahora promueve la minería y el petróleo también será responsable de otorgar licencias ambientales.
Reacciones y advertencias
Expertos y organizaciones ambientalistas han advertido que esta fusión representa un grave retroceso institucional. La gestión ambiental, ya debilitada desde la fusión con la Secretaría del Agua en 2020, podría deteriorarse aún más. La Wildlife Conservation Society (WCS) y colectivos como YASunidos han denunciado que esta medida pone en riesgo la biodiversidad, los territorios indígenas y los derechos de la naturaleza.
Además, se teme que la independencia técnica de la autoridad ambiental quede comprometida, y que se reduzca la capacidad de fiscalización sobre actividades extractivas en uno de los países más biodiversos del planeta.
El proyecto Loma Larga, un ejemplo de un posible conflicto de competencia
La fusión del Ministerio de Ambiente con el de Energía y Minas ha generado preocupación por posibles conflictos de interés, especialmente en proyectos como Loma Larga, ubicado en el páramo de Quimsacocha, en Cuenca.
El proyecto, impulsado por la empresa canadiense Dundee Precious Metals, recibió la licencia ambiental por parte del mismo ministerio que ahora promueve su explotación. La medida fue cuestionada por el Municipio de Cuenca y organizaciones locales, que advierten sobre riesgos para las fuentes de agua que abastecen a la ciudad. Ante la presión, el gobierno suspendió el inicio de operaciones hasta que se socialice el Plan de Manejo Ambiental.
La situación evidencia una tensión estructural: el ente que debe controlar el impacto ambiental es ahora el mismo que impulsa la minería a gran escala. Esta dualidad, producto de la reciente fusión ministerial, pone en duda la independencia técnica de las evaluaciones ambientales, según los colectivos ecologistas y abogados.
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