¿Gobernar a punta de atajos? Noboa y el peligro de legislar sin debate

En este nuevo periodo presidencial, Daniel Noboa Azín se ha caracterizado por el envío de varios proyectos de ley económicos urgentes a la Asamblea Nacional. Sin embargo, estas iniciativas legales han sido marcadas por numerosas demandas de inconstitucionalidad. Ante esto, ¿es congruente que el Ejecutivo siga haciendo uso de esta vía en lugar de la ordinaria?

Para los expertos en la materia, debería hacerlo. Sin embargo, ¿por qué no lo hace?

Muchos son los motivos. Entre ellos, ahorrarse tiempo, expone Francisco López, especialista en procesos constitucionales y catedrático de la Universidad de Las Américas. Esto, teniendo en cuenta la cultura empresarial de la que proviene Noboa, donde los tiempos corporativos difieren con los del sector público: son más cortos.

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Normalmente, explica el docente, un buen proyecto de ley se demoraría hasta un año en ser discutido por los legisladores, pero el presidente usa la figura de proyecto de ley económico urgente para que sea tramitado en máximo 30 días.

¿Qué significaría el uso de esta estrategia?

Lo que se significaría, explica Roger Celi, politólogo y coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que “ahora en la Asamblea Nacional se están imponiendo los votos por sobre el debate parlamentario”.

Por otra parte, López subraya que estas leyes no tienen técnica jurídica ni tratan bien los temas. Entonces, “aunque pueden pasar de la Asamblea, no van a pasar el filtro de la Corte Constitucional; bueno, eso espero yo”, mencionó el experto.

No obstante, aunque el movimiento oficialista, Acción Democrática Nacional (ADN) cuenta con una mayoría parlamentaria, a juicio de Celi, el presidente no apuesta a que sus iniciativas vayan por la forma ordinaria porque tiene una mayoría frágil. Además, agrega que ADN no tiene votos propios para sostener una mayoría por cuatro años, sino que tendría que negociar. Es decir, Noboa “está obligado a aprovechar el actual escenario positivo, entre comillas, a la hora de votar por las leyes del Gobierno”.

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¿Las leyes plantearían soluciones a los problemas del país?

Aunque la Constitución del país le da esta facultad al primer mandatario, declara Javier Rojas, abogado, director de Plataforma de DDHH y expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, eso va a tener un costo político a corto plazo. A su criterio, las leyes enviadas por el Ejecutivo no plantean soluciones a las cuestiones de fondo ni aumentan el presupuesto en salud así como tampoco en educación.

Pero si hubiese existido un debate, las normativas hubieran sido enriquecidas con aportes ciudadanos. “Es mejor que siempre haya debate y la aprobación mediante un sistema de participación amplio, al de una imposición normativa que no soluciona los problemas reales que tiene el Ecuador”. Lo contrario, declara, merma la participación ciudadana y la contribución que puedan hacer quienes conocen la realidad de las instituciones públicas del país.

Por otro lado, menciona López, los proyectos de ley denotan que quienes los hicieron no saben o les dieron muy poco tiempo para hacerlo. No solo eso, Rojas asegura que, si la Corte Constitucional los declara inconstitucionales, sobre todo por la forma, ya que las normativas violan el artículo 136 de la Carta Magna, lo relacionado al requisito de la unidad de materia, “vamos a regresar a cero, es decir, no vamos a tener ninguna ley y todo va a volver a como estaba desde el principio”. Mientras estén en vigencia, el Ejecutivo estará aprovechando sus beneficios, asegura Celi.

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¿Por qué no son beneficiosas para el país?

Pero el precio es alto, afirma López. El Estado estaría enviando “un pésimo mensaje, más que nada a la empresa privada, a la inversión extranjera”, sobre la seguridad jurídica del país. Manifiesta que, cuando una compañía extranjera viene, esta contrata los servicios de un estudio jurídico para que le hagan un informe sobre cómo es el clima jurídico. “Y, si se le informa sobre este tipo de cosas, la empresa va a decir: no quiero. No quiero porque aquí cambian las leyes a disposición y antojo”.

Y es que, a pesar de todo lo antes dicho, para Celi, lo ejecutado no es un error, no son errores inintencionados, son errores frontales de los diseños de las normativas. Para el politólogo, la ley de Inteligencia, de Solidaridad y de Integridad Pública “son instrumentos que les permitirá, ojalá, combatir al crimen organizado, pero la intención del Ejecutivo es tener un marco normativo fuerte que le permita tener muchísima concentración de poder”.

No obstante, queda una pregunta, dice Celi: ¿por qué los legisladores no han presentado proyectos de ley para que se unifiquen al debate con los urgentes? Así se contrapondrían de alguna manera a las ideas del Ejecutivo, asegura.

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