Votar sin obligación: ¿una democracia más madura o vulnerable?

En los últimos comicios generales, 13’736.314 personas fueron habilitadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para participar en la elección del binomio presidencial y de la Asamblea Nacional. De ese total, el 82,03 % sufragó en febrero de 2025. ¿Sería conveniente para el país y para el ejercicio de la participación ciudadana que el voto dejara de ser obligatorio y que el certificado de votación no se exigiera en trámites públicos y privados?

Esto último no está establecido en ninguna norma jurídica ecuatoriana, ratifica Francisco López, abogado, especialista en procesos constitucionales y catedrático de la Universidad de Las Américas. “Eso solo es una costumbre que nos han impuesto”, asegura. Por tanto, si una persona decide no presentar su papeleta de votación en una notaría, no estaría violando ninguna ley, ya que “no está establecido en ninguna parte”.

Por otro lado, que el sufragio fuera facultativo en Ecuador le parecería muy positivo, añade López, porque se trataría de un voto más responsable y, en esencia, un deber cívico y ciudadano. De esta manera, afirma, se tendría un electorado más informado, “en lugar de una población que, por obtener su papeleta, va y vota por lo que sea”.

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Para lograrlo, sería necesario reformar la Constitución, indica Leonel Fuentes, decano de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil. El artículo 62 de la Carta Magna establece que “el voto será obligatorio para las personas mayores de dieciocho años”. También señala que será facultativo para las personas entre 16 y 18 años, mayores de 65 años, ecuatorianos residentes en el exterior, miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como para las personas con discapacidad.

No obstante, una vez modificada la Constitución, el sistema electoral debería cambiar, observa Fuentes, ya que bajo ese nuevo esquema se elegiría incluso a los representantes de las juntas parroquiales. También se vería afectada una tradición ecuatoriana: la de aprovechar las elecciones para viajar a los lugares de origen y visitar a los familiares. Es por esta razón que muchas personas no actualizan su domicilio electoral, explica el decano.

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El voto facultativo también podría fomentar el clientelismo político, es decir, la compra de votos por parte de los candidatos, advierte la politóloga Tatiana Quinga. “Por eso no me atrevería a decir que es una solución a cómo funciona el sistema de partidos”, sostiene. Como ejemplo, menciona el caso de Chile: cuando el voto fue voluntario, la oferta política no mejoró, pese a que el objetivo era que los candidatos se acercaran más a las necesidades del electorado. Al final, eso no ocurrió.

De todos modos, las democracias no se han visto afectadas negativamente en los países donde el voto es facultativo, opina López. Además, con un electorado más reducido, habría menos espacio para el populismo. El reto para los partidos políticos, en lugar de “bailar en una tarima”, sería convencer a los ciudadanos de por qué deben votar y por qué deben registrarse para hacerlo, agrega.

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El voto no obligatorio sí generaría un aumento en el ausentismo, reconoce López; sin embargo, también se tendría un sufragio más informado y consciente. En la primera vuelta electoral de este año, el ausentismo fue del 17,97 %. En los comicios de 2023 alcanzó el 17,06 % y en 2021, el 19 %. El más alto, desde el retorno a la democracia, fue en 1998, con un 35,8 %. Para Quinga, mientras el ausentismo se mantenga entre el 15 y el 20 %, no representa una amenaza seria para la democracia.

Y aunque las elecciones presidenciales movilizan a más votantes que las seccionales, el voto facultativo podría afectar la representación de comunidades indígenas, rurales o empobrecidas, advierte Fuentes. Para los expertos, esta propuesta ciudadana refleja el creciente desencanto con la clase política. “La gente le ha cogido fastidio a los políticos, y eso hace que no quiera votar”, sentencia el decano.

Al final, concluye Quinga, el voto obligatorio da cierta flexibilidad a los partidos políticos. Y, a su vez, “tenemos las autoridades que tenemos”, observa López. Por lo tanto, si el voto llegara a ser facultativo, las organizaciones políticas tendrían que esforzarse mucho más para ganar cada voto, finaliza la politóloga.

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