Ecuador endurece penas, pero ¿la fórmula ha funcionado?

En los últimos años, en Ecuador, las penas se han endurecido significativamente. Sin embargo, ¿qué no se está cubriendo? ¿Qué se está omitiendo? ¿Ha tenido impacto?

Para los juristas consultados, no. El abogado y docente de la Universidad Internacional del Ecuador, Martín Domínguez, es enfático al señalar que endurecer las condenas del sistema penal no reduce necesariamente la tasa o el índice de criminalidad. Comenta que “si así fuese, con la pena de muerte en algunos estados de Estados Unidos, varios delitos ya no se verían reflejados en las tasas de criminalidad de ese país, pero los siguen cometiendo”.

Es por ello que José Correa, abogado y decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala, sostiene que, aunque en Ecuador las penas se han endurecido de forma paulatina en los últimos años, esto no ha resuelto el problema del alto índice de hechos delictivos. En su opinión, los problemas penales deben abordarse de manera integral, desde la prevención.

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Ante esto, el constitucionalista Carlos Fierro señala que la nueva iniciativa del Ejecutivo para una reforma parcial a la Constitución -que busca incorporar la castración química para quienes tengan sentencia condenatoria ejecutoriada por delito sexual de violación- no significará necesariamente una reducción en los índices de este tipo de delito. Menciona que Perú ya contempla esta pena.

Entonces, ¿por qué se sigue apostando por estas medidas?

A criterio de Correa, este tipo de propuestas “se apegan mucho a lo que se conoce como populismo penal”, ya que no representan soluciones reales a los problemas del país. “Traer este tipo de temas al debate, en un momento de mucha indignación social, sin duda genera votos, pero en el fondo no provoca otra cosa: mantenernos en el mismo ciclo que ya hemos vivido”.

Y es que, en Ecuador, desde 2023, las penas se han endurecido, como en el caso del delito de extorsión o “vacunas”, cuya sanción pasó de siete a diez años. En 2024, también se incrementaron las penas para 12 delitos, entre ellos secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos, minería ilegal, delincuencia organizada, asesinato, sicariato y terrorismo, entre otros.

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¿Qué dicen las estadísticas?

De acuerdo con datos del portal digital de la Fiscalía General del Estado, en 2024 se registraron 357.384 denuncias; y hasta el 30 de junio de 2025, se han contabilizado 168.255.

Por otro lado, aunque en febrero hubo un descenso en las denuncias, a partir de marzo comenzaron a incrementarse. Hasta el 30 de junio, los delitos más denunciados son: robo, estafa, violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar, intimidación, extorsión, lesiones causadas por accidentes de tránsito, hurto, daños materiales, asesinato y tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, entre otros.

¿Es suficiente?

Para Fierro, no basta con endurecer las penas: se debe mejorar la capacidad operativa de las unidades judiciales. “Aunque ha reducido un poco algunos delitos, faltan más jueces y juzgados especializados”. La carencia de estos -asegura- ha generado una gran traba que impide que todos los casos lleguen a una sentencia ejecutoriada.

Frente a las capturas que realiza cada semana la fuerza pública, Fierro se pregunta: “¿A dónde van todos? ¿Terminan o no un proceso legal?”

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¿Qué más falta que el Estado ejecute?

Por otro lado, Domínguez enfatiza que el Estado debe centrarse en atacar las causas estructurales que provocan estos delitos, como la desnutrición infantil, ya que el 90 % de los privados de libertad tienen antecedentes de desnutrición. A ello se suma la necesidad de combatir la falta de educación y la deserción escolar.

Correa coincide. Señala que el Estado no puede seguir diciéndole verdades a medias a la ciudadanía, ya que la castración química es un procedimiento médico que debe ser administrado periódicamente. Y, en un país donde no se garantiza el acceso a medicamentos en hospitales y centros de salud, se pretende sostener este tipo de tratamientos a largo plazo. Por su parte, Martínez señala que la castración química castiga al autor del delito, pero no lo previene.

Para estos casos, específicamente, Correa propone que el Estado genere oportunidades de empleo para que las familias puedan vivir en entornos distintos y no todos juntos en una misma vivienda. Afirma que en la mayoría de violaciones, las víctimas y agresores comparten el mismo hogar, lo que impide romper el ciclo. Además, Domínguez sugiere que se eduque a los menores en derecho básico, cívica y educación moral.

No obstante, Correa advierte que este tipo de condenas funcionan como distractores para no hablar de los verdaderos problemas que afectan a la ciudadanía, como la falta de medidas ante una eventual crisis energética, la crisis de seguridad o la emergencia petrolera.

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