Cristian Zamora responde a protestas en Cuenca: ordena retiro inmediato de carteles
Usuarios en redes sociales reportaron la aparición de carteles de protesta en puentes y pasos peatonales
La mañana de este jueves 7 de agosto, Cuenca amaneció con varios carteles de protesta, pero lo que realmente ha causado impacto son figuras de cartón de Daniel Noboa colgadas con sogas en diversos puentes. Ante esta situación, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, se pronunció en su cuenta de X, condenando enérgicamente estas acciones. En su mensaje, aseguró que se ha ordenado a Control Urbano retirar de inmediato este tipo de protestas violentas del espacio público y al Consejo de Seguridad Ciudadana de Cuenca revisar las cámaras de seguridad para identificar a los responsables.
Esto es inaceptable.
— Cristian Zamora M (@czamoramatute) August 7, 2025
En nuestra ciudad no se cuelga a nadie.
En esta ciudad se respeta, se dialoga y se cuida la vida de todos.
He dispuesto a Control Urbano retirar inmediatamente del espacio público este tipo de protestas violentas y al @CSC_CUENCA revisar las cámaras para… https://t.co/jAZM62PsLf
En los carteles se leen frases que critican y protestan sobre los recientes despidos que se han dado en el sector público, la minería y las afectaciones al agua que estas puedan tener, y sobre el gasto de la posible consulta popular. Hasta el momento aún se desconoce la identidad del o de los autores de estos carteles. Sin embargo, han causado un gran impacto en redes sociales.
¿Qué pasa con la minería y el agua en Cuenca?
El pasado 31 de julio el Cabildo Popular por el Agua de Cuenca publicó un comunicado en redes sociales rechazando las declaraciones de la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, quien había acusado a la empresa municipal ETAPA EP de “mentir” sobre los impactos ambientales del proyecto minero Loma Larga. Manzano cuestionó la validez del informe técnico elaborado por ETAPA, que advierte sobre daños irreversibles a las fuentes de agua que abastecen a Cuenca si se ejecuta el proyecto en la zona de Quimsacocha.
El comunicado del Cabildo comienza con la frase “¿Quién miente?”, y acusa a la ministra de actuar con “escandalosa ignorancia” y “actitud autoritaria y despreciable”. La organización comunitaria sostiene que el informe de ETAPA es técnico, científico y legítimo, y que la verdadera desinformación proviene del Ejecutivo.
Además, denuncia que el gobierno de Daniel Noboa tiene “intereses millonarios” en la explotación del proyecto Loma Larga, y que está deslegitimando a las instituciones locales para favorecer a la empresa canadiense Dundee Precious Metals, concesionaria del proyecto.
Así mismo, hoy 7 de agosto, el Cabildo Popular por el Agua de Cuenca publicó otro comunicado titulado "Inés, Inés, no mientas otra vez" donde afirman que la suspensión del proyecto Loma Larga solo es una cortina de humo y que la empresa canadiense Dundee Precious Metals continúa adelantando los estudios para comenzar con el proyecto.
La preocupación por Quimsacocha gira entorno a los siguientes factores:
- Zonas de recarga hídrica que abastecen a más de 600 mil habitantes de Cuenca.
- Ecosistemas de páramo con alta biodiversidad.
- Mandatos ciudadanos: en 2021, Cuenca votó en consulta popular para prohibir minería metálica en zonas de fuentes de agua.
El informe de ETAPA EP advierte que la explotación minera en Loma Larga podría alterar la calidad y cantidad de agua, afectar la infraestructura de tratamiento y poner en riesgo la sostenibilidad hídrica de la ciudad.
Despidos masivos y críticas de la ciudadanía
El 24 de julio de 2025, el presidente Daniel Noboa anunció la desvinculación de 5.000 funcionarios públicos como parte de un plan de reorganización estatal y eficiencia administrativa. La medida, formalizada mediante el Decreto Ejecutivo N.º 60, afecta principalmente a la Función Ejecutiva y al IESS, excluyendo a docentes, médicos, policías y militares.
En Petroecuador, al menos 250 técnicos especializados fueron despedidos, incluyendo personal con más de 15 años de experiencia. El gobierno sostiene que busca reducir el número de ministerios y secretarías, optimizar el gasto público y abrir espacio para nuevas contrataciones de jóvenes profesionales.
Sin embargo, los despidos han generado fuertes críticas por su aparente falta de criterios técnicos y por la forma en que se notificaron, en algunos casos por correo electrónico durante la madrugada. Funcionarios afectados han presentado acciones de protección ante la justicia constitucional, y gremios como el Frente Unitario de Trabajadores y la Federación Médica Ecuatoriana denuncian que se vulnera la estabilidad laboral.
Aunque el gobierno niega presiones del Fondo Monetario Internacional, la medida coincide con el desembolso de $600 millones por parte del organismo. Diversas organizaciones sociales y sindicales han convocado movilizaciones para agosto, mientras abogados advierten que algunos casos podrían escalar a instancias internacionales como la CIDH.
