Sector público en Ecuador: ¿qué entidades perdieron más funcionarios?
Gremios denuncian despidos sin sustento técnico ni legal. El Gobierno sostiene que la supresión de puestos cumple la norma
El plan de reducción del tamaño del Estado impulsado por el Gobierno de Daniel Noboa ha generado una fuerte controversia en Ecuador. Con la supresión de 5 000 puestos en el sector público y la fusión de ministerios que transformaron la estructura del Ejecutivo, el debate se centra en la justificación de los despidos, la transparencia del proceso y el impacto en la vida de miles de familias.
(Lea también | ¿Qué hoteles podrían abrir casinos en Ecuador si gana el Sí en Consulta Popular?)
El anuncio oficial, dado el 24 de julio de 2025, señaló que la medida buscaba optimizar recursos y garantizar la eficiencia administrativa. Sin embargo, las razones han variado en el discurso: desde “achicamiento del Estado” y falta de presupuesto, hasta la necesidad de erradicar la corrupción y dar paso a jóvenes profesionales.
Para Remigio Hurtado, presidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador (Conasep), esas justificaciones son contradictorias. “Primero se decía que era por optimización, luego que era por falta de presupuesto, después que se trataba de funcionarios corruptos. Si se elimina una partida, ya no hay cómo reponerla, y lo que se ha hecho carece de un estudio técnico, económico y legal”, sostuvo a EXPRESO.
Ministerios con más despidos
Aunque el Gobierno no ha entregado cifras oficiales desagregadas por cartera, datos preliminares señalan que las entidades más afectadas serían aquellas con mayor número de servidores antes del proceso, refirió el presidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador.
Entre las entidades que tenían una nómina extensa están: la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del Ecuador (Senescyt), que contaba hasta junio de 2025 con casi 4.000 funcionarios; el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), con cerca de 3.900; y el Ministerio del Ambiente, con más de 2.000 empleados, Petroecuador con más de 9.000 y otras.
Estas instituciones, fusionadas o adscritas a otras carteras, habrían aportado una parte significativa del total de los despidos, estimó Hurtado.
Impacto de los despidos: cifras y realidades
De los 5.000 servidores desvinculados, la mayoría pertenecía a la Función Ejecutiva, con nombramiento permanente o provisional. Según Hurtado, cerca de 4.600 ya fueron notificados, mientras unos 400 más estarían próximos a salir tras resolver deudas con instituciones estatales.
“No hubo un informe técnico ni legal que justifique estos despidos. Se aplicaron parámetros internos, como haber ingresado antes del actual gobierno o supuestamente obstaculizar la gestión de autoridades”, advirtió.
En paralelo, la ministra Ivonne Núñez, en una entrevista en Teleamazonas, defendió la legalidad del proceso: “La supresión de cargos está contemplada en el artículo 47 de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP). Mientras esté debidamente justificada, la Corte Constitucional ha señalado que es constitucional. En el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, se suprimieron cargos con duplicidad de funciones y se iniciaron sumarios a funcionarios que no cumplían con sus labores”.
Debate entre eficiencia y derechos laborales
El trasfondo del proceso también incluye el cumplimiento de compromisos internacionales. Según Hurtado, el apuro responde a exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), que plantea continuar reduciendo la masa salarial pública hasta 2028.
“Estamos frente a una regresión de derechos. Llevamos 13 años sin incremento de remuneraciones y, con una población que creció un 44 % desde el 2000, la demanda de salud y educación públicas es mayor, pero el Estado responde con recortes”, señaló.
Núñez, por su parte, aseguró que se busca reducir gastos innecesarios y cuestionó, por ejemplo, la remuneración variable de Petroecuador, que solo en 2024 representó $ 24 millones. “Se deben cortar privilegios injustificados, no necesariamente afectar a quienes trabajan bien”, recalcó.
Respuesta social y posibles movilizaciones
Ante este panorama, la Conasep, junto con otras organizaciones de servidores públicos, ha presentado demandas de inconstitucionalidad y medidas cautelares, además de convocar a movilizaciones. Hurtado adelantó que acudirán a la Corte Constitucional: “Pedimos que se suspendan artículos que vulneran derechos. La ley no puede aplicarse con retroactividad”.
La tensión social se suma al clima político que enfrenta el Gobierno de Noboa, que insiste en que el proceso responde a la necesidad de modernizar el Estado y abrir espacio a nuevas generaciones.
