¿Por qué el Gobierno ya no habla del Plan Fénix? Expertos responden
Fuerza pública en crisis. Una política pública sin retroalimentación. Una promesa sin logros significativos
En estas dos últimas semanas, los representantes principales de los ministerios de Defensa y del Interior, como los de la Policía Nacional y de Fuerzas Armadas (FF. AA.) comparecieron ante la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. Sin embargo, ninguno se refirió a una de las joyas del Gobierno: el Plan Fénix. Ni nadie del régimen lo ha mencionado en los últimos meses ni su mentor. ¿Por qué?
Por sus logros, concuerdan expertos en Seguridad consultados por EXPRESO. Una de las faltas que sus ejecutores han tenido es no hacer una evaluación continua de sus resultados, expresa Kléber Carrión, fundador de la Unidad Anti Secuestros y Extorsión de la Policía.
No obstante, cómo evaluarla si hay dudas e incertidumbres sobre su real existencia, dice Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia Militar. Con él coincide Carla Álvarez, docente e investigadora de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales. “Es muy difícil evaluar algo que no se conoce ni se ha visto. No he visto sus objetivos ni metas”.
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¿Hay resultados positivos de este plan?
Las estadísticas de muertes violentas evidencian que “no tenemos comportamientos decrecientes de los delitos”, expone la docente. En 2023, del total de homicidios, el 86,31 % fueron con armas de fuego; en cambio, en 2024, se redujo en un 1,21 %. “Es una es un logro, sí. ¿Suficiente? No”. Pero los asesinatos con armas blancas, en 2024, se incrementaron en un 0,72 % en relación con 2023. Datos del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos, cuya fuente es el Ministerio del Interior, indica el portal.
Para Carrión, a pesar de la naturaleza que haya tenido el Plan Fénix (reserva, secreto o secretísimo), los objetivos sí debieron haberse transparentado. Aun así, tuvo que haber cumplido los objetivos que la ciudadanía clamaba: bajar los indicadores de criminalidad. Lo que no lo logró. Pazmiño explica que se debió a que el Gobierno ha ejercido algunas acciones y estrategias para apuntar a una materialización del plan como tal.
Eso se evidencia en el número de operativos que han ejecutado las FF. AA. y la Policía. El primero: 516.344 (en 18 meses), en comparación con el segundo: 993.943 (en ocho meses). También en los tiempos. La Policía, según datos del Ministerio del Interior, solo ha hecho operativos en los dos primeros quimestres de 2024 y de 2025, sin contar enero. En el segundo quimestre del año pasado, no.
¿Qué opinan de las acciones ejecutadas por el régimen?
Esa táctica es lo que se debe cambiar, subraya Pazmiño. “La estrategia está mal empleada; si hacemos patrullajes e incursiones esporádicas con eso no controlamos”. Tienen que optar por una presencia disuasiva, una permanente en los territorios, no abandonarlos; solo así se generaría una presión sobre las organizaciones delictivas.
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La explicación de estas acciones, para Álvarez, es simple: todas ellas han estado articuladas en función de un discurso, no técnicamente a una política pública. Asimismo, las operaciones están siendo muy previsibles, evalúa Carrión; lo que ha generado un efecto balón, es decir, se ha irradiado las actividades delictivas y criminales a lugares donde antes no existían. “Esto es producto de la lógica”.
Otras acciones que han influido negativamente
En esto también inciden las modificaciones que, en el régimen de Rafael Correa, se hicieron a las normativas de la Policía, como las que dictaban la baja de los uniformados por indisciplina, refiere Rodrigo Peralta, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad Integral e Investigación. Es por eso por lo que “a varios de ellos, les da lo mismo llegar tarde, atrasado y/o borracho”.
“Los oficiales se cansan de sancionarlos”, porque impugnan la acción administrativa. Lo mismo ocurre si están involucrados en casos de drogas y/o secuestros. Indica que, en una acción administrativa, el sistema judicial tiene injerencia, pero este ha demostrado que varios jueces trabajan para las mafias. “Bajo esa estructura no se puede regular a la Policía”.
La fuerza del orden está privada de recursos
A esto también se suman la carencia en la que trabaja la fuerza pública: autos sin mantenimiento, muchos de ellos no sirven; uniformados que deben pedir a las autoridades seccionales que les dé para la gasolina, cambio de aceites, entre otras cosas. “Estamos mal, el Gobierno central es el responsable de atender las necesidades operativas y logísticas de la fuerza pública”, señala Pazmiño.
Ante esta escena, Peralta asegura que el Plan Fénix no va a resurgir de las cenizas. “Va a haber otro, porque no puede estar atado a fracasos operacionales”.
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