Críticas a la Ley de Inteligencia: "Es un estado de excepción permanente"

Aunque la atención se centró en la reforma parcial sobre las bases militares extranjeras, la Asamblea Nacional también llevó a cabo recientemente el segundo debate del proyecto de Ley de Inteligencia. Una iniciativa que, según el oficialismo, será clave en la lucha contra el crimen organizado, pero que, para voces externas, representa un riesgo para la privacidad de todos.

El segundo debate de la iniciativa se realizó el 3 de junio de 2025 y tuvo como protagonistas a los asambleístas de la bancada oficialista de ADN, quienes destacaron la necesidad del proyecto de ley para fortalecer el combate a los grupos criminales.

Sin embargo, varios artículos han encendido las alertas de analistas consultados por EXPRESO, debido a la posibilidad de que se autoricen escuchas, interceptación de mensajes y otros mecanismos sin orden judicial. A esto se suma la limitación en la fiscalización de los denominados gastos especiales.

Este Diario solicitó una postura a la Presidencia de la República a través de su nueva portavoz, Carolina Jaramillo, pero solicitó que se direccione la consulta a otra persona. Hasta el cierre de esta nota no hay una respuesta al pedido enviado por correo electrónico.

El oficialismo asegura que ley no servirá para la persecución

En declaraciones para EXPRESO, Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad, mesa legislativa donde se tramita el proyecto de ley, sostiene que la iniciativa no tiene ningún objetivo persecutorio ni pretende tener bajo vigilancia a los ecuatorianos. De hecho, comenta que no se establece ninguna habilitación para escuchas, interceptaciones de mensajes o acceso a información personal sin las garantías y controles judiciales vigentes.

"El texto de este proyecto de ley fue construido si, como una herramienta para fortalecer la seguridad en nuestro país, pero también se han considerado límites para evitar que se repitan casos que registramos en Gobiernos pasados para atacar a periodistas o perseguir a un adversario político", comentó y detalló que la ley sí lo contempla.

Por ejemplo, dijo que el artículo 53 establece prohibiciones para que el Sistema de Seguridad Nacional no pueda obtener información o almacenar datos de ciudadanos por creencias, religión, pensamiento, o de otro tipo. Asimismo, que los artículos 4 y 7 definen los principios bajo los que se va a regir este sistema y los límites del sistema. De igual forma, que el artículo 47 define que los informes generados por las actividades de inteligencia no podrán ser utilizados como prueba en procesos judiciales, administrativos o disciplinarios.

Un proyecto de ley que se presta para la impunidad

Desde la academia, Luis Córdova, investigador del Observatorio Ecuatoriano de Conflictos de la Universidad Central del Ecuador, sostiene que el planteamiento base no es el problema, pues reconoce que las fallas en la inteligencia y contrainteligencia requieren un cambio conceptual y un rediseño institucional, pero no el que traza el proyecto de ley.

"Este proyecto de ley, en vez de mejorar los controles democráticos institucionales, los disminuye  casi hasta la desaparición, lo cual nos hace prever que si se aprobara esta ley, pues tendríamos un escenario gravísimo para el país", comenta y sostiene que Ecuador ya lo ha experimentado en regímenes autoritarios anteriores donde se "terminan instrumentalizando los servicios de inteligencia a su favor o a favor de sus amigos o cuñados".

¿La información personal estará segura en manos del Estado?

El constitucionalista Rafael Oyarte, por su lado, acota que temas como la posibilidad de intervenir las comunicaciones de las personas sin oren judicial no solo es peligroso, sino un delito. "La intercepción de comunicaciones, el violentar claves y el sistema de seguridad para acceder a información sigue siendo un delito".

Para Oyarte, más allá de coincidir en que la situación de inseguridad motiva cambios normativos, el proyecto de Ley de Inteligencia saca al rector del Sistema Nacional de inteligencia de todas las reglas comunes y lo pone una especie de "estado de excepción permanente", ya que solo así se permiten estas excepcionalidades de romper la inviolabilidad de la correspondencia y comunicaciones.

Sin embargo, para Oyarte las alertas no terminan ahí. El constitucionalista también observa que el proyecto de ley permite solicitar colaboración a entes privados. "Es decir, lo que se sanciona es que sea un particular no autorizado al que acceda al que accede a esta información. Entonces se le entrega un poder muy grande al Servicio Nacional de inteligencia", comenta.

La Ley de Inteligencia necesita controles políticos y externos

Aunque la aprobación de la ley es inminente por la mayoría que goza el oficialismo en la Asamblea, el investigador Córdova sostiene que se deben crear mecanismos de control y supervisión externos a las instituciones de seguridad. Según acota, esto implica un mayor involucramiento de la Defensoría del Pueblo, por ejemplo.

Sin embargo, también acota que, desde un punto de vista estrictamente jurídico, el proyecto de ley debería respetar al figura que cumple Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura para que no se vigile a un ciudadano sin tener elementos que permitan concluir que es parte del crimen.

No hacerlo, comenta, sería meter al país en un "régimen autoritario que tiene un enorme ámbito de corrupción como el caso venezolano, salvadoreño y nicaragüense. Incluso el propio Estados Unidos, que ha tenido enormes problemas por este tema de vigilancia masiva".

La Corte Constitucional no es una garantía para frenar la Ley de Inteligencia

Ante el sombrío escenario que implica el proyecto de Ley de Inteligencia, el constitucionalista Oyarte comenta que aún está abierta la posibilidad de una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, pero que no es garantía de nada.

"Una cosa es presentar la demanda de inconstitucionalidad y otra cosa es que va a ocurrir con la demanda. Muy pocas se resuelven en seis meses o dentro del año, pero la regla general es que se resuelvan en cinco o seis años. Hasta que digan que es inconstitucional, ¿qué hacemos?", señala.

Incluso si los jueces de la Corte emitieran un auto de admisión con la disposición de suspender la norma, Oyarte sigue con dudas. "¿En qué clase de casos la Corte ha otorgado suspensiones cautelares? En los temas de aborto, LGBTI y en los de agenda. ¿Lo hará en esto? A nuestros jueces la valentía se les va cuando hay esta clase de cosas".

Para el periodista Christian Zurita y para Gustavo Vallejo, presidente nacional del Partido Socialista Ecuatoriano, este proyecto de ley no debe aprobarse. ¿Por qué? A criterio de Zurita, carece de un enfoque integral. En él se ha excluido la ciberseguridad, de la cual no establece nada en 220 páginas. Solo 30 de ellas abarcan el proyecto, el resto solo son aportes.

Por otro lado, para Zurita, a través de esta norma, lo que el Estado estaría buscando es la legalización de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain). Además, con el artículo 10 se santifica lo que tenemos hoy: el resultado de nunca haber pensado en realidad la necesidad de contar con una ley de inteligencia que regule cómo se generan los procesos de investigación. “En eso no se dice una sola palabra”.

Tampoco hay una mención a un plan de carrera profesional. En cuanto a eso, Alfredo Serrano, asambleísta por el Partido Social Cristiano (PSC), asegura que envió observaciones en torno a los requisitos para ser secretario de Inteligencia. Tan solo se pide que sea ecuatoriano, no tener impedimento para ocupar un cargo público y no tener juicios penales. Obviamente, eso no es suficiente.

Para Vallejo, en un país con una desinstitucionalización tan grande como el Ecuador, el permitir que haya instituciones que tengan acceso a los datos personales siempre será un riesgo. En los últimos años ha existido infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas, lo que significaría que no habría garantía de la protección de esa privacidad de los ciudadanos.

Por otro lado, agrega Zurita, se pretende generar una entidad rectora. “No puede ser un ministerio, tiene que ser una entidad que tenga capacidades de actuar independientemente y en la cual participen todas las organizaciones”. Esto, con el fin de que la discrecionalidad del presidente, tanto en nombramientos como en la remoción de estos, no provoque condiciones de autocensura, ni evoque un camino a la constitución de una policía política, tal como se vio en el correísmo.

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