Moradores del río Monjas exigen cumplimiento de sentencia para frenar erosión
Municipio de Quito en la mira por falta de acción frente a erosión en río Monjas
Más de 16.000 personas que habitan en los alrededores del río Monjas, al norte de Quito, viven bajo constante amenaza. El avance del proceso erosivo pone en riesgo sus viviendas y sus vidas. Ante la inacción de las autoridades, los moradores de al menos 15 sectores ubicados en esta cuenca han decidido unirse para exigir el cumplimiento de una sentencia emitida por la Corte Constitucional, que obliga al Municipio de Quito a ejecutar un plan integral de intervención en la zona.
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Estefanía Pabón, una de las voceras de los afectados, señala que el fallo judicial ordena medidas urgentes, de mediano y largo plazo para intervenir no solo el cauce principal del río Monjas, sino también sus afluentes, como la quebrada Carretas. “Estamos solicitando que se cumpla con la reparación integral, porque eso dice la sentencia, para que no sigamos viviendo esta tragedia”, indicó.
Acción de incumplimiento
Según Pabón, hay al menos 98 familias en situación de riesgo inmediato en el sector de Carretas y cada semana se reportan nuevos casos. Frente al aparente incumplimiento del dictamen, los moradores tienen previsto presentar una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional, en el marco del proceso denominado seguimiento de sentencias y dictámenes, estipulado en el artículo 100 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte.
La Corte podría, además, ordenar nuevas medidas si se constata que los incumplimientos han generado más daños. “El Municipio quiere desalojarnos sin darnos una solución estructural. A mí me quieren sacar con 5.000 dólares aduciendo que no tengo permiso de construcción. Pero aunque nos saquen, el problema seguirá porque la quebrada sigue comiéndose las casas”, advirtió Pabón.
En el sector de Carretas, el panorama es crítico. Hace cinco días, el estruendo de un deslizamiento despertó a los vecinos. Parte del patio de la casa de Francisco Quinteros colapsó. “Vivimos con miedo. Necesitamos acciones urgentes, no más promesas”, exigió.
En el barrio Central de Pomasqui, Mauricio Cáceres vive con su esposa y tres hijas. A inicios de abril, el colapso del interceptor de aguas servidas provocó un deslizamiento de tierra. Fueron evacuados, pero regresaron ante la falta de ayuda municipal. “Solo colocaron un muro de escolleras, pero cerca de ahí hay un desfogue de aguas servidas directo al río. No hay un tratamiento adecuado. Mi casa fue valorada en $3.500, una cantidad irrisoria frente al riesgo que enfrentamos”, dijo indignado.
La situación se repite en la quebrada El Oasis, en San Antonio de Pichincha, donde Maribel Guzmán ha sido testigo de cómo la erosión ha destruido propiedades desde 2016. En 2021, una vivienda colapsó. “Tenemos permisos de construcción, pero el Municipio solo nos dice que construyamos muros de contención, que cuestan más de $100.000. No hay soluciones reales, nos sentimos abandonados”, denunció.
Guzmán también cuestiona que, pese a la declaratoria de emergencia, se sigan otorgando permisos de construcción, lo que incrementa las descargas al río y acelera la erosión. “La contaminación es evidente, el mal olor es insoportable. Aquí hay más de 40 familias en riesgo y seguimos esperando el enrrocado prometido. Falta voluntad política”, aseguró.
La Corte Constitucional, mediante la sentencia No. 2167-21-EP/22, ordenó al Municipio implementar un plan complementario del río Monjas, con tres fases: en el corto plazo, ejecutar medidas urgentes en zonas de riesgo; a mediano plazo, obras para regular el cauce y descontaminar las aguas; y a largo plazo, una intervención integral en todas las cuencas hidrográficas afectadas.
Estefanía Pabón
A más de un año de esa sentencia, los moradores denuncian que poco o nada se ha hecho. Mientras tanto, la erosión avanza y la amenaza se hace cada vez más real. Los habitantes de la cuenca del río Monjas no solo luchan por sus casas, sino por su derecho a vivir con dignidad y en seguridad.
Frente a esta situación, EXPRESO solicitó una entrevista al Cabildo para conocer qué se ha hecho, qué falta y por qué no son visibles más acciones; y aseguraron que en los próximos días darán una entrevista a este Diario para profundizar en el tema.
