La Asamblea es el actor inesperado en la arremetida del Gobierno por la justicia

El Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) tiene en sus manos dos procesos clave para la justicia: la renovación del Consejo de la Judicatura y el concurso para designar al nuevo fiscal. Sin embargo, un actor externo ha cobrado relevancia en medio de ese escenario: la Asamblea Nacional.

(NO TE PIERDAS: El alma de la consulta está en la interpelación a la Corte Constitucional)

En el Legislativo están en marcha dos juicios políticos. El primero responde a una acusación por incumplimiento de funciones contra la vocal de la Judicatura, Solanda Goyes. El segundo, más reciente, involucra al vocal del CPCCS, Gonzalo Albán. Ambos procesos son impulsados por el oficialismo.

La Judicatura atraviesa una crisis institucional. Con solo tres vocales en funciones, la ausencia de uno de ellos bloquea cualquier posibilidad de tomar decisiones, incluso de instalar una sesión. Con esto en cuenta, el oficialista Fernando Jaramillo planteó el juicio contra Goyes, precisamente por abandonar una sesión en la que se iba a resolver la aprobación del reglamento para las judicaturas especializadas en materia constitucional.

El juicio a Solanda Goyes

En el ‘careo’ con Goyes, como parte del proceso de sustanciación del juicio político en la Comisión de Fiscalización, Jaramillo acusó a la vocal de emprender un boicot institucional.

En respuesta, durante la sesión del 22 de julio, Goyes señaló: “No puede permitirse que el juicio político se convierta en un mecanismo de presión o interferencia de decisiones que deben ser técnicas o que tienen el carácter jurisdiccional”.

Para Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, si la figura de Goyes resultaba incómoda para el Gobierno, este tenía la posibilidad de presentar en su momento la terna para su reemplazo.

“Goyes ocupa la vocalía que sale de la terna del Ejecutivo para la Judicatura. Al parecer, nuevamente, se usa el juicio político para presionar las decisiones de Solanda Goyes”, indicó Espinel. Él sostiene que el voto de la vocal es relevante precisamente por la configuración actualmente incompleta de la Judicatura.

Las dudas sobre el juicio al vocal del CPCCS

Por su parte, el juicio contra Albán presenta características aún más cuestionadas. El oficialista Keevin Gallardo presentó la solicitud de enjuiciamiento también por incumplimiento de funciones. Pero, la acusación está relacionada más con una decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tomada en 2023 que con una acción directa del vocal del CPCCS, según el análisis de Espinel.

El pedido se basa en una supuesta filiación política al momento de la inscripción de Albán. El Consejo Nacional Electoral (CNE) no dio paso a la inscripción y negó la impugnación, pero el TCE habilitó la candidatura en última instancia.

“Llama la atención que la causal refiera a una decisión del TCE. Hay que recordar que el juicio político se configura por el incumplimiento de funciones y, con base en la solicitud, lo que podría evidenciarse es un supuesto incumplimiento de los jueces del TCE”, dijo Espinel.

Juicio político en medio de un concurso clave

El juicio contra Albán cobra especial relevancia en medio del concurso para fiscal. “Cuidado y se esté utilizando la figura del juicio político para, en este caso, presionar a que el consejero se decante por una u otra opción”, concluyó Espinel.

Gallardo declaró el miércoles pasado que “nosotros (en referencia a su bancada) no fiscalizamos conforme a la coyuntura”. Con esto, intentó explicar que la solicitud no está relacionada con el momento actual ni con la trascendencia de los concursos que lleva el CPCCS.

Sin embargo, el asambleísta de ADN insistió en el incumplimiento de funciones basado en la filiación política, sin considerar al TCE. Al ser consultado sobre si la responsabilidad política no recaía en los jueces del TCE que habilitaron la inscripción, Gallardo respondió: “De ninguna manera. Cumplir y hacer cumplir la ley radica en las autoridades del poder público”.

Para Gallardo, Albán incumplió funciones al inscribirse a sabiendas de ser adherente a un movimiento. Sobre ese punto, el propio vocal señaló en entrevista con Expreso que dicha afiliación se dio de manera irregular.

Para la experta en Derecho Constitucional Ximena Ron, como ha ocurrido en otros periodos, la actual Asamblea está utilizando el juicio político como herramienta de persecución contra el bloque opositor o funcionarios incómodos.

“En los actuales juicios políticos lo que se hace es intimidar a quienes son incómodos al régimen en este momento. Han habido otras solicitudes de juicio de cercanos al régimen y no han pasado del CAL”, señaló Ron.   

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