El 3% adicional del IVA deja dudas sobre su impacto real en la seguridad

Desde el 1 de abril de 2024, el IVA en Ecuador subió del 12% al 15%, un incremento de tres puntos porcentuales que el Gobierno justificó como una medida para financiar la lucha contra el crimen organizado y aliviar la presión fiscal en el contexto del denominado “conflicto armado interno”.

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La base legal de la medida fue la Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, publicada el 12 de marzo de 2024. La norma fijó inicialmente la tarifa del IVA en 13% y facultó al Ejecutivo a incrementarla hasta el 15% mediante decreto. Esa atribución se aplicó desde abril de 2024 y se mantuvo vigente durante 2025.

Las cifras oficiales evidencian un aumento significativo en la recaudación. Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), en 2024 el IVA generó ingresos por $9.767 millones, lo que representó un incremento de $ 1.323 millones (+15,6%) frente a 2023, cuando se recaudaron $8.444 millones.

En el primer bimestre de 2025, la recaudación por este impuesto alcanzó $1.872 millones, un 27,9% más que en el mismo periodo de 2024. En términos agregados, se estima que entre abril de 2024 y marzo de 2025 el aumento del IVA aportó más de $1.300 millones adicionales al Presupuesto General del Estado, una cifra alineada con las proyecciones iniciales del SRI y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

¿Para qué servirían los fondos?

La ley, sin embargo, evitó cualquier tipo de preasignación. De manera explícita, dispuso que los recursos provenientes del incremento del IVA no tendrían un destino específico y se integrarían a la caja fiscal general. Pese a ello, el mensaje político del Gobierno ha sido reiterado: los fondos servirían para reforzar a las fuerzas de seguridad, mejorar la infraestructura penitenciaria y sostener estrategias de largo plazo contra el crimen organizado.

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El incremento del IVA no fue la única medida tributaria adoptada. La misma ley creó dos contribuciones temporales: una Contribución Temporal de Seguridad para sociedades, equivalente al 3,25% sobre las utilidades de 2022, a pagarse en 2024 y 2025; y un aporte escalonado sobre las utilidades de bancos y cooperativas de 2023, con tasas que van del 5% al 25%. Además, se elevó el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) al 5%. Todas estas medidas fueron presentadas como parte del financiamiento de la respuesta estatal al conflicto.

En enero de 2024, el Ministerio de Finanzas justificó el alza del IVA por el alto costo de las operaciones militares y policiales, estimando en $1.020 millones el gasto requerido solo para las Fuerzas Armadas. El Gobierno también sostuvo que el aumento era “uno de los más bajos de la región” y destacó que se mantenía un amplio listado de bienes y servicios con tarifa 0%, como los de la canasta básica, salud, educación y servicios básicos. 

Desde el ámbito jurídico, el penalista Julio César Cueva advierte que, tratándose de temas de seguridad, es probable que cierta información sobre el uso de los recursos no se haga pública. No obstante, considera que el Gobierno debería rendir cuentas con datos concretos: cómo ha mejorado la operatividad de la Policía, en qué medida se ha fortalecido la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), cuántos policías adicionales se han incorporado y cuál es la relación entre detenidos, procesos y condenas.

A su criterio, no basta con reportar el número de operativos, sino que es necesario mostrar reducciones efectivas de delitos y resultados medibles en incautaciones de dinero, drogas y armas. Analistas coinciden en que, aunque el 3% adicional del IVA inyectó liquidez al Estado —más de $1.300 millones en el primer año—, la ausencia de etiquetado presupuestario exige mayores niveles de transparencia para demostrar que la promesa de más inversión en seguridad se tradujo en equipamiento, salarios, inteligencia, tecnología y mejoras penitenciarias tangibles.

El analista económico Christian Idrovo sostiene que el aumento del IVA ha sido una “importante inyección de recursos” para cubrir el gasto público, pero advierte que la dinámica podría repetirse cada año mientras la ley permita al Ejecutivo mover la tarifa entre el 13% y el 15% sin límites temporales. En ese sentido, el impuesto habría pasado a funcionar más como una válvula fiscal que como un fondo específico para seguridad.

El balance, hasta ahora, es mixto. Mientras el Gobierno mantiene la declaratoria de conflicto armado interno y un discurso de endurecimiento, diversos reportes de 2025 señalan que la violencia no ha disminuido de manera sostenida y reclaman rendición de cuentas sobre el uso efectivo de los nuevos recursos. 

En la práctica, una mayor recaudación no se traduce automáticamente en mejores niveles de seguridad si no va acompañada de una ejecución eficiente y de una gestión orientada a resultados.

Críticas más duras apuntan a que la estrategia se ha concentrado en operativos, cuyos resultados finales —como condenas— aún no son claros, y a que episodios como el "escándalo del caso Godoy han debilitado la credibilidad del discurso oficial", asegura Cueva. 

Según estos cuestionamientos, si el Gobierno sostiene una narrativa de guerra contra el crimen organizado y contra jueces y fiscales que liberan delincuentes, debería respaldarla con acciones políticas concretas; de lo contrario, el argumento que justificó el aumento del IVA pierde sustento. 

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Especialistas coinciden en que las metas y la evaluación del gasto deberían estar ligadas a indicadores claros de seguridad: tasas de homicidios, secuestros y extorsiones; control penitenciario; tiempos de respuesta; incautaciones y resolución de casos, con reportes públicos mensuales o trimestrales. 

El impacto del IVA, sostienen, debe reflejarse en resultados verificables. Idrovo añade que parte del repunte inicial en la recaudación podría responder a factores coyunturales, como compras postergadas, más que a cambios estructurales, por lo que resulta clave observar la ejecución presupuestaria y la evolución de los indicadores de seguridad antes de renovar la medida. 

En la misma línea, el economista Jorge Miranda considera que el 3% adicional del IVA se consolidó como una válvula fiscal que aporta liquidez, pero insiste en que, "sin preasignación ni rendición de cuentas detallada, el vínculo entre más recursos y mayor seguridad resulta poco creíble para la ciudadanía". Entre sus propuestas, plantea la creación de tableros públicos que muestren compras, contratos y entregables financiados con esos recursos.

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