El decreto de guerra de Daniel Noboa que no frenó la violencia en el Ecuador
A casi dos años de la declaratoria del conflicto armado interno, el país vivió el año más violento
El 9 de enero de 2024, tras la toma armada de TC Televisión y una serie de ataques simultáneos en varias provincias, el presidente Daniel Noboa declaró que el país enfrentaba un “conflicto armado interno”.
El decreto, que habilitó operaciones militares contra 22 organizaciones criminales catalogadas desde entonces como terroristas, marcó un giro sin precedentes en la política de seguridad nacional y abrió un intenso debate jurídico, político y operativo que permanece vigente casi dos años después.
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En julio de 2025, mediante el Decreto 55, el Gobierno ratificó la persistencia del conflicto e intentó integrar su aplicación a la Ley de Solidaridad Nacional, que incorporaba herramientas financieras, tributarias y de inteligencia destinadas a golpear las economías criminales que sustentan a las bandas.
Sin embargo, esta normativa no avanzó en la Asamblea Nacional. El impacto inicial de la declaratoria fue evidente. Entre enero y febrero de 2024, los homicidios cayeron 63 %, y febrero se convirtió en el mes más pacífico desde abril de 2022.
No obstante, el balance anual mostró un escenario contradictorio: 6.964 muertes violentas y una tasa de 38,76 homicidios por cada 100.000 habitantes, la segunda más alta en la historia del país, aunque un 16 % menor a 2023. En 2025 el panorama se agravó. Solo en el primer semestre se reportaron 4.619 homicidios, con una tasa semestral de 25,51 por cada 100.000 habitantes.
2025, el año más violento del Ecuador
Para diciembre, analistas coincidían en que 2025 se convirtió en el año más violento de la historia reciente, debido a la expansión territorial de las bandas, la disputa por rutas del narcotráfico y la consolidación de economías ilícitas.
Frente a este escenario, voces expertas comenzaron a cuestionar la efectividad o apoyar la necesidad de mantener vigente la figura del conflicto armado interno. El exministro del Interior Juan Zapata sostiene que la estrategia debe ser revisada. “Si se miran las cifras, habrá que analizar si realmente conviene mantener al país en estas condiciones, porque al final todo sigue moviéndose a través de estados de excepción. Policía y Fuerzas Armadas ya vienen trabajando de forma conjunta y existen normas que lo permiten”, sostiene.
Zapata enfatiza que muchas de las operaciones de seguridad ya se ejecutaban antes de la declaratoria: “Operábamos sin esa figura. Utilizábamos a las Fuerzas Armadas y a la Policía, y se puede seguir haciéndolo. En mi criterio, debería evaluarse si continuar con esta herramienta. Esa decisión corresponde al Cosepe (Consejo de Seguridad Pública y del Estado), que la recomendó al presidente”.
El rol de las Fuerzas Armadas
Para el también exministro del Interior Patricio Carrillo, la prolongación del conflicto ha impedido redefinir el rol constitucional de las Fuerzas Armadas, las cuales “deberían custodiar mejor los espacios aéreos, marítimos y las fronteras. Es urgente revisar la agenda de seguridad y exigir mayor gestión de los municipios en convivencia ciudadana”.
Carrillo añade que es imprescindible ampliar la cooperación internacional: “Estados Unidos siempre ayuda, pero también se necesitan acuerdos con la Unión Europea. Mucha de la violencia está ligada al tráfico hacia esos mercados. Se requiere más transparencia, diálogo y democracia, no exclusión”.
Este escenario ya había sido anticipado por el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), que advirtió que, de mantenerse la tendencia, el país podría superar los 9.000 homicidios al cierre del año. En la misma línea, el Índice de Conflictos de Acled ubicó a Ecuador como el sexto país más peligroso del planeta, tras un salto de 36 posiciones. El indicador evalúa la letalidad, la expansión geográfica de la violencia y la presencia de grupos armados activos.
El experto en seguridad Daniel Pontón atribuye parte de la permanencia de la declaratoria a un cálculo político. “Creo que el presidente tiene una dependencia psicológica y política del conflicto interno para sustentar su plataforma de gobierno. No veo intención de modificar esa narrativa”, considera.
No obstante, la crisis de seguridad generó una respuesta internacional sin precedentes. Más de 30 países, entre ellos Estados Unidos, Colombia, Perú, Chile y Argentina, expresaron su respaldo al Gobierno ecuatoriano.
En este contexto, Ecuador reforzó su participación en foros multilaterales como la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas y suscribió acuerdos bilaterales de cooperación en inteligencia, ciberdefensa, control fronterizo y lucha contra el narcotráfico.
El 12 de diciembre, Ecuador y Perú celebraron el Gabinete Binacional en el Palacio de Carondelet, donde acordaron reforzar el control de la frontera común mediante tecnología avanzada y una mayor coordinación contra delitos como minería ilegal, tráfico de armas y narcotráfico.
Para el general (sp) Ramiro Mantilla, excomandante de la Policía Nacional y director del Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global, el foco regional sobre Ecuador responde a una debilidad estructural aún no resuelta: el control fronterizo.
Mantilla subraya que si bien la cooperación internacional es clave, sus resultados siguen siendo limitados. “Los convenios binacionales no generan el efecto esperado. Colombia mantiene falencias en zonas críticas como Tumaco y Putumayo. Y con Perú las acciones son esporádicas. Eso impide una respuesta inmediata y sostenida”.
La relación cercana entre Ecuador y Estados Unidos
La relación con EE. UU., fortalecida desde 2017, se consolidó tras la declaratoria. Pontón destaca que “estamos en un punto de afianzamiento de la cooperación. Fuerzas militares estadounidenses ya operan asesorando y proporcionando inteligencia. Pero el gran problema de Ecuador no se resuelve solo con eso”.
En julio de 2025, ambos países firmaron acuerdos para el intercambio de oficiales de enlace y datos biométricos, el refuerzo de extradiciones y la entrega de un sistema de radar, además de programas de capacitación policial, apoyo anticorrupción y proyectos comunitarios. Otro hito fue la firma, el 21 de agosto de 2025, de un Memorando de Entendimiento en Seguridad entre el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, y su homóloga argentina, Patricia Bullrich. El documento establece mecanismos de intercambio de información sobre antecedentes penales, alertas migratorias, trata de personas y estructuras financieras del crimen organizado, así como la posibilidad de operaciones conjuntas y asistencia técnica en seguridad ciudadana.
Desde una mirada militar, Wagner Bravo, exjefe del Estado Mayor del Ejército, considera que la declaratoria cumplió un propósito inicial, pero no logró sostenerse en el tiempo. “Era necesaria en esa coyuntura. Sin embargo, tras demostrar al crimen organizado que Ecuador estaba dispuesto a ponerse en pie de guerra, la estrategia no se sostuvo. Hoy solamente se movilizan las Fuerzas Armadas, cuando declarar un conflicto armado interno implica movilizar a todo el Estado”, argumenta.
Bravo cuestiona además el enfoque reactivo de la política de seguridad: “Aparecen diez muertos en Puerto López y recién enviamos recursos. La clave es prevenir”.
Para ello, plantea la necesidad de activar el Consejo de Política Criminal, pendiente desde hace años. “La prevención permite identificar causas coyunturales y estructurales. Los gobiernos locales deben involucrarse para eliminar esas causas y construir una cultura de paz”.
La fragmentación de bandas acrecienta la violencia
La violencia también se explica por la fragmentación de las bandas tras la captura o muerte de cabecillas, lo que ha dado lugar a facciones más impredecibles y violentas, según el criminólogo Abraham Correa. “El problema no es solo capturar delincuentes, sino debilitar sus redes económicas y su capacidad de reclutamiento”, apunta.
Bravo añade que la cooperación regional es indispensable y critica la falta de acciones más profundas en países vecinos. “El presidente (de Perú José) Jerí vino a decir que protegerá la frontera. Hubiera sido más importante que presentara un plan para erradicar plantaciones ilegales y reemplazarlas por cultivos legales. Si se elimina la coca en la región, nosotros no tendríamos tantos problemas”, afirma.
Pese a ello, recalca que hasta ahora Estados Unidos sigue siendo el único aliado sólido, con convenios de interdicción marítima y aérea, estatus de fuerzas y memorandos de entendimiento en defensa, inteligencia y tecnología. A finales de septiembre de 2025, el presidente Daniel Noboa anunció que más del 75 % de los cabecillas de las principales organizaciones delictivas habían sido capturados.
Entre los nombres mencionados figuran alias Fito, líder de Los Choneros; alias Topo, su mano derecha; alias Fede, líder de Los Águilas; así como la incautación de propiedades de Comandos de la Frontera. El año cierra con 20 objetivos de alto valor y 151 de intermedio valor capturados en Ecuador.
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