EE.UU. ofrece $5 millones por alias Churron, subalterno de Los Choneros
Alias Churron, señalado como subalterno de alias Fito , enfrenta cargos en EE.UU. y una recompensa de $5 millones
Francisco Manuel Bermúdez Cagua, alias Churron, está en la mira de Estados Unidos. El país norteamericano ofrece una recompensa de $5 millones por información que facilite su paradero, al identificarlo como subalterno dentro del grupo criminal Los Choneros. Al igual que alias Fito y alias Topo, Bermúdez enfrenta cargos ante la justicia estadounidense.
El anuncio se oficializó este jueves 11 de diciembre a través de un comunicado de la Embajada de EE.UU. en Ecuador. La suma forma parte del Programa de Recompensas contra el Narcotráfico del Departamento de Estado.
Los ciudadanos pueden aportar información vía WhatsApp al 0988 292 235, marcar la línea 181 o escribir a los correos ecuadortips@dea.gov o informa@recompensas131.org.
Vínculos con el narcotráfico
La entidad señaló que Bermúdez ha participado “en la toma de decisiones sobre el tráfico de drogas y armas en Los Choneros”.
Tras la detención y extradición de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el proceso judicial estadounidense también incluye a alias Churron. En ese mismo expediente figura Darío Javier Peñafiel Nieto, alias Topo, detenido en septiembre en Tena y actualmente preso en Ecuador, a la espera de su extradición.
Tanto Los Choneros como Los Lobos son catalogados por Estados Unidos como organizaciones terroristas y han sido objeto de sanciones económicas.
Violencia sin precedentes en Ecuador
Hasta finales de 2020, Los Choneros mantenían un amplio dominio del crimen organizado en Ecuador. Sin embargo, el estallido de la guerra entre bandas derivó en la peor ola de violencia de la historia reciente del país.
Ecuador encabeza hoy los índices de homicidios en América Latina, con proyecciones que apuntan a cerca de 50 muertes violentas por cada 100 000 habitantes en 2025.
Respuesta del Estado
Ante esta crisis, desde inicios de 2024 el presidente Daniel Noboa declaró la lucha contra el crimen organizado como un conflicto armado interno. Esta medida permitió catalogar a las estructuras criminales como organizaciones terroristas y ordenar acciones como la militarización de las cárceles, antes controladas por las bandas.
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