Australia prohíbe redes sociales para menores de 16: ¿Podría aplicarse en Ecuador?

Australia se conviertió este 10 de diciembre, en el primer país del mundo en aplicar una eliminación masiva de cuentas de redes sociales pertenecientes a menores de 16 años. La medida, considerada una de las regulaciones más firmes contra las plataformas digitales, obligará a compañías como Meta y YouTube a borrar más de un millón de perfiles de adolescentes. 

La nueva legislación obliga a las compañías a implementar “medidas razonables” para impedir que los menores abran cuentas y, además, retirar las que ya existen. El Gobierno defiende la ley como un escudo protector para la salud mental juvenil, afectada por algoritmos que, según expertos consultados por las autoridades, operan como “cocaínas conductuales” por su alta capacidad adictiva.

Una ley sin precedentes en el ecosistema digital

La ley, que entra en vigencia este 10 de diciembre, obliga a las grandes compañías tecnológicas a implementar medidas estrictas para impedir que los menores de 16 años creen perfiles y para eliminar los ya existentes. Según estimaciones oficiales, más de 440 mil adolescentes australianos permanecen activos en redes sociales pese a no cumplir el requisito de edad mínima establecido por las plataformas.

El incumplimiento acarreará sanciones severas: multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos, equivalentes a 33 millones de dólares estadounidenses. Este punto coloca a Australia en la lista de países con regulaciones más restrictivas hacia las plataformas digitales.

Las empresas tecnológicas no tardaron en responder. Meta, YouTube y otras compañías calificaron la medida de “desproporcionada”, argumentando que limita la libertad de expresión de adolescentes y afecta la dinámica digital. Aunque aseguraron que cumplirán con la norma, anunciaron que la impugnarán ante los tribunales.

Padres divididos y multas millonarias

El anuncio provocó una fractura entre los padres. Un grupo respalda la eliminación de cuentas como una manera de reducir la exposición de los menores a contenido violento, sexual o dañino; otros sostienen que desconectarlos afectará su socialización, su expresión personal y el acceso a comunidades de apoyo, especialmente entre jóvenes de grupos vulnerables.

Además, las empresas deberán aplicar este veto bajo la amenaza de sanciones adicionales que pueden alcanzar los 32 millones de dólares, lo que incrementa la tensión entre el Gobierno australiano y las tecnológicas.

Un experimento global con impacto incierto

Pese a la controversia, el 77% de los australianos apoya la medida. Para el Gobierno, esta ley será “la primera ficha de dominó” que podría desencadenar una ola de regulaciones similares en otros países. La estrategia de Australia se observa como un experimento global: si logra retirar a los menores de las redes sin provocar un impacto social negativo, el modelo podría replicarse en varias naciones.

¿Puede Ecuador replicar una medida similar?

Para Alejandro Varas, experto en protección de datos personales y tecnología, una política como la implementada en Australia podría aplicarse en Ecuador, pero solo si se la adapta al contexto nacional. El especialista asegura que está “completamente de acuerdo con la medida que se está tomando en Australia”, porque prioriza el bienestar de los adolescentes. Sin embargo, advierte que el país enfrenta desafíos estructurales diferentes que condicionan la viabilidad de una prohibición total del acceso a redes sociales. “En Ecuador vamos a sacar un problema sociocultural mayor, porque las pantallas se usan como niñero en muchos hogares”, señaló.

El experto describe que los riesgos para la salud mental juvenil están suficientemente documentados. Explica que las redes sociales activan mecanismos de recompensa similares a los de otras adicciones. “El cerebro humano secreta dopamina… la misma hormona que se activa con placeres artificiales, y eso genera comportamientos adictivos”, dijo.

Para él, la falta de control parental y de educación digital alimenta esa dependencia, un fenómeno visible incluso en adultos. Varas insistió en que el desarrollo cognitivo infantil es especialmente sensible: “El cerebro necesita los primeros cinco o seis años con estímulos positivos, no con pantallas que afectan la retención y la capacidad de razonamiento”.

Pero el debate sobre un posible marco normativo en Ecuador no puede ignorar el rol de las familias. Varas asegura que ninguna regulación funcionará si no existe un cambio cultural en el hogar: “No puedo darle credibilidad a un padre que pasa todo el día con el teléfono en la cara. ¿Cómo va a pedirle a su hijo que no use internet?”. 

Para él, el control debe empezar dentro de casa, reforzado por normas y herramientas que limiten el acceso en edades tempranas. El especialista recordó que, incluso con leyes estrictas, los adolescentes buscarán burlar el sistema, por lo que la solución no puede depender solo de las plataformas: “El control es constante y debe partir de la formación y el ejemplo”.

Varas sostiene que cualquier intento de replicar la política australiana debe reconocer que Ecuador aún lidia con problemas más urgentes en ciertos estratos sociales, como la desnutrición infantil, la inseguridad y la falta de acceso a educación.

Aun así, considera que hay espacio para avances: “Sí se podría llevar a cabo siempre y cuando esté bien enfocado, apostando al beneficio a mediano y largo plazo”. En los sectores con mayor estabilidad, señala, sería más factible implementar controles más estrictos sobre el uso de redes y celulares. “No podemos permitir que internet embrutezca a nuestros niños”, concluyó.

Un debate que apunta a una nueva regulación digital

El abogado Alex Rosado coincide en que el debate es urgente, pero subraya que la clave está en el marco legal. “En Ecuador sí existen herramientas jurídicas para implementar una normativa de este tipo”, aseguró. Según Rosado, se podría recurrir a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y al Código de la Niñez y Adolescencia, que ya reconocen el derecho de los menores a un desarrollo integral y a la protección frente a contenidos nocivos.

El jurista señaló que la regulación debería incluir controles de acceso por edad, obligando a las plataformas a verificar la identidad de los usuarios y restringir el ingreso de menores de 16 años. 

Propuso además medidas administrativas para los padres que permitan el uso excesivo de dispositivos en edades tempranas, con sistemas de verificación que eviten el falseamiento de datos. Para ello, sugirió un registro interconectado con la cédula y el Registro Civil, de modo que no se pueda ingresar información falsa y los menores no accedan como si fueran adultos.

Rosado también subrayó la necesidad de incluir a los influencers dentro del marco regulatorio. “Debe existir algún tipo de control sobre el contenido que suben los influencers, porque son las personas más seguidas por los jóvenes”, señaló.

Para él, la normativa debería identificar qué publicaciones son aptas para menores y cuáles deben ser restringidas por considerarse dañinas o dirigidas a adultos. “Incluso se podrían establecer límites sobre a quiénes pueden seguir los adolescentes, con sanciones para las plataformas que permitan el acceso a cuentas con contenido inadecuado”, añadió

El abogado enfatizó que la legislación debe ser clara y con mecanismos de fiscalización efectivos: “No basta con prohibir, hay que garantizar que el Estado tenga capacidad de controlar y sancionar”. Para Rosado, la experiencia australiana puede servir de referencia, pero en Ecuador la normativa tendría que estar acompañada de campañas educativas y de un sistema de denuncias accesible para las familias.

Dos enfoques complementarios

Mientras Varas advierte que el problema es principalmente cultural y que ninguna ley funcionará sin cambios en el hogar, Rosado coincide en que la solución debe partir de la familia, aunque subraya que el Estado sí puede intervenir con herramientas jurídicas, controles de acceso y sanciones. Ambos expertos coinciden en que la prioridad es proteger el desarrollo de los niños y adolescentes, y que cualquier normativa será efectiva solo si se acompaña de un cambio cultural dentro de los hogares.

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