Conflicto en Puerto López: El Estado llega tarde a un paraíso fraccionado
Dos facciones de un grupo narcoterrorista se disputan el liderazgo de operaciones ilícitas
La mañana del 28 de diciembre de 2025, el malecón de Puerto López dejó de ser una postal de mar y turistas.
Un grupo de sicarios encapuchados descargó sus fusiles contra varias personas en un mercado de mariscos, dejando seis muertos -entre ellos una niña de dos años- y tres heridos.
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Esa fue la segunda masacre en menos de 24 horas. El día anterior, dos hombres identificados como alias “Gallero” y “Ángelo”, presuntos cabecillas locales del grupo delictivo “Los Choneros”, fueron asesinados en el sector El Platanal. Ese mismo día se registró otra muerte a manos de sicarios. En total, la violencia dejó nueve muertos en un solo fin de semana.
El origen del conflicto
Una fuente de Inteligencia de las Fuerzas Armadas que conversó con un equipo de este Diario explica que la matanza del domingo anterior se registró como una represalia de los asesinatos del sábado pasado, en medio de una pugna entre dos facciones de “Los Choneros” -según la información obtenida por informantes y en la investigación de campo-: una vinculada a alias “Guayaco” y otra liderada por alias “David”, hermano del extraditado Adolfo Macías, alias “Fito”.
De acuerdo con la fuente, ambas facciones se disputan el control del territorio costero y las economías ilegales: narcotráfico por vía marítima, robo de hidrocarburos y extorsión a embarcaciones pesqueras. Otra fuente del sector productivo del cantón compartió información que coincide con los datos militares.
La violencia ha paralizado parcialmente la actividad comercial, restringido la movilidad y elevado la percepción de inseguridad. Pero esto no empezó ahora.
El atentado en el malecón fue el punto más visible de una crisis de seguridad que se ha diseminado durante años en esa localidad.
Entre 2020 y 2025, Puerto López fue escenario de masacres, asesinatos colectivos y desapariciones: en julio de 2025, cinco jóvenes de Manta aparecieron ejecutados y enterrados en una zona rural del cantón.
En marzo de 2024, una familia entera fue secuestrada en un hotel y asesinada; solo sobrevivieron cinco menores. En febrero de 2023, el candidato a alcalde Omar Menéndez fue acribillado un día antes de las elecciones.
También se registraron crímenes múltiples en 2024 y desapariciones aún sin resolver, como la de Alina Pihuave, exreina de belleza del cantón.
La realidad que 'retratan' las estadísticas
Según datos oficiales contenidos en informes de seguridad, Manabí cerró el 2025 con más de 1.200 muertes violentas, versus las casi 900 del 2024. Puerto López, aunque pequeño, figura entre los focos rojos de la costa. Solo entre el 27 y 28 de diciembre de 2025, acumuló nueve eventos de ese tipo. Hace más de diez años era impensable que esa localidad sea epicentro de lo que se vive en la actualidad.
Del 2014 al 2018, los registros de muertes violentas no superaban los dos eventos por año (2014, 1; 2015; 1; 2016, 0; 2017, 1; 2018, 2), según los datos del Ministerio del Interior. En 2019 y 2020 no se registraron episodios de ese tipo. En 2021, en cambio, se reportaron 4 muertes violentas. Desde entonces, esos eventos se han incrementado: 2022, 11; 2023, 27; 2024, 13; y, de enero a julio de 2025, 8, según los registros disponibles.
La estadística de desapariciones también muestra un ascenso. Las cifras compiladas por el Gobierno registran picos a partir del 2023, siendo 2025 (enero-octubre) el año con más desapariciones, 21, de acuerdo con los datos oficiales más disponibles.
De vuelta a las calles de Puerto López, doña Esther (nombre ficticio para proteger la identidad de la fuente), una mujer que trabaja en el sector turístico, lo dice sin rodeos: “El problema de Puerto López es la lucha de territorio. Quieren quedarse liderando todo el puerto”. Para ella, la violencia ocurre “entre ellos”.
La fuente relata que desde hace unos cinco años se siente la presencia de estos grupos, pero con más fuerza en los dos últimos. También apunta a la falta de presencia del Estado.
“Apenas hay un patrullero, tres o cuatro policías para todo el cantón. No pueden hacer nada con una banda más armada que ellos”, lamenta.
La necesidad, dice, es clara: una base militar permanente, presencia investigativa, inteligencia local. “Este pueblo es tan pequeño. Tan fácil de conocer, tan fácil de saber quién es quién”.
EXPRESO solicitó una entrevista e información a la Policía y al Ministerio del Interior. Hasta el cierre de esta publicación seguía pendiente una respuesta.
Las facilidades que bandas ven en Puerto López
Puerto López tiene conectividad marítima, rutas de pesca, acceso a zonas montañosas y poco control institucional, analizan las fuentes.
Según el informe de Inteligencia de Fuerzas Armadas, el cantón presenta “rasgos de gobernanza criminal”, donde las estructuras ilegales ejercen “influencia coercitiva, económica y social”.
La ubicación geográfica facilita la transportación de droga desde playas apartadas hasta mar abierto; mientras que la orografía -cerros, bosque seco, rutas sin vigilancia- permite el movimiento de hombres armados que migran entre comunidades costeras, como Salango o Machalilla, cuando hay operativos militares, refieren las fuentes.
Los hechos recientes, según el mismo informe, evidencian la “capacidad logística, movilidad y poder de fuego” de las bandas. Así también, Inteligencia indica que el liderazgo criminal se está reconfigurando, y mientras eso ocurra, podrían darse más ataques.
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