Ley de Inteligencia: otra norma para prescindir de los jueces

Segundo debate de la Ley Orgánica de Inteligencia en el Pleno de la Asamblea: aunque varios de sus artículos son copiados casi textualmente de la Ley de Seguridad Pública del Estado, los oficialistas que la promueven hablan de ella como si fuera una novedad absoluta.

Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad y asambleísta ponente, celebra que por fin el Estado podrá contar con la necesaria anticipación y prevención para combatir el crimen organizado, pero omite detalles específicos, quizás para evitar polémicas innecesarias.

Otros integrantes de su bancada, algunos tan jóvenes que probablemente no habrán leído otro proyecto de ley en sus vidas, juran a quien quiera creerles que aquí no hay un solo aspecto que vulnere derechos o transgreda principios de transparencia. El debate fue rápido e insustancial, salvo por un par de intervenciones. Por lo demás, parecería que nadie ha leído el texto, en realidad una herencia de la legislatura pasada.

Los allanamientos sin orden judicial, entre las sorpresas de la ley

Y hacen mal. Porque el proyecto está cargado de sorpresas tan grandes como ruedas de molino. En realidad, puede decirse que, junto con la primera propuesta de ley económica urgente enviada por el Ejecutivo a la Asamblea y hoy eufemísticamente bautizada como Ley de solidaridad, esta Ley Orgánica de Inteligencia apunta a la consolidación de un marco extrajudicial para abrir espacios de impunidad con el pretexto de la lucha contras las bandas del crimen organizado.

Si la anterior permitía allanamientos sin la intervención de ningún juez, esta prescribe la posibilidad de auténticos procedimientos de espionaje, escuchas, interceptación de mensajes, etc., sin orden judicial. Y no sólo sin orden judicial: el proyecto de Ley orgánica de Inteligencia pretende legalizar el espionaje sin fines judiciales, es decir, sin objetivos declarados (y, por tanto, probablemente inconfesables).

Para empezar, los pinchazos. El proyecto de ley obliga a los operadores de servicios telefónicos a proporcionar a los servicios de inteligencia cualquier información que se le requiera, sin orden judicial, incluyendo comunicaciones “en tiempo real”. Una inconstitucionalidad flagrante, pues las únicas excepciones a la intimidad de las comunicaciones establecidas en la Carta Magna se refieren a “casos permitidos en la ley previa orden judicial”. Es el mismo caso de la “retención, apertura, interceptación o examinación de documentos o comunicaciones”, que también queda librada al criterio del sistema de inteligencia sin intervención de la Función Judicial.

El riesgo de caminar hacia la sociedad policial

Hay más: la ley empieza por definir que toda dependencia de las funciones del Estado así como a toda persona natural o jurídica (o sea, cualquier hijo de vecino) forma parte del conjunto de lo que denomina “Organismos de Apoyo del Sistema Nacional de Inteligencia”. 40 artículos más adelante, obliga a esos “organismos de apoyo” a entregar, en el plazo de dos días, cualquier información, física o digital, que el sistema de inteligencia le solicite, incluyendo información clasificada, “sin excepciones ni oposiciones”. Es decir: los abogados, los expedientes de sus clientes; los periodistas, la identidad de sus informantes; los médicos, la hoja clínica de sus pacientes; los curas, los secretos de confesión de sus feligreses… Es un paso firme hacia la construcción de la sociedad policial y en la Asamblea nadie se dio cuenta.

Los gastos reservados: el espinoso asunto en la Ley de Inteligencia

Luego está el espinoso asunto de los gastos reservados. La ley actualmente vigente, exige que estos tengan un respaldo documental que dé cuenta del destino de esos fondos, aunque prevé la incineración de la información relativa a las identidades de quienes los manejan los recibieron. Ese respaldo documental podrá ser desclasificado transcurrido un período de 15 años. El proyecto actual, en cambio, elimina todo registra instrumental así como toda posibilidad de desclasificación con el tiempo. Es una garantía de impunidad hacia el futuro.

Salvo el correísta Gerardo Machado, ningún asambleísta propuso ayer un debate sobre estos temas en el Pleno, a pesar de tratarse del segundo y definitivo debate. Algo dijo también su compañera de bancada Jhahaira Urresta, pero como ella no habla español (ni ninguna otra lengua conocida) no se le entendió media palabra. El borrador del proyecto volvió a la Comisión de Seguridad para sus ajustes finales, donde la presidenta Inés Alarcón y sus compañeros de la mayoría oficialista decidirán hasta donde trapearán el piso con la Constitución. El resultado será sometido a votación en el Pleno, donde la suerte está echada desde ya.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!