GRANASA denuncia el eventual uso de Fiscalía para que el Gobierno se adueñe del 40 % de sus acciones

Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA) alerta a la opinión pública nacional e internacional sobre un posible intento del Gobierno Nacional para adueñarse del 40 % de las acciones de la empresa. La advertencia surge tras la difusión en redes sociales de una supuesta denuncia presentada por Carlos Xavier Cadena Asencio, liquidador de la empresa Veranera, ante la Fiscalía General del Estado.

La compañía calificó este hecho como un "nuevo intento de hostigamiento y amedrentamiento" que busca "doblegar la línea editorial" de sus medios de comunicación. Hasta el momento, ninguno de los directivos mencionados en la publicación digital recibió una notificación formal por parte de las autoridades judiciales.

Antecedentes de intervención y presión estatal

Esta nueva alerta se suma a la compleja situación legal que atraviesa la empresa, la cual permanece bajo intervención de la Superintendencia de Compañías. Según los directivos, las presiones políticas no son recientes, pues anteriormente enfrentaron "falsas acusaciones de fraude tributario y lavado de activos", además de lo que califican como una "ilegal intervención" administrativa.

El entorno de conflicto escaló tras la filtración de información por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI). El ente recaudador difundió datos sobre una presunta defraudación tributaria, acción que la defensa de la empresa interpreta como parte de una estrategia sistemática de desprestigio y asfixia económica.

El rol de la empresa Veranera

La supuesta denuncia que originó la alerta proviene del liquidador de la empresa Veranera, Carlos Xavier Cadena Asencio. Según el comunicado de GRANASA, esta acción legal pretende vincular a los directivos en una trama judicial que facilite el traspaso de las acciones al control del Estado, utilizando la estructura de la Fiscalía General como herramienta de presión.

La empresa sostiene que estos mecanismos legales carecen de sustento técnico y responden exclusivamente a intereses políticos. "No han logrado" quebrar la postura informativa de la compañía pese al uso de las instituciones de control, señala el documento emitido por la entidad.

Defensa de la libertad editorial

GRANASA enfatizó que mantendrá su postura frente a lo que considera un atropello a la propiedad privada y a la libertad de prensa en Ecuador. La compañía hizo un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos para que vigilen el proceso, al considerar que la independencia de sus medios está en riesgo ante la pretensión estatal de tomar el control accionario.