Apagones: una consecuencia estructural

El debate sobre el sistema eléctrico reaparece cuando surge el riesgo de apagones. Entonces se habla del estiaje o de fallas técnicas. Pero el problema no es coyuntural, es estructural.

En la última década la demanda eléctrica ha crecido de forma sostenida mientras la oferta lo ha hecho a un ritmo mucho menor. La demanda máxima pasó de unos 3.800 MW en 2015 a más de 5.100 MW en 2025, y solo entre 2024 y 2025 se incrementó de 5.063 MW a 5.110 MW. El operador del sistema (Cenace) prevé incrementos anuales del orden de 300 a 360 MW. La capacidad instalada, en cambio, subió de alrededor de 7.200 MW en 2015 a poco más de 8.400 MW en 2024 y prácticamente no ha crecido en los últimos años. La demanda aumentó más rápido que la oferta y el margen de reserva se redujo progresivamente, obligando al sistema a operar cada vez más cerca de su límite.

Lo que vuelve inevitable el riesgo de racionamientos

Esto se agrava porque la matriz eléctrica ecuatoriana depende mayoritariamente de la hidroelectricidad, que representa entre 65 % y 80 % de la generación. Cuando bajan los caudales, baja la generación. Y cuando eso ocurre en un sistema sin reserva, el riesgo de racionamientos se vuelve inevitable.

La coyuntura actual añade un factor adicional: la menor disponibilidad de importación desde Colombia. La interconexión regional funciona como respaldo, pero no como capacidad firme. Cuando el sistema colombiano enfrenta sus propias restricciones, ese apoyo se reduce y la vulnerabilidad aumenta.

Pero el problema más profundo es normativo. El modelo eléctrico se estructuró bajo la lógica de inversión pública. Cuando esa inversión se detuvo por falta de recursos, no se creó un régimen claro que permita inversión privada real. Persisten incertidumbres sobre contratos de largo plazo, tarifas, despacho y garantías de pago. Sin seguridad jurídica, la inversión no llega a la escala requerida.

Así, la demanda crece, la oferta no se expande y el sistema queda expuesto al clima y a factores externos. El riesgo no está en el próximo estiaje, sino en la ausencia de decisiones estructurales. Sin inversión sostenida y reglas claras, el sistema eléctrico operará cada año con menor margen y mayor vulnerabilidad.