Devolución del IVA a adultos mayores: la reducción del beneficio llega a la Corte Constitucional

El Frente Nacional por un Nuevo IESS presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional por la reducción de la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las personas adultas mayores. 

El gremio responsabiliza a la reforma del reglamento del Servicio de Rentas Internas (SRI), vigente desde enero de 2026.

La medida excluyó del beneficio el consumo de combustibles, las comunicaciones y otros rubros que antes sí se reconocían. Como esos gastos concentraban buena parte del reembolso, el monto que reciben los jubilados se desplomó, según el colectivo.

La norma reformada es el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, que hasta 2025 reconocía el IVA de combustibles y comunicaciones, entre otros gastos.

Tras el cambio, la devolución quedó acotada a gastos de subsistencia:

Del centenar de dólares a unos pocos

El tope que el SRI puede devolver equivale al 30% del salario básico unificado(USB), hoy de $482; es decir, unos $144 al mes por persona. Hasta diciembre de 2025, la mayoría cobraba entre $80 y  $100, afirmó Henry Llanes, presidente del Frente.

Desde enero, esos valores cayeron a menos de $20. Llanes aseguró que varios beneficiarios pasaron a recibir $6, $9 o $12, y que a un afiliado apenas le devolvieron $0,80.

El dirigente explicó por qué pesan tanto esos rubros: muchos jubilados tienen un vehículo y pagan combustible con su pensión, y casi todos usan telefonía celular, que dejó de ser un lujo para volverse un servicio básico.

Ese dinero, agregó, solía cubrir necesidades prioritarias: medicinas, gastos del hogar y apoyo a hijos sin empleo y a nietos en edad escolar.

Plazos que no se cumplen

El reglamento fija que la devolución debe entregarse en un máximo de 60 días para los adultos mayores y de 90 días para las personas con discapacidad. Llanes advirtió que esos plazos no se respetan y que algunos esperan hasta un año el pago.

Recordó que en la administración anterior el reembolso llegaba unos 15 días después del mes siguiente. Calificó el retraso actual como un maltrato a los adultos mayores y a sus familias.

Llanes precisó que el sistema de devolución funciona y está digitalizado desde hace más de una década. Por eso, dijo, las demoras no responden a trabas técnicas, sino a decisiones administrativas.

El argumento ante la Corte

Para el Frente, la reducción vulnera derechos constitucionales. Cita el artículo 37, numeral 5, que reconoce a los adultos mayores exenciones en el régimen tributario, y el artículo 36, sobre atención prioritaria a ese grupo.

El gremio insiste en que los adultos mayores no deberían pagar ningún tributo, ni IVA ni impuesto a la renta. Retener el reembolso, afirma, equivale a cobrarles un impuesto del que están exentos.

El colectivo perdió ante un juez y la Corte Provincial de Pichincha ratificó esa negativa. 

Por eso acudió a la Corte Constitucional, donde busca que se declaren vulnerados esos derechos y se restituya la devolución en sus montos previos.

La lógica fiscal detrás del recorte

La devolución forma parte del gasto tributario, el ingreso que el Estado deja de percibir por una exención, explicó López. Ese rubro creció con los años y hoy supera los $300 millones anuales en reembolsos a la tercera edad, afirmó.

El recorte responde al programa de consolidación fiscal con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que compromete al país a reducir ese gasto de forma gradual. La meta, dijo, es que quienes tenían exenciones empiecen a tributar.

Pablo Hidalgo Romero, docente de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), coincidió en el diagnóstico. Precisó que el plan prioriza el ahorro, aunque la eficiencia buscada no siempre coincida con lo socialmente deseable.

¿Recortar o poner límites?

López consideró que excluir rubros no era el camino correcto. Lo razonable, dijo, habría sido fijar topes por categoría: por ejemplo, reconocer transporte hasta $20, $30 o $40 al mes, en lugar de eliminarlo.

Así se evitaría pagar consumos altos que no son personales, sin dejar fuera a quienes necesitan movilizarse o comunicarse, explicó. Estimó que el gobierno no tocará más rubros de la tercera edad para no agravar el malestar social.

Un golpe micro sobre un grupo sensible

El impacto es menor a escala macroeconómica, pero golpea a un grupo vulnerable que depende de esos recursos para cubrir necesidades básicas, dijo Hidalgo. Lo comparó con el efecto del alza de los combustibles tras el retiro del subsidio.

López añadió una lectura económica: esos $300 millones se inyectaban cada año en la economía y la dinamizaban. Con el recorte, dijo, ese dinero se reorienta a otras necesidades de la Cuenta Única del Tesoro y deja de llegar a los jubilados.

Como compensación, Hidalgo propuso facilitar a los adultos mayores la compra de medicinas con mayores descuentos. Advirtió que cualquier subsidio adicional chocaría con la meta de reducir el gasto público pactada con el FMI.