Nicole Bermúdez renunció a su trabajo un día después de ser convocada al juicio de Aquiles Álvarez

Nicole Dixiana Bermúdez Peña, testigo clave en el juicio contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, presentó su renuncia voluntaria al cargo que ocupaba en la Empresa Pública Municipal de Tránsito, Movilidad y Vigilancia Ciudadana de Samborondón (ATV) el pasado 17 de julio de 2026. 

La dimisión ocurrió un día después de que el Tribunal del caso Triple A le emitiera la notificación para citarla a rendir su testimonio como testigo. 

Imposibilidad de notificación

El 21 de julio de 2026, la Jefa de Talento Humano de la ATV, Rosa Burgos Sellán, notificó oficialmente al Tribunal que la exfuncionaria ya no pertenece a la institución municipal: "Cumplo con informar a usted que la persona mencionada, Nicole Dixiana Bermúdez Peña, no es a la actualidad funcionaria de la Empresa Pública Municipal de Tránsito y Vigilancia Ciudadana de Samborondón (ATV), por cuanto presentó su renuncia al cargo que ocupaba en esta empresa pública el 17 de julio de 2026."

¿Por qué es importante en el Caso Triple A?

Su importancia radica en dos factores críticos dentro de la etapa final del juicio penal:

Denunció presiones políticas para inflar el caso

Aunque inicialmente fue elogiada por el Gobierno de Daniel Noboa como una "mujer valiente" por denunciar a Álvarez, en enero de 2025 dio un giro radical al ampliar su versión. Declaró ante la Fiscalía que fue presionada por altos funcionarios del Gobierno (mencionando a José Julio Neira, exsecretario de Integridad Pública, y a José Manuel de Oliveira) para firmar un borrador de ampliación redactado por terceros. Con dicho documento se forzó la inclusión del grave delito de delincuencia organizada.

Su sorpresiva ausencia y la orden de comparecencia por la fuerza

Durante la fase crucial de práctica de pruebas, Nicole Bermúdez no apareció para testificar. Las defensas de al menos cinco procesados (incluyendo al propio Aquiles Álvarez) consideran su testimonio indispensable para desacreditar la validez de la denuncia inicial. En cambio la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos dice que su testimonio es irrelevante. 

Ante su incomparecencia, el Tribunal de Garantías Penales emitió una orden para que la Policía Nacional la localice y la traslade mediante el uso de la fuerza pública a la audiencia programada para este 2 de agosto de 2026.