Caso Triple A: nadie sabe dónde está Nicole Bermúdez, la denunciante de Aquiles Álvarez

La persona que denunció a Aquiles Álvarez, Nicole Bermúdez, y que se supone es quien más conoce los detalles del supuesto contrabando de combustible, no aparece. Es decir, no se presenta al juicio por el caso llamado Triple A para rendir su testimonio. En otras palabras, no está para decir por qué y de qué acusó a Álvarez.

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¿Y a quién le perjudica esa ausencia? En los papeles, los perjudicados deberían ser la Fiscalía, que impulsa el caso, y el Gobierno de Daniel Noboa, que lo ha auspiciado y defendido a capa y espada. Pero este no parece ser el caso, porque todo termina beneficiando a quienes menos deberían beneficiarse de su ausencia: la Fiscalía y el Gobierno. 

La Fiscalía ni siquiera pidió su comparecencia, y esto es harto extraño: ¿cómo es que no quiere que se escuche el testimonio de la persona que permitió que se iniciara la investigación? Y, de acuerdo con lo que sostiene la defensa de Álvarez, la Policía se niega a capturarla para llevarla hasta el estrado.

¿Pero por qué no les interesaría a la Fiscalía y al Gobierno que Bermúdez rinda testimonio? Porque Nicole Bermúdez, mucho después de presentar su denuncia, publicó una versión en la que dice algo grave para la Fiscalía y el Gobierno: que todo lo que puso en contra de Álvarez fue por indicaciones de José Manuel de Oliveira, exfuncionario del Ministerio de Energía e involucrado en el caso Progen. 

Además, que De Oliveira recibió instrucciones con todos los detalles de la denuncia de José Julio Neira, entonces secretario de Integridad Pública y hoy secretario general de la Administración Pública. Si lo que dice Bermúdez es verdad, al Gobierno podría darle un ataque de nervios la posibilidad de que ella rinda testimonio.

Si esto es así, la pregunta ya no es solamente por qué Bermúdez no aparece: es quién construyó realmente la denuncia que puso en marcha el caso Triple A.

Una cosa es que Bermúdez haya firmado la denuncia y otra que haya sido ella quien descubrió los hechos que allí se relatan. Si ahora sostiene que recibió información y documentos elaborados por terceros y que actuó por instrucciones de De Oliveira, la defensa tiene interés en reconstruir esa cadena: qué sabía Bermúdez, qué le entregaron, quién se lo entregó, qué comprobó personalmente y cómo terminó todo aquello convertido en una denuncia contra Álvarez.

Y Bermúdez no está para responder. Eso no demuestra que Álvarez sea inocente ni que la denuncia sea falsa. Tampoco significa que la Fiscalía se haya quedado sin pruebas. El problema es otro, pero sigue siendo grave: la Fiscalía tiene que demostrar que sus pruebas pueden sostener, por sí mismas, la responsabilidad penal de Álvarez y no simplemente reproducir la información con la que comenzó la investigación.

La ausencia de Bermúdez adquiere así una dimensión mayor. La defensa no puede preguntarle cómo nació la denuncia, qué vio personalmente, qué documentos revisó, quién le proporcionó la información ni por qué ahora afirma que actuó siguiendo instrucciones de terceros. En otras palabras, no puede someter a contradicción directa el origen de una pieza que dio lugar a todo el proceso. Y es aquí donde aparece el fiscal Carlos Alarcón.

El actual fiscal general subrogante fue quien inicialmente llevó adelante la investigación de Triple A y formuló cargos contra Álvarez. La defensa de Fuelcorp pidió que compareciera como testigo, precisamente porque Bermúdez no está, pero el tribunal rechazó el pedido. La razón es jurídica: consideró que Alarcón conoció el caso por sus funciones como fiscal y no porque hubiera percibido directamente los hechos, por lo que no podía ser considerado un tercero ajeno al proceso.

¿Por qué no permitieron que declarara el fiscal Alarcón?

La decisión puede tener una explicación jurídica válida. Pero el efecto práctico es peculiar: la persona que originó la denuncia no comparece y el fiscal que inicialmente construyó la investigación, sobre la base de lo que le contó Bermúdez, tampoco puede ser interrogado como testigo. La cadena del caso Triple A se queda, entonces, sin dos de sus protagonistas.

Esto es particularmente relevante porque la propia Bermúdez, según su versión, puso en cuestión cómo se elaboró la denuncia: dijo que recibió un borrador, que hubo modificaciones y que De Oliveira le indicó que presentara un alcance para incluir el delito de delincuencia organizada, supuestamente por presiones de Neira.

Si esas afirmaciones son ciertas, la defensa tiene interés en preguntarle por ellas. Y si son falsas, también tendría interés la Fiscalía en que Bermúdez compareciera para demostrarlo. Ese es precisamente el punto que hace tan extraña su ausencia.

No hay pruebas públicas suficientes para afirmar que la Fiscalía o el Gobierno hayan provocado que Bermúdez no comparezca. Sería irresponsable sostenerlo como un hecho. Pero sí es legítimo preguntar: ¿a quién termina beneficiando su ausencia?

Y aquí aparece lo fundamental: Álvarez no tiene que demostrar su inocencia. Es la Fiscalía la que tiene que demostrar su culpabilidad. Por eso, cuanto más difícil sea reconstruir el origen de la acusación y contrastar las versiones de quienes estuvieron en su génesis, mayor será la dificultad de la Fiscalía para superar el estándar que necesita para conseguir una condena.

La pregunta que queda flotando no es simplemente dónde está Nicole Bermúdez. Es otra, bastante más incómoda: ¿puede la Fiscalía conseguir una condena contra Aquiles Álvarez sin que el tribunal tenga que confiar en una cadena de información cuyo origen no pudo ser interrogado por la defensa?