Caso Triple A: cuatro empresas buscan desvincularse del tráfico de hidrocarburos

La audiencia de juzgamiento del caso Triple A continuó este 19 de julio con la presentación de pruebas por parte de las compañías Corpalubri S. A., Indusiesel S. A., Ternape S. A. y Copedesa S. A., procesadas por presuntamente colaborar en actividades relacionadas con el almacenamiento, transporte, comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos.

Según la causa, además de estas empresas están procesadas otras personas naturales y jurídicas, entre ellas el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sus hermanos Xavier y Antonio Álvarez, su primo Antonio Viteri y otros involucrados.

Un peritaje sostiene que las operaciones fueron normales

Durante la diligencia, la defensa presentó la declaración del ingeniero petrolero Arturo Dimitri Barreiro Criollo, quien elaboró informes periciales relacionados con la capacidad de almacenamiento y distribución de diésel premium en estaciones de servicio vinculadas a Copedesa y Corpalubri.

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El experto señaló que revisó actas de control, pruebas de presión, registros de limpieza de tanques y tablas volumétricas. A partir de ese análisis concluyó que los movimientos de diésel premium observados en las estaciones examinadas se encontraban dentro de parámetros considerados normales o permitidos.

Fiscalía y ARCH cuestionan el alcance de la pericia

La fiscal del caso, Ruth Amoroso, y la defensa de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) expresaron objeciones a parte de la prueba presentada por las empresas procesadas.

Los cuestionamientos se centraron en que algunas de las estaciones de servicio analizadas por el perito no constan entre las mencionadas dentro de la causa penal. Para la defensa, en cambio, esa información resultaba relevante debido a que varias de esas estaciones forman parte de grupos empresariales vinculados a los procesados.

Durante el interrogatorio también se estableció que la pericia fue ordenada en octubre de 2024, cuando la investigación se encontraba en fase previa, y que para la elaboración del informe no se utilizaron documentos emitidos por Petroecuador, sino información de las estaciones analizadas y documentación contenida en el expediente fiscal. 

Fiscalía ya concluyó la presentación de sus pruebas

La Fiscalía ya terminó de exponer la carga probatoria con la que sostiene su acusación contra los 22 procesados. También han concluido la presentación de pruebas las acusaciones particulares ejercidas por la ARCH y Petroecuador.

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La defensa de las cuatro empresas aún debe evacuar testimonios, peritajes y documentación. De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, se prevé que el proceso continúe por al menos dos jornadas adicionales antes de iniciar la revisión de las más de 130 pruebas documentales anunciadas en la etapa preparatoria de juicio.

La teoría fiscal apunta a un presunto desvío de combustible subsidiado

Según la teoría del caso planteada por la Fiscalía, empresas relacionadas con el entorno empresarial y familiar de Aquiles Álvarez habrían conformado una red destinada a desviar combustible subsidiado entre los segmentos automotor, industrial y naviero nacional e internacional.

La entidad sostiene que estas operaciones habrían ocasionado un perjuicio económico para el Estado de aproximadamente 61,5 millones de dólares, asociado al presunto manejo irregular de 22,7 millones de galones de diésel y gasolina.

Audiencia se retomará la próxima semana

El juicio está a cargo del Tribunal Anticorrupción integrado por los jueces Jorge Sánchez, Clara Soria y Víctor Barahona. Según el cronograma definido por el tribunal, la audiencia será reinstalada los próximos 24, 25 y 26 de julio para continuar con la práctica de pruebas por parte de las defensas