Qué ocurre ahora en el caso Triple A: las defensas comienzan a presentar sus pruebas

La audiencia de juzgamiento del caso Triple A entró este 18 de julio en una nueva etapa con el inicio de la presentación de pruebas por parte de las defensas de los 22 procesados, entre ellos el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, investigados por el presunto delito de comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos.

La diligencia se reinstaló en el Complejo Judicial Norte de Quito luego de una pausa de cerca de una hora provocada por la ausencia de César Emilio Bravo, representante legal de la empresa Fuelcorp, una de las personas jurídicas procesadas dentro de la causa. Pese a este incidente, el Tribunal Anticorrupción resolvió continuar con la audiencia y rechazó la posibilidad de separar a la compañía del proceso judicial.

El tribunal está integrado por los jueces Jorge Sánchez, quien actúa como ponente, Clara Soria y Víctor Barahona. La reinstalación de la audiencia se produjo poco antes de las 10:00 de este sábado.

Empresas procesadas exponen sus argumentos

La jornada comenzó con la intervención de las defensas de cuatro compañías procesadas: Corpalubri, Indudiesel, Ternape y Copedesa. Como parte de esta fase, los abogados empezaron a evacuar su carga probatoria para intentar desvirtuar los señalamientos presentados previamente por la Fiscalía.

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El abogado Juan Daniel González fue el primer testigo solicitado por estas defensas durante la audiencia. La etapa actual ocurre después de que la Fiscalía Provincial de Pichincha concluyera la exposición de sus pruebas de cargo el pasado 14 de junio. 

Durante esa jornada, la fiscal Ruth Amoroso cerró la presentación de los elementos con los que busca demostrar la presunta participación de Aquiles Alvarez, sus hermanos, su primo y el resto de procesados en los hechos investigados.

Fiscalía sostiene que hubo un perjuicio millonario al Estado

La investigación se originó a partir de una denuncia relacionada con presuntas irregularidades en la distribución y comercialización de combustibles. 

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Según la teoría del caso presentada por la Fiscalía, existirían diferencias significativas entre los volúmenes de combustible despachados y los que finalmente fueron facturados por estaciones de servicio y empresas comercializadoras vinculadas a la causa.

De acuerdo con los resultados expuestos por el Ministerio Público, el presunto perjuicio económico para el Estado alcanzaría los 61,5 millones de dólares, asociado a más de 22,7 millones de galones de combustibles, entre diésel y gasolina.

La acusación también sostiene que los informes periciales practicados durante la investigación detectaron inconsistencias entre la capacidad real de almacenamiento de varias estaciones de servicio y los volúmenes de combustible que habrían adquirido de las empresas procesadas. Además, se identificaron presuntas irregularidades atribuibles a representantes de las compañías investigadas.

Defensa busca refutar la acusación

Concluida la etapa probatoria de la Fiscalía, corresponde ahora a los procesados presentar sus pruebas de descargo y argumentar su postura frente a los señalamientos del Ministerio Público.

El avance de esta fase será determinante para que el tribunal evalúe los elementos presentados tanto por la acusación como por las defensas antes de emitir una resolución sobre las responsabilidades penales dentro del caso Triple A