Caso Triple A: Fiscalía expone cómo habría operado el presunto desvío de combustible

La audiencia de juicio del denominado caso Triple A se reanudó este 18 de julio de 2026 en Quito, en una fase clave del proceso que involucra a 22 personas naturales y jurídicas, entre ellas el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. 

Tras diez días de exposición de pruebas por parte de la Fiscalía, corresponde ahora a las defensas presentar sus elementos de descargo ante el Tribunal de Garantías Penales.

La investigación gira en torno a un presunto esquema de comercialización irregular de combustibles subsidiados, que habría operado mediante el desvío de diésel entre distintos segmentos autorizados de distribución. 

Según la acusación, estas operaciones habrían generado un perjuicio económico para el Estado estimado en alrededor de 61,5 millones de dólares y estarían relacionadas con la comercialización de aproximadamente 22,7 millones de galones de combustible.

Los cinco mecanismos señalados por la Fiscalía

Durante la etapa probatoria, la Fiscalía presentó lo que denominó cinco modalidades o "modus operandi" mediante las cuales se habría ejecutado el supuesto desvío de combustibles. 

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Entre ellas figuran la comercialización no autorizada de grandes volúmenes de diésel subsidiado, operaciones que habrían superado los límites legales de almacenamiento y despacho en estaciones fronterizas, distribución a entidades con permisos caducados, ventas entre empresas vinculadas sin autorización y presuntos incumplimientos de cláusulas contractuales suscritas con Petroecuador para prevenir el desvío de combustibles.

La Fiscalía sostuvo además que entre enero de 2020 y septiembre de 2024 Petroecuador despachó más de 66 millones de galones de diésel industrial, pero únicamente facturó cerca de 57 millones, una diferencia de aproximadamente 10 millones de galones que, según la acusación, evidenciaría operaciones de distribución y transporte no autorizadas.

Registros de vehículos bajo análisis

Como parte de las evidencias presentadas por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), que actúa como acusadora particular, constan registros de abastecimiento considerados atípicos por los investigadores.

De acuerdo con los cálculos incorporados al expediente, para alcanzar ese volumen el automóvil habría tenido que llenar completamente su tanque unas 8,4 veces por día durante más de dos años consecutivos, situación que la ARCH considera físicamente imposible.

Según la Fiscalía y la ARCH, este tipo de inconsistencias respaldaría la hipótesis de que determinados vehículos habrían sido utilizados como soporte documental para justificar salidas de combustible con destinos distintos a los declarados.

Fiscalía expuso que "el exceso de volumen de galones vendidos por las comercializadoras distribuidoras registradas en el catastro de la ARCH, que no fueron facturados por EP Petroecuador, asciende a 22.777.191 galones, lo que genera un perjuicio económico (lucro cesante) de $ 61.502.658 determinado en los tres segmentos, en el período del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024”.

Capacidad de almacenamiento y ventas observadas

La Fiscalía también expuso información relacionada con una estación de servicio afiliada a una de las empresas investigadas. Según la acusación, dicha estación habría recibido más de siete millones de galones de diésel entre febrero de 2023 y septiembre de 2024, pese a contar con un tanque cuya capacidad sería de apenas 10.000 galones. 

Para los investigadores, esta diferencia apuntaría a un desvío inmediato del producto, más que a su almacenamiento para consumo local.

La posición de la defensa

Aquiles Álvarez ha rechazado reiteradamente las acusaciones. Según recoge el proceso, la defensa sostiene que las comercializadoras investigadas actuaban como intermediarias dentro de la cadena de distribución y que no pueden ser responsabilizadas por operaciones que eventualmente se produzcan en estaciones de servicio que no administran directamente.

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En la antesala de esta nueva fase del juicio, el alcalde solicitó la ampliación de las visitas de sus abogados mientras permanece privado de libertad, argumentando la necesidad de preparar su propio testimonio, coordinar la estrategia jurídica y elaborar el alegato final de defensa.

La Fiscalía y la ARCH mantienen una posición distinta. Ambas entidades sostienen que los contratos suscritos con Petroecuador imponían obligaciones de control, trazabilidad y supervisión sobre el combustible distribuido por las comercializadoras autorizadas.

Con la continuación de la audiencia prevista para los próximos días, será el Tribunal de Garantías Penales el que valore las pruebas de cargo y descargo para determinar si existen responsabilidades penales dentro del caso Triple A