Caso Triple A: Entre lágrimas, procesados denuncian pericias "mal hechas" de la Fiscalía

Un vehículo aparecía en los registros del SRI con despachos de miles de galones de combustible que superaban por completo su capacidad física de almacenamiento. Para la teoría del caso de la Fiscalía General del Estado, esa era la prueba de un esquema de comercialización ilegal de combustibles.

Sin embargo, en la recta final de la audiencia de juicio del denominado Caso Triple A, las declaraciones de los propietarios y las contadoras de las estaciones de servicio procesadas han buscado desmantelar esa premisa al atribuir los hallazgos a fallas en la investigación.

Entre los testimonios que receptó el Tribunal Penal consta el de Fausto Vaca, propietario de la estación de servicio Espíndola, situada en una parroquia rural del cantón Amaluza, en la provincia de Loja. El empresario asistió, de forma virtual, a la diligencia para responder a una de las principales imputaciones del Ministerio Público: la venta de 342.000 galones de gasolina y diésel asignados a una misma placa de vehículo a lo largo de 18 meses.

La exigencia de la ARCH y los errores de facturación

Durante su intervención, Vaca explicó que la concentración de facturación en una sola placa no respondía a un tráfico de combustible, sino a una disposición operativa de la propia autoridad de control. Según su relato, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) obligaba a las estaciones a consolidar en una única placa los despachos destinados a múltiples unidades pertenecientes a instituciones públicas.

"Se hace una factura a una única placa de un camión, pero se despachaba a muchas volquetas, porque así nos obligaba el técnico de la ARCH", detalló el comerciante al señalar que los peritos de la Fiscalía omitieron investigar el funcionamiento real de los centros de distribución en zonas rurales.

Inconsistencias en la actualización de datos informáticos de los clientes

Vaca citó el caso de un cliente que vendió su camioneta y adquirió un nuevo auto que registró bajo el mismo RUC. Al emitir el comprobante, el sistema arrastraba por error la placa del primer automotor.

Su defensor, Ernesto Pazmiño, aclaró que en 2023 la estación emitió facturas al Municipio de Espíndola y a una persona natural por 54 galones. Aunque la Fiscalía lo acusa de no registrar la placa en el comprobante, el propietario sí ingresó los nombres y datos completos de los adquirentes.

"Soy un trabajador honesto, en mi pueblo me dicen contrabandista"

El impacto personal y social del proceso penal afloró en el tramo final de su declaración. Conmovido hasta las lágrimas, el empresario lojano relató el deterioro de su entorno familiar y laboral a raíz de la acusación. "Soy un trabajador honesto; por este caso, la gente en mi pueblo me dice contrabandista. He sufrido mucho".

Rosa Ortiz: Errores en pagos, pólizas y clasificación de clientes

En la misma línea, la noche del sábado 25 de julio, rindió su testimonio Rosa Marbella Ortiz González, propietaria de la Gasolinera Buenavista y del Depósito Industrial Buenavista (sector industrial), ubicados en el cantón Pasaje, en la provincia de El Oro. La procesada afirmó ante el tribunal que la Fiscalía la vinculó sobre la base de premisas erróneas y peritajes descontextualizados.

"No ha sido fácil para mí estar en este momento aquí. Es una situación incómoda estar involucrada en un proceso tan difícil, pero por respeto al tribunal y a la verdad, debo decir que la Fiscalía me ha involucrado en hechos que yo no he cometido".

La empresaria, que administra su estación automotriz que despacha a vehículos y también vende bajo el régimen de cuantías domésticas que otorga la ARCH (con límites de hasta 1.600 galones para actividades acricolas, etc), rebatió tres puntos centrales de los informes del Ministerio Público:

Ortiz enfatizó además que, aunque la gasolinera automotriz y el depósito industrial comparten el mismo RUC, ambas unidades disponen de tanques de almacenamiento independientes y que la compra en papel no implica el ingreso físico del derivado sin la guía de remisión, la factura y los sellos de seguridad de Petroecuador.

"Yo puedo hacer compras (de combustibles) un mismo día, pero no significa que ese mismo día me despachan; no significa que yo los tenga en mis depósitos", dijo.

La procesada también terminó su testimonio envuelta en lágrimas, pues consideraba injusto su procesamiento, que le ha causado problemas físicos, económicos y psicológicos. "Tenga que ser fuerte por mis hijas, pero lloro todas las noches".