Caso Progen: Fabián Calero denuncia "graves vulneraciones" a sus derechos ante entes internacionales

Fabián Calero, exgerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) y exviceministro de Energía, presentó una denuncia pública ante diversos organismos internacionales de derechos humanos en el marco del caso Progen.

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En el documento, fechado este viernes 25 de septiembre de 2026, el exfuncionario detalla una serie de supuestas irregularidades procesales y vulneraciones a sus derechos fundamentales.

Caso Progen: ¿Qué alega Calero?

Calero explica que su designación temporal ocurrió durante la severa crisis energética de 2024, cuando el Ejecutivo dispuso la contratación de generación termoeléctrica de emergencia mediante decretos y acuerdos ministeriales.

Bajo este contexto, sostiene que su "único acto administrativo en todo este caso fue la emisión, el 10 de junio de 2024, de una Resolución de Emergencia y Delegación", la cual encargó la ejecución a las Unidades de Negocio de Celec -en particular Termopichincha y Electroguayas- "bajo su exclusiva responsabilidad y en cumplimiento estricto de la normativa vigente".

Calero argumenta que dicha resolución estuvo respaldada por informes jurídicos y técnicos basados en determinaciones del Cenace, y subraya que en ella "no se estableció proveedor alguno, ni se autorizó la compra de equipos usados o de chatarra".

Añade que un peritaje clave incorporado por la propia Fiscalía concluye que las decisiones de las fases precontractual y contractual correspondieron a los gerentes de dichas unidades de negocio y no a él.

Fabián Calero denuncia "prisión preventiva arbitraria"

Asimismo, Calero denuncia haber sido víctima de una persecución penal selectiva y de una "prisión preventiva arbitraria" dictada el 22 de mayo de 2026. Afirma que la medida se sustenta en una imputación de tipicidad controvertida y en un supuesto riesgo de fuga derivado de su salida del país, la cual —según aclara— obedeció a "amenazas contra mi vida, que denuncié antes de conocer la formulación de cargos".

En este sentido, el exfuncionario sostiene que su salida respondió a que "protegerse de un riesgo cierto contra la propia vida no puede convertirse en indicio de fuga".

El denunciante relata que el 18 de marzo de 2026 acudió a la Fiscalía como testigo protegido dentro del Sistema de Protección a Víctimas y Testigos (SPAVT) tras recibir amenazas para no declarar sobre hechos que comprometen a altas autoridades del sector energético.

Sin embargo, señala que esa condición le fuera "retirada abruptamente el 29 de abril de 2026, sin nuevos elementos", lo que provocó su paso de colaborador a procesado y lo colocó en riesgo frente a la crisis del sistema penitenciario.

Calero acusa "violación de la presunción de inocencia"

En el ámbito procesal, Calero acusa una "violación de la presunción de inocencia y linchamiento mediático", señalando que se ha desplegado una campaña estatal que lo presenta como responsable directo antes de cualquier juicio justo.

Sostiene que esta narrativa se ha trasladado incluso a foros internacionales y que se le ha impedido rendir su versión telemáticamente.

"Se me exige rendir la de manera física y en lo posterior a mi solicitud de ampliación de versión [...] para tratar de esconder el verdadero propósito de Fiscalía: callarme", expone Calero en el documento.

El exfuncionario califica de "trato abiertamente discriminatorio" el hecho de que a otros procesados e involucrados sí se les haya permitido comparecer a las diligencias por medios telemáticos.

"Se me coloca así una disyuntiva inaceptable: o regreso a un país donde mi vida corre riesgo para ser encarcelado, o se me impide ser escuchado dentro de mi propio proceso", señala.

En el documento, Calero también invoca el principio de doble juzgamiento (non bis in idem), argumentando que la Contraloría General del Estado, mediante un informe de abril de 2025, validó sin observaciones las resoluciones que hoy se criminalizan.

Agregó que un posterior cambio de criterio responde a la necesidad de "desviar la atención de los verdaderos responsables y de encontrar una "cabeza de turco"".

Asimismo, cuestiona la acusación por el delito de peculado, señalando que la Fiscalía "no ha logrado individualizar cuál de los verbos rectores del tipo —abusar, apropiarse, distraer o hacer uso indebido de fondos públicos— correspondería a mi conducta".

Con lo expuesto en el documento, Calero formaliza su solicitud a la comunidad internacional —incluyendo a la ONU, la OEA y diversas organizaciones de derechos humanos— para que observen el desarrollo del proceso y emitan pronunciamientos públicos.

Específicamente, pide que se exhorte al Estado ecuatoriano a "permitir que rinda mi versión y comparezca a todas las diligencias y audiencias del proceso por medios telemáticos, en igualdad de condiciones con los demás procesados".