Audiencia
Caso Progen: Conjuez mantiene la prisión preventiva para los técnicos de Celec
Este sábado 26 de septiembre finaliza la instrucción fiscal del caso Progen, que es la fase para recopilar elementos de convicción
Progen: La audiencia para revisar las medidas cautelares se realizó el 24 y 25 de septiembre de 2026.
El conjuez nacional Rodrigo Sarango mantuvo la prisión preventiva para 11 de los 12 procesados que solicitaron revisar sus medidas cautelares dentro del caso Progen, relacionado con los contratos que Celec suscribió con Progen durante la crisis energética de 2024.
Solo para Byron Orozco, exgerente de Termopichincha, se le confirmó el arresto domiciliario, debido a un cáncer que padece.
La audiencia se reinstaló este 25 de septiembre de 2026 en la Corte Nacional de Justicia. Los pedidos incluían la sustitución, modificación o revocatoria de las medidas impuestas a los procesados.
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La causa investiga un presunto peculado en la contratación de generación termoeléctrica para las centrales de Salitral y Quevedo. Con las últimas vinculaciones, el expediente reúne a 31 procesados.
Los 12 procesados que acudieron a la audiencia para pedir la revisión de sus medidas cautelares son, en su mayoría, técnicos de Celec: Luis Paúl Flores Armas, Marvin Bryan Rubio Zapata, Holger Santiago Jaramillo Suntaxi, Byron Fernando Orozco Moreno, Carlos Iván Villacís Moya, Gabriela Alexandra Toazo Caiza, Daniel Eduardo Suárez Quilumbango, Nelson Antonio Castro Rodríguez, Marlon Iván Casilla Hernández, Daniela Piedad Gordillo Ramírez, Marcos Alberto Guerrero Bravo y Verónica Andrea Villavicencio Cabrera.
La Fiscalía sostiene que en la contratación de los generadores existió una cadena de presuntas irregularidades que habría ocasionado un perjuicio al Estado. El monto señalado en la investigación es de 104 millones de dólares.
El caso también involucra al exministro de Energía Antonio Gonçalves, al exgerente de Celec Fabián Calero y a representantes de Progen, entre otros procesados.
La investigación se concentra en los contratos suscritos para la adquisición de generación eléctrica durante la emergencia energética de 2024. La Fiscalía sostiene que los procesados habrían intervenido en actuaciones que permitieron la contratación y ejecución de esos proyectos.
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