Fabián Calero revela la red de Luque y Manzano que sostuvo a Progen

Estuvo apenas dos meses y 14 días. Aunque Roberto Luque fue el ministro que menos tiempo estuvo al frente de Energía, desde el primer día de su encargo colocó a funcionarios de confianza en cargos clave para llevar adelante los contratos de Progen y Austral Technical Management (ATM).

Hoy, dos de esas personas de su red de influencias serán vinculadas al caso Progen, en la audiencia prevista para este lunes en la Corte Nacional de Justicia. Se tratan de José Manuel de Oliveira, excoordinador jurídico del Ministerio de Energía, y Peter Dreher, asesor de esa cartera, quien se encuentra fuera del país.

Según la versión libre y voluntaria que Fabián Calero, exgerente de Celec y exviceministro de Energía, entregó por escrito a la Fiscalía, varios de los funcionarios que llegaron a cargos estratégicos en Celec fueron colocados por Luque y permanecieron en sus puestos después de su salida.

Calero sostiene que esa estructura tuvo influencia en las áreas jurídicas, técnicas y financieras de Celec y sus unidades de negocio, entre ellas Termopichincha, donde se firmaron y ejecutaron los contratos con Progen para las centrales de Salitral y Quevedo.

Una red en los puestos clave en Celec

Su relato también incorpora a funcionarios del Ministerio de Energía y a asesores que, según él, mantuvieron líneas directas de comunicación con las autoridades políticas durante la ejecución de esos contratos.

La versión de Calero va más allá de los 21 procesados que hasta ahora constan en el caso. Una de las personas clave en la conformación de esta estructura fue Victoria Hidalgo, funcionaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a quien identifica como “mano derecha” de Roberto Luque.

Según su versión, Hidalgo fue quien se encargó de gestionar la incorporación de funcionarios a Celec matriz y a sus unidades de negocio desde abril de 2024.

Calero afirma que Hidalgo coordinaba por WhatsApp con Mercedes Piñeiro, entonces jefa de Talento Humano de Celec, la llegada de funcionarios a las áreas jurídicas y financieras de las empresas más sensibles para los contratos de generación. Entre los funcionarios que identifica están Christian Dahik, subgerente jurídico de Termopichincha; Carlos Villacís, subgerente técnico; Ana Cristina Leyton, asesora y luego subgerente jurídica de Electroguayas; Gabriela Rodríguez Morejón, directora jurídica de Celec matriz, y Héctor Solórzano, asesor de Gerencia.

Calero sostiene que Fiscalía encontró elementos que permitirían rastrear quiénes respaldaron esas designaciones. Pues en las oficinas de José Manuel de Oliveira y en poder de Ney Ochoa, asesor técnico de Inés Manzano y esposo de Sariha Moya, en ese entonces ministra de Finanzas, se encontraron hojas de vida de funcionarios incorporados a Celec.

Esos documentos, afirma, tenían sumillas con las iniciales “V.E.”, “J.B.”, “J.O.” y “R.L.”. Para Calero, no eran simples rúbricas. Las identifica como las iniciales de Valentín Elizalde, Jaime Belles, José Manuel de Oliveira y Roberto Luque.

Luque salió, pero la estructura permaneció

El 12 de octubre de 2024, Calero pasó de gerente de Celec a viceministro de Energía. Para entonces, los contratos de Salitral y Quevedo ya estaban firmados, pagados y en ejecución. La llegada de Inés Manzano al Ministerio no significó el desmantelamiento de la estructura que había dejado Luque.

En noviembre de 2024 salió Byron Orozco de la Gerencia de Termopichincha. Su reemplazo fue Gonzalo Guerrón, quien llegó por disposición de Manzano, según elexfuncionario.

Desde esa gerencia se estableció una línea directa para reportar a Manzano los avances de los contratos de Progen. Los reportes también llegaban a Cinthya Gillibert y Ney Ochoa.

El exviceministro asegura que recibió varios de esos informes. Pero sostiene que ninguno contenía una alerta sobre el verdadero estado de los equipos. “Dentro de todos los reportes enviados en ninguno de ellos jamás existió una alerta de la que yo me haya enterado”, señala Calero en su versión.

Según el exfuncionario, la situación real de los equipos solo quedó clara cuando se retiraron los plásticos que los cubrían y se constató su estado.

La adenda que mantuvo vivo el contrato

En la versión, la decisión de sostener a Progen con una adenda fue tomada en el Palacio de Carondelet. El exviceministro sostiene que Inés Manzano y Cinthya Gillibert autorizaron a Gonzalo Guerrón a firmar una adenda al contrato de Quevedo.

La modificación extendió el plazo para la entrega de la central hasta el 28 de febrero de 2025, pese a los incumplimientos que, según Calero, ya acumulaba Progen.

En julio de 2025, según Calero, los problemas de Progen ya eran insostenibles. Fue entonces cuando, según su relato, Inés Manzano le pidió su cargo. “Necesito que presentes tu renuncia a tu cargo, no es una decisión mía sino del Gobierno, me pidieron tu cabeza o alguien más importante”, asegura Calero que le dijo la entonces ministra.

Según el exviceministro, Manzano también le manifestó que el Gobierno buscaba “una cabeza de turco” por el caso Progen y que él había sido escogido. Con la versión de Calero se pone sobre la mesa documentos, designaciones, comunicaciones y decisiones que podrían ampliar el mapa del caso si es que la Fiscalía quisiera abrir esa línea de investigación.

Regional del Sur: la mano de De Oliveira asoma en Loja

La historia de Progen no comienza en Salitral ni en Quevedo. El primer contrato fue con la Empresa Eléctrica Regional del Sur (EERSSA). Según la versión, ese contrato establecía sobreprecio del 34 %. 

Según Calero, el gerente de EERSSA, le contó, en presencia de Ney Ochoa, que no había firmado el contrato con Progen. Lo había hecho su antecesor, Richard Baca. 

Pero también le relató que, pocos minutos después de asumir la gerencia de EERSSA, en julio de 2024, recibió una llamada de José Manuel de Oliveira. Según él, De Oliveira le indicó que cualquier contrato podía caerse, excepto el de Progen. Calero indica que estas irregularidades las informó a Inés Manzano, en enero de 2025, y a Antonio Mora, de Contraloría.