CASO PROGEN
Fabián Calero se defiende en caso Progen: detalles de su versión entregada a Fiscalía
En 43 páginas, el exgerente de Celec, Fabián Calero, señala cuál fue su rol en la emergencia energética que sufrió Ecuador y apunta al ministro Roberto Luque
Figura. Fabián Calero fue gerente de Celec en 2024 y hoy es parte de los 21 procesados.
Lo que debes saber
- Calero entregó 43 páginas a la Fiscalía tras la negativa a comparecer por Zoom.
- Afirma que Roberto Luque y el Ministerio de Energía lideraron tratos con proveedores.
- Deslinda responsabilidad en contratos y sostiene que Celec sufrió una estafa.
El exgerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), Fabián Calero, remitió a la Fiscalía General del Estado un escrito de 43 páginas con su versión dentro de la instrucción fiscal del caso Progen. El exfuncionario acudió a este formato ante la negativa del Ministerio Público de concederle un enlace de Zoom para rendir su versión de manera telemática tras tres solicitudes consecutivas. En el documento, Calero desmarca su gestión de las irregularidades en la contratación de generación térmica durante la emergencia energética de 2024 y apunta al direccionamiento desde el Ministerio de Energía y Minas.
Disposiciones sobre el personal y hallazgo de documentos en Celec
En su versión, Calero señaló que el entonces ministro de Energía, Roberto Luque, dispuso la designación de funcionarios en partidas de asesores de gerencia de Celec para que coordinaran directamente con la cartera de Estado. Asimismo, mencionó que Victoria Hidalgo, quien se presentaba como delegada del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, fue encargada de definir las contrataciones en la matriz y unidades de negocio.
El exgerente detalló que, durante su posterior paso como viceministro, se halló información administrativa sensible:
- Hojas de vida y un listado consolidado del personal ingresado estaban en una caja en el despacho de José Manuel de Oliveira.
- La información fue reportada a la fiscal Luzmila Llugcha para la ejecución de diligencias.
- La Fiscalía ejecutó un allanamiento para recabar los expedientes, que estaban en poder de Ney Ochoa, asesor técnico de Inés Manzano y cónyuge de la ministra de Finanzas, Sariha Moya.
- Entre las designaciones mencionadas constan la de Christian Dahik como subgerente jurídico y Carlos Villacís como subgerente técnico en Termopichincha.
El manejo de proveedores y contrataciones durante la emergencia eléctrica
Calero afirmó que el Ministerio de Energía y Minas gestionó de forma privada y directa las reuniones con los oferentes de soluciones térmicas, citas en las que no participó ni fue convocado. Señaló que conoció estas gestiones mediante copias de correos electrónicos dirigidos al ministro Luque.
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Coordinación de ofertas y matrices comparativas
Según la versión, el ministerio estructuró una matriz de Excel elaborada por Byron Benalcázar bajo la supervisión de Xavier Granja para estandarizar las ofertas recibidas. Como prueba, citó una comunicación del 26 de abril de 2024 de Gustavo Arrobo, representante de ATM, quien remitió una propuesta de venta y alquiler tras una reunión sostenida el 24 de abril de ese año.
Además, Calero indicó que mediante el Oficio N.° MEM-MEM-2024-0003-CIR del 23 de abril de 2024, el ministro Luque dispuso que todo proceso de contratación pública por la emergencia fuera canalizado y aprobado previamente por la Coordinación General Jurídica del ministerio, encabezada por José Manuel de Oliveira.
Celec y Progen tienen un litigio en Estados Unidos.
La visita técnica a las instalaciones de Progen en Estados Unidos
Respecto al viaje a Estados Unidos, Calero sostuvo que la logística no fue planificada ni financiada por Celec:
- La coordinación general estuvo a cargo del Ministerio de Energía tras una invitación de Karla Saud, representante de Progen, dirigida al asesor ministerial Peter Derher.
- El objetivo institucional fue recopilar información técnica de centrales en operación comercial e infraestructura de generación térmica.
- Al llegar a Tampa, Calero se trasladó por sus propios medios a la sede de la empresa, donde coincidió con Saud, Andrew Williamson y John Maining, a quienes no conoció antes.
Recursos económicos y alcance del contrato llave en mano
El exgerente explicó que las centrales Quevedo, Salitral, Esmeraldas y el alquiler de generación no constaban en el Plan Maestro de Electricidad, por lo que requerían un acuerdo ministerial y la asignación de fondos del Ministerio de Economía y Finanzas. Dicho financiamiento se formalizó mediante un acta tripartita el 16 de julio de 2024 y fue notificado el 3 de septiembre de 2024 al ministro Antonio Goncalves por la subsecretaria de Presupuesto, Tatiana Calán.
Calero enfatizó que los contratos fueron estructurados bajo la modalidad EPC (llave en mano) para el montaje de centrales completas con equipos nuevos y no para la simple adquisición de generadores:
- Los contratistas debían proveer obras civiles, casa de máquinas, interconexión eléctrica, transformadores y sistemas de combustible.
- La responsabilidad técnica y operativa recae en el desarrollador frente a Celec.
- La suscripción contractual correspondió exclusivamente a las Unidades de Negocio ejecutoras.
Los 10 descargos principales presentados por Calero
En la parte final de su declaración, Calero enumeró una serie de precisiones para deslindar su responsabilidad penal y administrativa:
- No haber recibido beneficios económicos ni formar parte de rutas de dinero bajo indagación.
- Ausencia de contacto previo o nexos familiares con Karla Saud o delegados de Progen.
- No haber participado en la elaboración de términos de referencia para las centrales Salitral y Quevedo.
- No haber suscrito contratos de emergencia ni aprobado pagos a contratistas.
- Inexistencia de presiones o amenazas a comisiones técnicas o administradores de contrato.
- Falta de alertas técnicas formales que advirtieran sobre equipos usados o en mal estado.
- Gestión de recursos y agenda internacional centralizada en el Ministerio de Energía.
- No haber autorizado adendas contractuales en los procesos emergentes.
- Justificación de su patrimonio sin observaciones previas de la Contraloría General del Estado.
- Declaración de que la institución fue víctima de un perjuicio por parte de la contratista, solicitando a la Fiscalía una valoración objetiva del expediente.
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