Mancheno dice que informe sobre Progen llegará al Pleno pero deja todo en manos de comisión

El caso Progen y la fiscalización de la Comisión de Transparencia, presidida por el oficialismo, vuelve a discusión en la Asamblea Nacional. La presidenta del organismo, Mishel Mancheno, aseguró que el tema sí llegará al Pleno.

Este 13 de agosto de 2026, Mancheno presentó su agenda legislativa para lo que resta del primer ciclo del actual periodo legislativo. La titular del organismo habló de tres ejes que guiarán su hoja de ruta: seguridad, desarrollo humano y economía.

En el marco de dicha presentación, fue consultada sobre lo que ocurrirá con el informe que aprobó la Comisión de Transparencia, en el que se liberó de responsabilidades a los ministros de Daniel Noboa por el contrato entre CELEC y la empresa Progen, que tenía como finalidad la generación eléctrica en medio de la crisis de 2024.

“Vamos a estar pendientes de la comisión, sobre cuándo cuándo envían al Pleno (el informe). Se lo va a tratar. Se va a fiscalizar. Deben estar seguros de que, en la agenda parlamentaria uno de los principales ejes es la fiscalización”, aseguró Mancheno.

Es decir, la presidenta del Legislativo dejó en manos de la presidenta de la Comisión de Transparencia, Diana Jácome, el avance del caso. Esto ocurre después de que Niels Olsen, expresidente de la Asamblea, primero señalara que el informe no se trataría y luego indicara que sería abordado una vez que el caso siguiera su curso en el ámbito legal.

El informe de la Comisión de Transparencia

En diciembre de 2025 se conoció el resultado del proceso de fiscalización que inició la Comisión de Transparencia, presidida por Diana Jácome. Dicha mesa legislativa tomó el control de la fiscalización después de que, con aval del Consejo de Administración Legislativa (CAL), el proceso le fuera retirado a la Comisión de Garantías Constitucionales, controlada por el correísmo.

El documento no estableció responsabilidades políticas. Es decir, ningún ministro que ocupó el cargo durante la firma del contrato y la entrega del dinero por los generadores eléctricos fue señalado.

El informe señaló: “De las actuaciones ejecutadas en los procesos de contratación emergente para la generación de energía eléctrica en Salitral, Quevedo y Esmeraldas, no se desprenden actos u omisiones imputables a las autoridades públicas previstas en el artículo 131 de la Constitución de la República que se configuren en un incumplimiento de funciones”.

El documento también concluyó que la Contraloría ya había establecido responsabilidades administrativas, civiles culposas e indicios de responsabilidad penal.

Asimismo, entre sus conclusiones, señaló que “las actuaciones ejecutadas en los procesos de contratación emergente para la generación de energía eléctrica en Salitral, Quevedo y Esmeraldas, se encuentran en investigación por parte de la Fiscalía General, que es el órgano competente para impulsar la acción penal”.

Cinco meses después de la aprobación del informe, Olsen fue consultado sobre cuándo sería tratado en el Pleno. El entonces presidente de la Asamblea aseguró que el documento había sido remitido a las autoridades competentes, entre ellas la Fiscalía General.