Bernardo Tobar Carrión | Preguntas que no se hacen

En el año 93 una reforma legal habilitó la inversión privada en la producción petrolera mediante los contratos de participación y en la Constitución del 98 se eliminó el concepto mismo de sectores estratégicos. La industria empezó a crecer a paso redoblado apenas terminado el monopolio público y la iniciativa privada contribuyó a elevar la producción a 535.000 bpd al cierre de 2006. Hasta que llegó la revolución ciudadana con su trasnochada consigna estatista, reeditada en Montecristi, y empezó la debacle, no obstante el máximo histórico de precios entre 2008 y 2014. Los resultados: una caída sostenida hasta llegar a 475.272 bpd al cierre de 2024. Y seguirá decreciendo, pues se ahuyentó la inversión de riesgo, indispensable para renovar reservas. 

Otro tanto ha sucedido con la gestión pública del sector eléctrico, que ha sumido al país en tinieblas, literalmente. Y con la omnipresencia estatal florecieron otros males, como en cualquier esquema que no rinde cuentas, como lo prueba tanto tinglado digno y soberano. Y corrupto. Ahí está la fallida Coca-Codo, las lucrativas preventas petroleras o la inexistente refinería del Pacífico, para recordar apenas tres casos de una lista enciclopédica que da para varios tomos.

El Ecuador puede salir de la quiebra fiscal y revertir la vergonzosa tasa de desempleo si empieza por cosechar la fruta madura de las inversiones que demanda el desarrollo minero, el déficit estructural de generación eléctrica y la recuperación del sector petrolero, con sus cadenas productivas. Pero no; la atracción de inversiones sigue siendo una meta escurridiza. Es positivo que el Gobierno proponga reformas constitucionales al sistema político, como eliminar el CPCCS y las asignaciones a partidos o reducir el número de asambleístas. El juicio político a los magistrados de la Corte Constitucional merece análisis aparte, por las negativas implicaciones para su independencia. Y es inconstitucional limitar el trabajo por horas a un solo sector económico, privando de igual oportunidad a tanto desempleado. Dicho esto, ¿es más imperioso para el crecimiento económico y la generación de empleo habilitar casinos y salas de juego o reformar el anacrónico lastre del monopolio estatal de marras? Sin embargo, los casinos constituyen la única pregunta en materia económica de la consulta popular.