Los casos de corrupción no resueltos con los que Ecuador arrancará el 2026
2026 inicia con la sombra de casos de corrupción que aún esperan justicia en Ecuador
El 2025 dejó al descubierto un poder judicial manchado por la corrupción, donde el crimen organizado encontró aliados en sectores de la justicia. Casos como Purga, Reconstrucción de Manabí, Metástasis y Plaga evidenciaron cómo las redes irregulares alcanzan tanto a las grandes obras públicas como al sistema judicial y a las más altas esferas políticas.
Bajo esta sombra, el 2026 arranca con una pesada herencia de procesos aún sin resolver, que mantienen en duda la capacidad del Estado para cerrar ciclos de impunidad. Investigaciones sobre presuntos sobornos en contratos de infraestructura pública, el esclarecimiento del crimen del excandidato presidencial Fernando Villavicencio y la infiltración de mafias extranjeras en instituciones estatales y policiales siguen abiertas.
Estos y otros procesos en curso marcarán la agenda política y judicial del país en un año clave para definir si Ecuador enfrenta la corrupción o vuelve a repetir el mismo patrón.
Caso Sinohydro: Lenín Moreno y 23 procesados rumbo a juicio
El caso Sinohydro gira en torno a presuntos sobornos por 76 millones de dólares vinculados a la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Según la Fiscalía, la empresa china habría entregado pagos ilegales equivalentes al 4% del valor de la obra, canalizados mediante consultorías ficticias y transferencias irregulares.
Entre los acusados figuran el expresidente Lenín Moreno, su esposa Rocío González, su hija, hermanos y otros allegados, además de empresarios como Conto Patiño y exfuncionarios relacionados con la adjudicación del proyecto.
La Fiscalía sostiene que Moreno y su círculo familiar recibieron más de un millón de dólares en dádivas, mientras que otros procesados se beneficiaron de pagos para facilitar la contratación. También se señala a ciudadanos chinos vinculados a Sinohydro, incluido el exembajador Cai Runguo.
Etapa de juzgamiento y posibles recursos en el caso Sinohydro
En diciembre de 2025, el conjuez Olavo Hernández de la Corte Nacional de Justicia llamó a juicio a 21 de los 24 procesados, incluido el expresidente Lenín Moreno como autor directo de cohecho. Tres fueron sobreseídos, aunque la Fiscalía anunció que apelará esa decisión. Con ello, el proceso entró en la fase de juzgamiento.
Para 2026 se prevé que la Fiscalía impulse su apelación y que se instale el tribunal encargado de las audiencias orales. Según el penalista Cueva, cualquier sentencia —sea condenatoria o absolutoria— podrá ser apelada tanto por los procesados como por la Fiscalía. En esa segunda instancia, otro tribunal de la Corte Nacional decidirá si mantiene o revoca el fallo inicial.
Además, existe la posibilidad de que el caso escale a la etapa de casación, un recurso extraordinario con reglas propias que no constituye una tercera instancia, pero que podría revisar aspectos jurídicos de la sentencia.
El caso León de Troya estará bajo la lupa en 2026
El denominado caso León de Troya continuará bajo la lupa en 2026. Esta investigación, iniciada en 2021, indaga las presuntas conexiones de Rubén Cherres con el ciudadano albanés Dritan Gjika, señalado por su posible participación en una red de narcotráfico internacional. El expediente también incluye los vínculos de Cherres con Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, lo que generó un fuerte impacto político y mediático en el país.
A pesar de los avances iniciales, la investigación fue archivada en marzo de 2022 por el juez Cristian Quinto Carpio, de la Unidad Judicial Penal de Manta, quien además dispuso que su contenido se mantenga en absoluta reserva judicial. Esta decisión frenó el desarrollo del proceso y mantuvo el expediente sin resolución definitiva, lo que explica por qué el caso ha permanecido sin mayores movimientos en los últimos años.
La relevancia del caso se intensificó recientemente, luego de la detención de la excomandante de la Policía, Tannya Varela, por su presunta participación en la filtración de información reservada dentro de expedientes sensibles, lo que reavivó las dudas sobre la transparencia institucional.
Así, el caso León de Troya se perfila como uno de los procesos judiciales más vigilados en 2026, tanto por sus implicaciones en la lucha contra el narcotráfico como por las repercusiones políticas que involucran a figuras cercanas al poder.
El caso Villavicencio: una investigación que no se detiene
A diferencia de otros procesos que quedaron archivados o bajo reserva, el magnicidio de Fernando Villavicencio continúa avanzando, pese a postergaciones y suspensiones judiciales.
Cada nuevo indicio revela los hilos y tentáculos de la corrupción, un entramado donde confluyen poder político, instituciones estatales y crimen organizado, bajo una sola investigación que busca dar con los autores intelectuales del asesinato del excandidato presidencial, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito.
Los implicados en la trama
La Fiscalía ha señalado como presuntos autores intelectuales al exministro del Interior José Serrano, al exasambleísta Ronny Aleaga, y a los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, quienes enfrentan procesos por su presunta participación en la planificación del crimen. Además, se intenta vincular a cabecillas del grupo narcodelictivo Los Lobos, entre ellos Wilmer Chavarría (alias Pipo), Ángel Aguilar (alias Lobo Menor) y Luis Arboleda (alias Gordo Luis), cuya audiencia de vinculación fue suspendida en diciembre de 2025.
Las denuncias de sus hijas
Las hijas del político, Amanda y Tamia Villavicencio, han sido reconocidas como acusadoras particulares en el proceso. Ellas han denunciado públicamente dilaciones judiciales, intentos de interferencia y presiones indebidas. Incluso recusaron a jueces por supuestos vínculos políticos y renunciaron a cualquier reparación económica, exigiendo únicamente justicia y la identificación de los responsables. Su defensa también alertó sobre intentos de funcionarios de participar en audiencias sin ser parte procesal, lo que consideran un riesgo de manipulación.
Etapa judicial hacia 2026
Para finales de 2025, el caso se encuentra en fase de vinculación y formulación de cargos contra los presuntos autores intelectuales, con audiencias reprogramadas para diciembre y enero. La Fiscalía mantiene la investigación abierta y bajo reserva, mientras se acumulan pruebas testimoniales y pericias financieras.
El proceso judicial se proyecta como uno de los más relevantes de 2026, pues busca sentar un precedente en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción política en Ecuador.
Caso Progen: contratos fallidos bajo investigación
Tras el impacto del caso Villavicencio, otro proceso clave marcará la agenda judicial de 2026: el caso Progen, también conocido como Apagón. La investigación se centra en el fallido contrato entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) y la empresa estadounidense Progen Industries, que debía instalar equipos de generación termoeléctrica en Quevedo y Salitral. El proyecto nunca se concretó y, según la Contraloría, habría causado un perjuicio cercano a los $ 100 millones
Actualmente, el expediente se encuentra en fase de investigación previa en la Fiscalía, sin procesados formalmente. Durante 2025 se realizaron allanamientos en Quito, Guayaquil y Samborondón, incluyendo domicilios de exfuncionarios como Fabián Calero y Antonio Gonçalves, además de oficinas de entidades como Termopichincha, Cenace y Electroguayas.
#AHORA | #CasoApagón: en el marco de una investigación por presunto #Peculado, #FiscalíaEc y @PoliciaEcuador ejecutan allanamientos en 11 inmuebles ubicados en las provincias de #Guayas y #Pichincha. pic.twitter.com/uGKnH0DuBh
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 28, 2025
La Asamblea también analiza responsabilidades
En paralelo, la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional debate un informe de fiscalización sobre los contratos de Celec con Progen y ATM. El borrador concluye que no se desprenden responsabilidades directas de autoridades públicas, aunque el documento aún debe ser votado.
De cara a 2026, se espera que la Fiscalía avance hacia la formulación de cargos por presunto peculado, mientras la Asamblea defina su postura institucional. El desenlace será clave para esclarecer uno de los contratos más cuestionados del sector eléctrico y para recuperar la confianza ciudadana en la gestión pública.
El caso HealthBird entra en 2026 con fiscalización legislativa aún sin resolver
Otro proyecto fallido que terminó en polémica es el de HealthBird, presentado en Ecuador en marzo de 2025 como la solución tecnológica para modernizar el sistema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
La iniciativa, aprobada por el Consejo Directivo del IESS, buscaba reemplazar plataformas obsoletas de más de tres décadas y avanzar hacia una gestión clínica, administrativa y financiera unificada. El proyecto se canalizó mediante un convenio con la estatal CNT, que firmó un acuerdo comercial con la empresa estadounidense para su ejecución.
Sin embargo, a pesar de plantearse como una mejora urgente, la ejecución a cargo de la empresa estadounidense nunca pasó de la propuesta inicial. El plan no logró concretarse y acabó sumido en una fuerte controversia, dejando inconcluso el intento de renovar la infraestructura tecnológica del instituto.
De qué trata el proyecto
El contrato, valorado en $ 37,7 millones, contemplaba la implementación del Sistema de Administración y Gestión en Salud (SAGS), con el que se esperaba mejorar la atención a los afiliados y optimizar procesos internos. HealthBird, filial de Reflekt Technologies Corporation, se presentó como la encargada de proveer la plataforma digital y las aplicaciones móviles necesarias para la transformación tecnológica.
La polémica y la salida de HealthBird
El 8 de diciembre de 2025, la empresa anunció su retiro de Ecuador, alegando falta de seguridad jurídica y la existencia de “intereses oscuros” que frenaron el proyecto. La decisión generó un intenso debate político:
- La bancada de la Revolución Ciudadana (RC) exigió levantar la confidencialidad del acuerdo y acceder a la información reservada para fiscalizar el proceso.
- El oficialismo calificó la iniciativa como un “show político”.
- Se reveló que la CNT dispuso pagos por $ 221.859 a HealthBird Ecuador S.A.S., lo que abrió nuevas dudas sobre la transparencia del contrato.
Lo que se espera en 2026
De cara a 2026, el caso HealthBird entra en la agenda con fiscalización legislativa aún sin resolver. Se espera que:
- La Asamblea Nacional vote la moción para levantar la reserva del acuerdo y esclarecer responsabilidades.
- La Fiscalía General del Estado evalúe si abre una indagación previa por presunto peculado o irregularidades contractuales, dependiendo de los hallazgos legislativos.
- El desenlace defina la confianza en proyectos de modernización tecnológica y en la capacidad del Estado de atraer inversión extranjera sin controversias.
2026 inicia con expedientes abiertos y fiscalización pendiente
El caso HealthBird, junto con los procesos aún inconclusos por el asesinato de Fernando Villavicencio y las irregularidades en el contrato de Progen, conforman el paquete de expedientes que marcan el inicio de 2026. Todos comparten un mismo denominador: la falta de resolución y transparencia institucional.
La Asamblea Nacional y la Fiscalía tienen en sus manos esclarecer responsabilidades, mientras la ciudadanía observa cómo estos casos ponen a prueba la credibilidad del Estado y la capacidad de sus autoridades para enfrentar la corrupción.
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