¿Otro caso Metástasis? Denuncian red de presiones para ayudar a un narcotraficante
Un juez ha sido víctima de presiones internas, amenazas y retiro de su seguridad. Los movimientos alcanzan al caso Triple A
La sola pregunta causa horror: ¿Instrumentalización de la justicia para beneficiar a un líder de una organización criminal? No, no se trata de Metástasis, Plaga, Purga, Narco Tentáculos o Fachada, aunque los modus operandi lucen idénticos.
Este 17 de diciembre de 2025, el penalista Felipe Rodríguez denunció públicamente un nuevo caso de presunta corrupción judicial. El protagonista es el juez Carlos Serrano Lucero, de la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado.
Su historia comienza el 12 de septiembre de 2025, cuando el Consejo de la Judicatura, con los votos de Mario Godoy y la entonces vocal Yolanda Yupangui, levantó la suspensión de los jueces anticorrupción Cristian Quito, Jairo García y Gabriela Lara. Los tres son investigados por la Fiscalía en el caso Fachada, por su presunta participación en un esquema para favorecer judicialmente a miembros de la organización criminal Comandos de la Frontera.
Jueza restituida en el cargo llega al caso Euro2024
Ese mismo mes llegó a manos de la jueza reintegrada Gabriela Lara el caso Euro2024. Se trata de una megainvestigación por lavado de activos liderada por la Fiscalía de Ecuador, con asistencia penal de Alemania. El expediente señala una red transnacional vinculada al tráfico de drogas hacia Europa, liderada por el serbio Jezdimir Srdan, hoy detenido. Lara fungió como jueza ponente del tribunal de juicio. Los otros miembros fueron Carlos Serrano y Christian Fierro.
En noviembre, ya con las audiencias de juicio convocadas, ocurrió la primera amenaza: desconocidos colocaron un carro bomba en la parte posterior del Complejo Judicial Norte, en Quito, a pocos metros de los despachos de Anticorrupción. El vehículo cargaba tres bombonas de GLP que fueron detonadas de forma controlada por la policía.
Las presiones no solo provinieron de una organización criminal. Según Rodríguez, un alto funcionario del Consejo de la Judicatura, habría intentado operar desde adentro. Ese funcionario le habría pedido a Serrano una reunión fuera del despacho. Serrano se negó e inmediatamente empezó a recibir llamadas insistentes. “Le solicitaron reunirse con personas extrañas fuera de su lugar de trabajo y, al negarse, le transmitieron un mensaje: ‘prestar especial atención a la defensa del extranjero’, es decir, entre líneas pedían su absolución”, afirmó Rodríguez.
El 20 de noviembre de 2025, cuando el tribunal dictaba sentencia, ocurrieron dos hechos. Primero, la jueza Lara salvó su voto y declaró inocente a la organización criminal. Su argumento: los bienes tenían origen lícito. Para Serrano y Fierro, la red lavó 11 millones de dólares provenientes del narcotráfico a través de empresas de fachada.
El segundo hecho fue la reacción del extranjero. Mientras escuchaba su condena, Srdan pasó un dedo por su propia garganta, en sentido horizontal, gesto que en la mafia equivale a una sentencia de muerte.
Un juez se queda sin seguridad y otro es suspendido
Ese episodio parecía suficiente para reforzar la seguridad de los magistrados. Sin embargo, el 2 de diciembre, Verónica Villalba Barriga, jefa de Apoyo Operativo de la Unidad Nacional de Protección de la Policía, le retiró la protección al juez Serrano. Dos días después, el 4 de diciembre, Serrano presentó su renuncia. Pero el Consejo de la Judicatura aún no la acepta.
Pese a que el tribunal de Serrano no tiene agenda disponible hasta abril, el caso Triple A, donde está procesado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue adelantado para el 24 de diciembre. Y el Gobierno de Daniel Noboa ha expresado públicamente su interés en que la sentencia sea condenatoria.
El adelanto de la audiencia se concretó después de un nuevo movimiento interno del Pleno del Consejo de la Judicatura. El organismo suspendió al juez Fierro, quien fungía como ponente, y colocó en su reemplazo al juez Jorge Sánchez, ahora responsable de la causa. El tribunal quedó conformado por la investigada Lara y el juez Serrano, quien permanece atrapado en un puesto que ya no desea ejercer por las presiones.
El silencio del Consejo de la Judicatura ante una grave denuncia
¿Qué dice el Consejo de la Judicatura ante esta denuncia? Nada. El organismo ha preferido el silencio. EXPRESO solicitó ayer una declaración oficial y también pidió información sobre las medidas de protección y los protocolos de seguridad aplicados durante 2025 para magistrados de la Unidad Anticorrupción.
Mientras el organismo guarda silencio, su presidente, Mario Godoy, se encuentra en Catar, en la décimo primera Sesión de la Conferencia de los Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC). Allí expuso los “logros” de la Función Judicial, habló de la “integridad como política de Estado” y del “fortalecimiento del sistema disciplinario”. Esa retórica contrasta con su administración: restituyó a jueces investigados.
Además, el propio presidente de la Judicatura aparece como investigado en el caso Pendrive, por presuntas presiones a la jueza Nubia Vera para impedir la restitución de la entonces vicepresidenta Verónica Abad, en plena pugna política con el presidente Noboa, en diciembre de 2024. Según el relato de Vera, esa presión habría sido ejercida por Henry Gaibor, actual director provincial de la Judicatura en Pichincha, y Jorge Carrillo, asesor de Godoy.
Esas investigaciones no avanzan. Se encuentran en el despacho del fiscal general encargado Carlos Alarcón, el mismo que manejó los casos Nene (contra Verónica Abad y su hijo), Triple A (contra el alcalde Aquiles Álvarez), entre otros que se han convertido en procesos de mucho interés para el Gobierno Nacional.
- Preocupación. La Fiscalía, dirigida por Carlos Alarcón, realiza cambios internos que incluyen sacar a los fiscales especializados en delincuencia organizada.
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