Xavier Zavala Egas | ¿Estado fallido?

Una de las cualidades más importantes de un régimen democrático, aquella que realmente lo califica como tal, es la independencia entre las funciones del Estado. Sí, claro, hay otras propiedades como el derecho al voto, la alternancia de autoridades y más, pero ninguna cubre a la nación con un aire de libertad, de seguridad y de confianza, como la existencia de un sistema de pesos y contrapesos que delimite el terreno y prevenga posibles excesos entre los poderes del Estado. 

Así, al menos teóricamente, es la Asamblea Nacional el centro del balance democrático, es el guardián, el cancerbero que asegura una leal y sana administración del país. Tan es así que una de sus funciones más importantes es la de fiscalizar a los servidores públicos del más alto nivel, pero, cuando esta tarea se pervierte y es entregada a las directrices del Ejecutivo, en ese instante el vigilante de la pulcritud democrática se convierte en un títere, la nación se desmoraliza, los abusos afloran, la corrupción reina, la sumisión cobra, la impunidad se blinda y este peluche solo brinca y salta al ritmo que le impone el titiritero.

En muy poco tiempo hemos visto temas que envuelven serias irregularidades, como el Consejo de la Judicatura, cuyos problemas ciertamente que no son de ahora, pero de ahora sí es convertirse en un centro de vacunación inmoral para los jueces del país, así como en club de abogados de cara membresía que asegura resultados a sus clientes. 

Progen y Austral, casos en los que las evidencias de corrupción e indolencia gubernamental sobran, un peculado dibujado con plastilina que hasta un lego puede verlo, con un costo de millones de dólares. En HealthBird, la corrupción clasificada y reservada solo para lectura de los comprometidos en su silencio. Galamedios, 2,6 millones de dólares que dan vuelta por el sistema financiero nacional sin que nadie revise su “trazabilidad” (término de moda en el argot burocrático) usados para seguir cooptando a la prensa del país. También grotesco y claro, el tema “Ramírez” en La Libertad, tampoco hay trazabilidad en los más de dos millones de dólares en la compra de 93 hectáreas, a un precio por metro cuadrado que no es el justo, según entendidos.

Luego de esta corta lista que debieron provocar alertas, controles o revisión, dónde están nuestros fiscalizadores, órganos de control e investigación, pues, para vergüenza ajena y desazón nuestra, congelados con un silencio ensordecedor. No tenemos responsabilidades políticas señaladas, la más ligera de todas porque no se fundamenta en el ilícito ni en el daño, sino en criterios de oportunidad, conveniencia y confianza del funcionario público, algunos de los cuales -inclusive- siguen descaradamente en funciones. 

Entonces, si la más leve no ha sido determinada, menos, mucho menos podemos esperar de otras instancias que deben indagar sobre eventuales ilícitos penales y no lo hacen, a pesar de tener evidencias más claras que el agua bendita en misa. Peor responsabilidad civil, no obstante observar negligencia y daño a cada paso y en cada proceso reseñado.

Cuidado y la corrupción se convierte en sistémica configurando un Estado fallido. Según Gabriel Mario Santos Villareal, 2009, México, “…se utiliza en el sentido de un Estado que se ha vuelto ineficaz, que no puede hacer cumplir sus leyes uniformemente debido a las altas tasas de criminalidad, corrupción extrema, burocracia impenetrable, ineficacia judicial… grupos de poder fácticos que imponen sus decisiones sobre la aplicación de la ley…y el interés general…”.

¿Estamos?