Ecuador ante la ONU por desapariciones forzadas: la militarización fue injustificable

Esta semana, en Ginebra, el Ecuador rindió examen ante el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada… Y reprobó. Es un decir: no se trata aquí de merecer una calificación para pasar de curso sino de certificar el cumplimiento de una serie de estándares internacionales que el país se ha comprometido, ante la comunidad internacional, a respetar. Y no lo ha hecho. El tema se vuelve urgente precisamente en esta fecha, 15 de marzo, cuando se inicia un toque de queda en el que las autoridades aspiran a desplegar (el ministro del Interior John Reimberg ha sido muy directo a este respecto) las mayores dosis de violencia.

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Dos maratónicas jornadas de preguntas y respuestas dirigidas a la delegación ecuatoriana por relatores especializados tuvieron lugar entre el jueves y el viernes en Ginebra. El resultado fue bochornoso: quedó claro que, más que incumplir sus compromisos, el país los ha pisoteado (los pisotea a diario) de forma clamorosa. 

Estos incumplimiento se deben no a fallas del sistema (excesos o descuidos rectificables), como suele ocurrir en la mayoría de las democracias, sino al sistema mismo: al hecho haber diseñado el gobierno de Daniel Noboa un proyecto de seguridad pública que se edifica precisamente sobre el irrespeto a esos estándares internacionales: un sistema que descansa sobre la militarización.

No ayudó a la causa del gobierno nacional el hecho de que el examen sobre desapariciones forzadas se produjera apenas días después de conocida la sentencia de la Corte Constitucional sobre el caso de los niños de las Malvinas, secuestrados, torturados y abandonados en manos de sus asesinos por 16 militares. 

Los relatores tenían clarísimas todas las implicaciones de este crimen de Estado y supieron relacionarlo (por coincidencias de procedimiento y fórmulas de reserva utilizadas) con los otros 51 casos (esa es la cifra que dieron) de desapariciones forzadas producidas en el país durante el bienio de Noboa y aún sin aclarar. 

Este tipo de exámenes ante los comités especializados de las Naciones Unidos tienen, vistos desde el interior de los países examinados, el interés de proporcionar un contexto internacional a aquellas políticas públicas nacionales que nos hemos acostumbrado a contemplar como normales. 

Así expuestas ante el mundo, resulta que muchas de ellas no lo son en absoluto. El episodio de esta semana en Ginebra recuerda a otro, ocurrido en la misma sede hace ya casi diez años, cuando el canciller del correísmo Guillaume Long, prevalido de la autoridad moral que le confería la estúpida creencia religiosa de hallarse “en el lado correcto de la historia”, justificó ante el Comité de Derechos Humanos el cometimiento de una serie de atropellos y violaciones perpetrados por su gobierno con el argumento de que eran inevitables y debían ser perdonados, porque el objetivo en el que la Revolución Ciudadana estaba empeñado era precisamente la construcción del Estado de derechos plenos. Es decir: el infierno que desatamos mientras construimos el paraíso debe ser puesto entre paréntesis.

Esta semana el Ecuador no llegó a tales extremos en Ginebra pero sí que hubo un desencuentro profundo entre lo que el gobierno considera como normal y lo que los estándares internacionales prescriben como intolerable. En especial un tema: los términos de la militarización de la seguridad pública. 

Una delegación militar en Ginebra

Ocurre que el Ecuador se pasa por el forro todos los criterios básicos aceptables para justificar la intervención de militares en esas tareas en el contexto de una democracia: la excepcionalidad de la intervención (es decir: debe ser puntual y tener fecha de caducidad); la subordinación (los militares debe actuar bajo las órdenes del mando policial en todos sus operativos) y la rendición de cuentas (deben informar a autoridades civiles y esos informes deben ser públicos). 

En las jornadas del jueves y viernes en Ginebra, asistimos a los intentos de una delegación ecuatoriana (integrada de manera insólita por militares, cosa que llamó mucho la atención en el seno de las Naciones Unidas) por justificar la intervención permanente, en lugar de excepcional, y complementaria, en lugar de subordinada, de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública, con el argumento de que así lo decidió el pueblo ecuatoriano en consulta popular (cosa que es parcialmente cierta: la pregunta aprobada hablaba de complementariedad, sí, pero no planteaba el problema de la subordinación en ningún momento).

El hecho de que al gobierno le pareciera apropiado que la delegación ecuatoriana estuviera integrada por dos militares (provenientes del departamento de asesoría jurídica del ministerio de Defensa), habla de la profunda ignorancia y escasa preparación de la élite política que dirige el país. En Ginebra esto no se había visto nunca y causó pésima impresión: los representantes de una democracia son siempre civiles, expertos en relaciones internacionales (materia de la cual los militares delegados desconocían absolutamente todo), con experiencia diplomática y años de servicio en cancillerías o procuradurías. 

Estos, en cambio, eran unos principiantes que no sabían dónde (y ante quién) estaban sentados. Junto a ellos, el embajador de carrera Marcelo Vásquez guardaba silencio porque así se lo habían ordenado, y no podía disimular su vergüenza mientras se hundía en la pantalla de su teléfono celular para no escuchar a los militares y abstraerse del papelón que su país estaba haciendo (algo que debe ser muy duro de afrontar para un diplomático de verdad).Desde Quito, un equipo de funcionarios del ministerio de Gobierno, del ministerio del Interior y de la SNAI (“dirección de cárceles”, se llamaba antes y debería volver a llamarse hoy), completaban la delegación con esporádicas intervenciones. Funcionarios junior todos ellos, burócratas de medio pelo sin la estatura necesaria para asumir la interlocución con los experimentadísimos relatores de las Naciones Unidas que tenían al otro lado de la pantalla, incurrieron todos ellos en la elemental falta de sentido común de leer documentos prefabricados para responder preguntas lanzadas a quemarropa y sobre la marcha por los relatores.

¿De dónde salen estos funcionarios?

Gente que debería estar cumpliendo tareas de asistencia 2 ó 3 en las oficinas públicas, llevándoles las carpetas a los que de verdad conocen de la materia y cursando quién sabe cuántos cursos de Derecho Internacional hasta ganar la experiencia mínima necesaria para representar al país en foros diplomáticos. ¡Representar al país ante un Comité de las Naciones Unidas en Ginebra! ¡Y ni siquiera son capaces de articular una respuesta inteligible si no es leyendo el documento plagado de lugares comunes y declaraciones de buenas intenciones que tienen por delante! 

Era imposible no desconectar el cerebro cada vez que tomaban la palabra porque no hubo una idea relevante, ni una sola, que saliera de esa mesa conectada por zoom con el comité de Ginebra para vergüenza nacional. En suma: un papelón internacional de paisito bananero. Sin atenuantes.

En la comunidad internacional existe, por supuesto, plena consciencia de las condiciones extremas que enfrenta el Ecuador en la lucha contra el crimen organizado. Y la disposición para reconocer la necesidad de que las Fuerzas Armadas intervengan para apoyar a la Policía en el mantenimiento del orden público. Eso no se discute. Pero de las palabras de los relatores (la peruana Carmen Rosa Villa Quintana y el brasileño Paulo Vanucci) se desprende que incluso en las peores circunstancias esa intervención militar en el orden público debe tener sus reglas y sus límites. 

La subordinación de los militares al mando policial, que en el Ecuador es una utopía; la desclasificación de todo aquello que arbitrariamente se cataloga aquí de reservado (no se puede mantener bajo reserva las identidades de los militares implicados en crímenes, por ejemplo); el establecimiento de un plan para separar progresivamente a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública, lo cual implica preparar a la Policía para asumir las tareas que hoy están cumpliendo los militares; el control civil (y público) de todas las actividades desplegadas por soldados, con un sistema de rendición de cuentas fiscalizable…Los relatores hablaban de estos temas y la delegación ecuatoriana respondía leyendo panfletos sin sentido, textos buenoides sobre el deber ser que nunca ha sido: insumos estratégicos, evidencias técnicas, información consolidada, articulaciones plenas, registros estadísticos, bases de datos integradas con variables detalladas en fichas de información que forman parte del sustento estadístico nacional… En fin, la nada. 

Mientras tanto, los estados de excepción se suceden uno a otro hasta convertir la excepcionalidad en regla. Si el país lleva dos años en estado de excepción, preguntó el brasileño Paulo Vanucci, ¿qué impide que lleguen a ser cuatro? Precisamente: nada lo impide. La pregunta es absolutamente oportuna porque no hay razón para pensar que Daniel Noboa no completará su período de gobierno en Estado de excepción. Quién sabe, a lo mejor es un récord mundial.