Desapariciones forzadas: la defensa de Ecuador ante la ONU tuvo voz militar
Análisis| Las responsabilidades en las audiencias, según la tradición, siempre recayeron en Cancillería y Procuraduría
Quienes asistieron y regularmente siguen las sesiones del Comité contra las Desapariciones Forzadas en Ginebra, Suiza, quedaron asombrados de que, durante la sesión de examen anual que se hace a todos los países del mundo, el Ecuador haya sido representado por dos militares perfectamente uniformados que trabajan en la oficina de asesoría jurídica del Ministerio de Defensa.
Según un observador de lo que sucedió el jueves 12 y el viernes 13 de marzo, jamás se había registrado un caso así. Siempre los países son representados por funcionarios civiles que ostentan altas posiciones en organismos estatales. A veces son cancilleres; otras, embajadores ante las Naciones Unidas, procuradores o fiscales. ¿Pero militares? Ni siquiera países como Ucrania o Rusia, que están en guerra, lo han hecho.
En muchos casos hay militares, pero como parte de delegaciones en las que participan también las Fuerzas Armadas de esos países, sobre todo cuando es precisamente la actuación militar la que está siendo observada por los relatores del comité.
El cambio que impuso el Gobierno en la sesión de este 2026
Las responsabilidades en estas audiencias, de acuerdo con la tradición del Estado ecuatoriano, siempre han recaído en la Cancillería y en la institución que actúa como abogado del Estado (en el caso ecuatoriano, la Procuraduría), dijo a EXPRESO un experto en el tema que pidió que su nombre se mantenga en reserva, ya que está asistiendo precisamente a estas sesiones.
La pregunta que surge inmediatamente ante este hecho es si en Ecuador existe un mando militar que está por encima del civil. El embajador Marcelo Vásquez, representante permanente del Ecuador ante la ONU, estuvo sentado en una esquina de la sesión en silencio, pues nunca pudo intervenir: la consigna del Gobierno de Daniel Noboa fue que los militares representaran al país.
En realidad, para cualquier observador que haya visto la sesión (transmitida por vía telemática), el mensaje de militarización resultó muy potente. Pero el clímax de la sesión estuvo en la respuesta que la vicepresidenta del comité, Carmen Rosa Villa Quintana, dio a la defensa presentada por los militares y por algunos funcionarios de menor nivel que intervinieron desde Quito.
El discurso de la delegación ecuatoriana había estado repleto de citas legales (muchas veces formuladas de manera casi lírica) sobre cómo el sistema legal y constitucional ecuatoriano respeta los derechos humanos y evita las desapariciones forzadas.
Las preocupaciones del Comité
Villa Quintana señaló varias preocupaciones que existen en el comité sobre la actuación del Estado ecuatoriano en materia de derechos humanos, especialmente durante los períodos de estado de excepción decretados por el Gobierno. Comenzó diciendo que al comité le preocupa el tema de los informes reservados que, según explicó, se utilizan como argumento para negar o demorar la entrega de información.
En este punto mencionó dos casos: la reserva que las Fuerzas Armadas han mantenido hasta ahora en el caso de la desaparición de los periodistas de El Comercio en la frontera con Colombia, en 2018, y el caso de los cuatro niños de Las Malvinas, también de desaparición forzada, en el que -sostuvo- hay “todo un relato sobre cómo se niega la información”.
Villa Quintana fue particularmente enérgica en este punto y afirmó: “No entendemos las protecciones a los violadores de los derechos humanos”.
La mira en la cárcel del Encuentro
Otro tema que Villa Quintana dijo que preocupa al comité es el de la llamada Cárcel del Encuentro, donde actualmente está detenido Aquiles Álvarez.
Señaló que tienen información de que personas son liberadas en la noche y en medio de la nada, pues -según explicó- esa cárcel se encuentra en una zona inhabitada y alejada de todo. “En medio de la casi nada”, apuntó. Estas personas son liberadas en momentos imprevistos y sin que sus familiares puedan estar presentes para recibirlas.
El tema de los ataques del Gobierno y sus huestes contra los jueces de la Corte Constitucional también fue mencionado por Villa Quintana. “Nos preocupa la hostilidad contra los jueces de la Corte Constitucional”, dijo.
La relatora cuestionó además lo ocurrido con los militares implicados en desapariciones forzadas. En particular, preguntó si los agentes estatales investigados han sido suspendidos de sus funciones, si están detenidos o encarcelados o si al menos “tienen medidas cautelares”.
Comité de la ONU exige respuestas al Gobierno de Noboa
En su intervención mencionó que, en varios casos presentados ante el comité, “la desaparición forzada implica participación de agentes del Estado”, por lo que pidió al Gobierno explicar qué acciones disciplinarias o judiciales se han tomado contra esos funcionarios.
Asimismo, solicitó información sobre los mecanismos de control civil sobre las operaciones militares. También cuestionó la aplicación de toques de queda y estados de excepción, y pidió conocer el contenido y el carácter del llamado Plan Fénix.
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