Ecuador ante Comité contra Desapariciones Forzadas habla del caso Malvinas: esto dijo

La delegación de Ecuador ante el Comité contra la Desaparición Forzada enfrentó la primera comparecencia sobre su informe complementario. Este 12 de marzo de 2026, la delegación habló del caso Las Malvinas como una muestra de que en el país se ha sancionado a agentes estatales vinculados a este tipo de desapariciones.

(NO TE PIERDAS: Comisión de Derechos Humanos exige responsabilidades políticas por caso Malvinas)

La delegación ecuatoriana estuvo presidida por Leonardo Alvear, consejero jurídico del Ministerio de Defensa. También estuvieron en Ginebra, sede de la sesión 565 del Comité, representantes de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior y del SNAI (estos últimos participaron virtualmente desde Quito).

La sesión y el informe de Ecuador se centraron en tres temas que comenzaron a abordarse hoy: la prevención de las desapariciones forzadas, la investigación y búsqueda; así como la reparación.

Alvear presentó lo que el Gobierno considera avances en la implementación de la Convención para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Señaló que la desaparición forzada es incompatible con el marco institucional y constitucional del país y que “no corresponde a una política de Estado”.

Sobre el caso Las Malvinas

La desaparición y asesinato de cuatro menores de edad en Guayaquil también se abordó durante la reunión del Comité. Tras la primera intervención y después de las preguntas de los relatores de Naciones Unidas, la delegación que participaba desde Quito se refirió a ese caso.

La delegación ecuatoriana abordó los estados de excepción decretados en el país. Señaló que una muestra de que las diferentes instancias actúan con independencia fue la reciente sentencia de la Corte Constitucional sobre el caso Las Malvinas.

“Condenó al Estado por una desaparición forzada ocurrida durante el estado de excepción ratificando que el habeas corpus procede incluso cuando las víctimas son halladas sin vida”, señaló la funcionaria que forma parte de la delegación.

También recordó que la Fiscalía de Ecuador logró sentencias de hasta 34 años en contra de 11 agentes estatales, “demostrando que nuestro sistema de pesos y contrapesos no tolera la impunidad”.

Antes de esa intervención, Belén Quelal, del Ministerio del Interior, señaló que el Estado ecuatoriano mantiene un registro histórico de 30.096 personas desaparecidas.

Aclaró que esa cifra requiere una distinción jurídica. “En el ordenamiento jurídico interno, según el tipo penal, se utiliza el término desaparición involuntaria para aquellos caso en los que no existe participación de agentes del Estado. Por ello, los registros no corresponden a desapariciones forzada sino a eventos derivados de diferentes causas”, indicó Quelal.

También agregó que la categoría de desaparición forzada requiere la comprobación de elementos objetivos y subjetivos específicos, tales como la participación de agentes del Estado o el apoyo de estos.

Una posición contrastada con la del secretario jurídico de Carondelet

Pese a que ante el Comité Contra la Desaparición Forzada se destacó la sentencia de la Corte Constitucional respecto al alcance del habeas corpus. La alta corte incluyó en su resolución el pago de indemnizaciones a las víctimas y a sus familias, además de otras medidas de reparación integral.

Sin embargo, el secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, señaló que una primera revisión del dictamen le deja “preocupaciones” sobre el alcance de la resolución. Según dijo, la Corte intervino en un proceso judicial que ya estaba en marcha y en el que existía una sentencia contra los responsables de delitos cometidos contra los menores. 

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!