Caso Malvinas: el fallo de la Corte Constitucional deja a Loffredo sin margen

Si luego de la sentencia de la Corte Constitucional el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, no renuncia o, en su defecto, el presidente Daniel Noboa no lo saca de su gabinete, el Gobierno habrá hecho todo lo necesario para quedar en un sitial poco favorable en la historia del país. Lo mismo aplica para la Asamblea Nacional, en caso de que no inicie un juicio político en contra de Loffredo, que, a todas luces, es uno de los principales, si no el principal, responsable político del crimen de los niños de Las Malvinas: cuatro chicos que fueron detenidos ilegalmente por militares y luego abandonados a merced de grupos criminales que más tarde los asesinaron atrozmente.

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La sentencia de la Corte Constitucional, en realidad, sella uno de los episodios más dolorosos de la historia moderna del país que, a pesar de todas las evidencias, había sido ocultado por el Estado, que abiertamente protegió a sus responsables. En ese contexto, Loffredo representa lo más ruin de todo el operativo que montó el Gobierno y que incluyó la tarea de movilizar su aparato de troles e influencers para manchar la reputación de los chicos (que ese día no habían hecho otra cosa que jugar al fútbol), de sus familias y de toda voz que saliera a protestar por lo sucedido. 

Un operativo que, además, incluyó algo que la sentencia de la Corte Constitucional también obliga a los organismos responsables a investigar: las presiones o incentivos que pudieron haber recibido los jueces de la Corte Provincial del Guayas que dejaron sin efecto la sentencia de primera instancia dictada por la jueza constitucional Tanya Loor, quien reconoció la desaparición forzada de los cuatro menores, concluyó que la detención fue ilegal y ordenó medidas de reparación, entre ellas disculpas públicas del Estado y acciones de búsqueda.

Esa sentencia fue apelada por representantes del Gobierno, entre ellos el jefe del Comando Conjunto de las FF. AA. y el Ministerio del Interior que, en ese entonces, estaba a cargo de Mónica Palencia. La ministra dijo en su apelación que la jueza actuaba motivada por los intereses políticos de quienes habían declarado durante el proceso. En su recurso ante la Corte Provincial denunció que se “haya incurrido en plus petitio y extra petita, dando gusto a esos intereses”. Esa apelación de las FF. AA. y de Palencia dio pie para que la Corte Provincial del Guayas, célebre como ninguna por actuar condicionada por presiones o estímulos, revocara la sentencia de la jueza Loor.

La historia siguió cuando los padres de los menores presentaron una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Ese organismo hizo lo que se llama examen de mérito, lo que significa que se revisa no solo lo formal de la sentencia, sino todo el procedimiento seguido por la Corte Provincial. Así, la Corte Constitucional no se limitó a revocar lo sentenciado por la Corte Provincial del Guayas, sino que actuó como un tribunal y sentenció afirmando que el Estado es culpable, lo que significa que los funcionarios que intervinieron cometieron delitos.

La amenaza directa a una jueza

En este episodio de ocultamiento de información y defensa de los implicados, el mayor protagonista fue Gian Carlo Loffredo, quien (hay que anotarlo) ha tenido todo el respaldo del presidente Daniel Noboa desde que estalló el caso hasta ahora. El 6 de enero de 2025, luego de la sentencia de la jueza Loor, Loffredo apareció en una cadena nacional en la que expuso un ejemplar de EXPRESO para demostrar que había sido grabada ese día. Loffredo acató la decisión de la jueza, ofreciendo condolencias a las familias de los niños, pero hizo algo por lo que debía haber sido destituido en ese mismo momento: amenazó a la jueza con sanciones por lo que había hecho.

“Señora jueza, he cumplido con lo que usted dispuso, a pesar de que llegaremos hasta las últimas consecuencias para que se sancione su actuación, ya que la misma ha dado paso a una persecución política. Y no voy a permitir que su sentencia sea utilizada para arrodillar a las FF. AA., que trabajan por la paz y el respeto a los derechos humanos. También se deberá investigar el uso de la narrativa de los derechos humanos como instrumento de persecución política”, dijo Loffredo.

“Esta injusticia en contra de las FF. AA. fue cometida por una jueza en materia constitucional, declarando la existencia de una desaparición forzada a pesar de que no tenía capacidad ni facultad legal para hacerlo. Se resalta que curiosamente aparecieron como amigos de la jueza autoridades con claros fines políticos, entre otros hasta la presidenta de la Asamblea Nacional”, continuó Loffredo.

A pesar de la sentencia de la jueza Loor, de las evidencias públicas sobre lo que había ocurrido y de las noticias que salían en los ya pocos medios independientes, la Asamblea Nacional, dominada por el Gobierno, no permitió que Loffredo fuera enjuiciado políticamente. Así fue como el crimen de los niños de Las Malvinas no tuvo ni un solo responsable político, algo inimaginable en un sistema democrático y respetuoso de los derechos humanos.

Responsables penales, finalmente, sí los hubo: el 22 de diciembre de 2025, un Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil condenó a los militares procesados. Once militares fueron sentenciados como autores directos a 34 años y 8 meses. Cinco recibieron una pena menor de 30 meses por colaborar con la Fiscalía como cooperadores eficaces. Y un teniente coronel fue declarado inocente.

Con la sentencia de la Corte Constitucional queda claro que la permanencia de Loffredo en el Gobierno es un atentado a la dignidad del país.

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