Caso Malvinas: ¿Hay causal de juicio político a Noboa por desaparición forzada?

El reconocimiento de una desaparición forzada en el caso Las Malvinas por parte de la Corte Constitucional del Ecuador reactivó el debate en redes sociales sobre si el presidente Daniel Noboa podría enfrentar un juicio político. 

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Sin embargo, constitucionalistas y especialistas en derechos humanos consultados por EXPRESO coinciden en que, aunque la Constitución contempla esta causal, por ahora no existen elementos jurídicos ni condiciones políticas claras para impulsar un proceso de destitución en la Asamblea Nacional del Ecuador.

El debate surge porque el artículo 129 de la Constitución establece que el presidente puede ser sometido a juicio político por delitos como traición a la patria, cohecho, concusión, peculado o desaparición forzada de personas. No obstante, especialistas advierten que la aplicación de esta causal no es automática y requiere demostrar responsabilidades directas.

No existe evidencia de la participación de Daniel Noboa, aseguran los expertos

Para la constitucionalista Ximena Ron, la existencia de una desaparición forzada no implica de forma inmediata la responsabilidad del jefe de Estado. “Una de las causales para el juicio político es la desaparición forzada, pero no es tan lineal. Tendría que demostrarse que el presidente tuvo alguna responsabilidad en el hecho por acción u omisión”, explicó.

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Ron añadió que, además del aspecto jurídico, el proceso depende de factores políticos dentro del Legislativo. “Principalmente tendrían que existir los votos para eso. Las dos circunstancias son complejas”, señaló.

Una postura más categórica tiene el constitucionalista André Benavides, quien considera que en este caso no existe causal para iniciar un juicio político contra el mandatario. Según explicó, aunque la Constitución menciona la desaparición forzada como causal, no hay evidencia de una responsabilidad directa del presidente en los hechos investigados.

“No existe una responsabilidad directa del presidente de la República ni un rol que permita suponer que dispuso este tipo de actuaciones por parte de las Fuerzas Armadas”, afirmó.

La mayoría en el Legislativo truncaría el juicio político

Benavides también sostiene que el escenario político en el Parlamento dificulta aún más una eventual iniciativa de este tipo. “En el ámbito político no existen los votos ni mayorías en el Consejo de Administración Legislativa, en la comisión ni en el pleno de la Asamblea para llevar adelante un juicio político”, agregó.

Desde la perspectiva de derechos humanos, la abogada María Dolores Miño también considera improbable que el caso derive en un proceso de destitución presidencial. A su criterio, hasta el momento no se ha demostrado que el mandatario haya tenido control o línea de mando sobre los militares implicados ni que los hechos respondan a una política estatal ordenada desde el Ejecutivo.

“Más allá de la indiferencia o falta de empatía que se le pueda atribuir al presidente frente al caso, no se ha demostrado ni remotamente que tuviera línea de mando sobre los militares que cometieron el delito”, sostuvo.

Miño recordó además que un juicio político contra el presidente requiere cumplir varias etapas institucionales antes de llegar al pleno de la Asamblea. Entre ellas, un dictamen previo de la Corte Constitucional y la obtención de mayorías calificadas en el Legislativo. “Para llegar a un juicio político se requiere primero el dictamen de la Corte Constitucional y luego mayorías calificadas en la Asamblea. Por ahora eso lo vuelve muy improbable”, concluyó.

En ese contexto, aunque el reconocimiento de la desaparición forzada en el caso Las Malvinas ha reactivado el debate político, especialistas coinciden en que las condiciones jurídicas y políticas para un juicio político contra Noboa no están dadas en este momento.

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