Informes reservados y derecho a la defensa: el debate que refuerza el caso Álvarez
Análisis | El peor atropello al derecho a la defensa es castigar a alguien por un delito del que el acusado no fue informado
El traslado de Aquiles Álvarez a la cárcel del Encuentro terminó siendo lo que en efecto parecía: un operativo para aislar a un preso incómodo y entorpecer el ejercicio de su derecho a la defensa. La herramienta para lograr este objetivo es una vieja confiable del gobierno de Daniel Noboa: el informe reservado.
Según la versión oficial de los hechos, los servicios de Inteligencia determinaron la existencia de serias amenazas contra la vida del alcalde de Guayaquil, amenazas que podrían ejecutarse en cualquier cárcel que este gobierno no controle, es decir (parece mentira) en todas salvo la cárcel del Encuentro.
Según el ministro del Interior, John Reimberg, esas amenazas provenían del correísmo, el partido al que Aquiles Álvarez debe la Alcaldía y que hoy se ha movilizado para exigir su libertad. Algo tan inverosímil como decir que desde ADN se está amenazando con matar a Daniel Noboa.
La explicación favorita del Gobierno de Noboa
¿Evidencias? Ninguna: el informe de Inteligencia es reservado. Pero reservado en el sentido en el que la NKVD (la policía política de Lavrenti Beria en tiempos del estalinismo) entendía como tal, a saber: reservado al extremo de que ni la persona interesada (en este caso, Aquiles Álvarez) pude enterarse de su contenido.
Se le quita, por tanto, el derecho a conocer las circunstancias que rodean su propia seguridad, por no hablar de la posibilidad de objetar el informe. En otras palabras: hay un (supuesto) informe reservado sobre la seguridad del alcalde de Guayaquil que el alcalde de Guayaquil no tiene derecho a conocer pero que determina su traslado a una cárcel en la que se lo mantiene aislado, sin ver a nadie y sin recibir la luz del sol ni un minuto al día, según ha denunciado su abogado. Una mazmorra, pues, como las del Antiguo Régimen anterior a la Revolución Francesa.
La cárcel del Encuentro, que tanto enorgullece al noboísmo, es La Bastilla.
Además, para reunirse con su defendido (cosa que sólo ocurre bajo vigilancia policial, en abierta violación al principio de confidencialidad), el abogado tiene que hacer un viaje de hora y media por territorios inseguros y someterse a tres filtros de seguridad, siempre y cuando la coordinación entre las Fuerzas Armadas y la dirección de cárceles (SNAI, se llama ahora, lo que sea que eso signifique) funcione de manera adecuada, lo cual no ha ocurrido hasta ahora sino una de cada tres veces: si esto no es entorpecer el derecho a la defensa no se entiende qué más puede ser.
Pero volvamos al tema de la información reservada, tal y como la entiende y la maneja el gobierno de Daniel Noboa. En los últimos meses, el Ecuador ha sido testigo de la multiplicación de informes, contratos, documentos de todo tipo sobre los que pesa una supuesta cláusula de reserva que funciona como un dique para detener la intromisión, el debate público y evitar que éste se meta en lo que no conviene.
La reserva sobre informes en casos que salpican al Gobierno
Por ejemplo, los contratos con HealthBird, la empresa trucha a la que sospechosamente el expresidente del directorio del IESS, Édgar Lama von Buchwald, amigo, socio y abogado de Daniel Noboa, pretendió entregar el manejo de todo el sistema de salud de la República, sin tener para ello la más básica de las credenciales.
O la estructura accionarial de Invictus, el estudio jurídico defensor de narcotraficantes al que pertenecía Mario Godoy, el expresidente del Consejo de la Judicatura de confianza del gobierno. Ambos fueron declarados reservados de manera inmotivada y arbitraria.
¿Qué se necesita para declarar la reserva de la información?
La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información (LOTAIP: probablemente la más violada por este gobierno, aunque eso es difícil de afirmar cuando las leyes violadas son legión) es muy clara a la hora de establecer lo que se necesita para declarar bajo reserva cualquier información:
- Una declaración motivada.
- Una justificación en la que se explique el interés público que protege la reserva y detalle los riesgos que se correrían en caso de que la información fuera divulgada.
- Un plazo, es decir, el tiempo durante el cual permanecerá vigente la reserva.
- Una comunicación a las autoridades pertinentes: la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Nacional, que deberían conocer del particular en los siguientes diez días.
Ninguno de estos requisitos se ha aplicado en los casos mencionados.
Cuando la reserva obedece supuestamente a motivos de seguridad nacional, hay otros principios esenciales de una democracia que han sido violados sistemáticamente por el gobierno. De manera especial, el principio del derecho a la defensa.
El atropello al derecho a la defensa
Alondra Santiago, por ejemplo, influencer correísta, cubana de nacimiento pero con una vida hecha en el Ecuador desde hacía un par de décadas, fue expulsada del país sobre la base de un informe reservado. Exactamente lo mismo acaba de ocurrir con el chavista Fernando Casado, asesor de la excandidata correísta Luisa González.
Al negarles el conocimiento del informe que los inculpa, el Estado les ha privado de su derecho a la defensa: ninguno de los dos supo exactamente de qué se los acusaba. Un atropello propio de las peores dictaduras.
Exactamente así actuó el estalinismo con Bujarin, por ejemplo. O el Nazismo con Martin Niemöller, conocido por aquella famosa declaración: “Primero vinieron por los socialistas y guardé silencio porque no era socialista…”, etc.
Noboísmo con prácticas correístas
Ahora el noboísmo actúa exactamente igual con los correístas, convirtiéndolos en víctimas de una persecución innecesaria y sin sentido, una persecución que parece provenir de un estallido de bilis y neurosis más que de una racional estrategia política.
No hay un ápice de inteligencia en la aplicación de un informe de inteligencia reservado (con toda probabilidad inexistente) para justificar el aislamiento del alcalde Aquiles Álvarez. Llevarlo a una mazmorra, raparlo, incomunicarlo, quitarle hasta sus libros y entorpecer su derecho a la defensa con la evidente intención de quebrarlo. Esto, bajo los estándares de cualquier democracia seria, es tortura. ¿Todavía se puede considerar a Daniel Noboa como un presidente democrático?
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