¿Cuáles son los cargos contra los hermanos del alcalde Aquiles Álvarez?
Antonio y Xavier están procesados por delitos que acarrean hasta 13 años de prisión
La crisis judicial que atraviesa el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, también involucra directamente a su círculo familiar más cercano. Sus hermanos, Antonio y Xavier Álvarez Henriques, se encuentran procesados por la Fiscalía General del Estado dentro de dos investigaciones de alta complejidad que rastrean millonarios perjuicios económicos por la comercialización irregular de combustibles.
El rol en el caso Goleada: Lavado de activos
Actualmente, ambos hermanos mantienen órdenes de prisión preventiva y figuran como piezas clave en los expedientes denominados Goleada y Triple A, cuyos perjuicios conjuntos al Estado superarían los 161 millones de dólares. De recibir sentencias condenatorias en los tribunales, los familiares del burgomaestre enfrentan un escenario jurídico severo que suma penas privativas de libertad de hasta 13 años, según la tipificación del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
El proceso más reciente, conocido como Goleada, mantiene a los hermanos Álvarez bajo instrucción fiscal desde el pasado 11 de febrero de 2026. En esta causa, la Fiscalía formuló cargos por el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.
Según la teoría fiscal, los procesados formarían parte de un “entramado societario complejo” dedicado a blanquear capitales ilícitos a través de la venta de diésel subsidiado, generando un perjuicio de 100 millones de dólares para el Estado. En el ámbito penal, la figura de delincuencia organizada (Art. 369) establece condenas de 7 a 10 años de cárcel.
Sin embargo, el delito de lavado de activos (Art. 317) agrava contundentemente el panorama: al superar los montos máximos y presuponer una asociación para delinquir, la normativa impone una pena de 10 a 13 años de privación de libertad, sumado a multas equivalentes al duplo del valor ilícito.
Además de la instrucción por lavado de activos, Antonio y Xavier Álvarez integran la lista de las 22 personas llamadas a la etapa de juzgamiento dentro del caso Triple A.
En este expediente, radicado en la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de Pichincha bajo el número 17005-2026-00018, los hermanos están acusados formalmente del delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo.
La Fiscalía acusa a esta presunta red de generar un perjuicio económico de 61.5 millones de dólares, correspondiente a la venta irregular de 22.7 millones de galones de diésel y gasolina. Las pruebas presentadas durante la etapa preparatoria incluyen reportes de la UAFE y del SRI. Para este tipo penal, estipulado en el artículo 264 del COIP, la ley contempla una pena privativa de libertad de hasta cinco años de prisión, considerando el agravante de la alta escala del perjuicio y el desvío de combustible hacia segmentos de mercado.
Ambos casos mantienen a los hermanos Álvarez bajo el escrutinio de los tribunales anticorrupción. A día de hoy, los tres están recluídos en la cárcel "El Encuentro".