Conmemoración. Familiares y amigos realizaron un plantón el 8 de diciembre de 2025, tras cumplirse un año de la desaparición y asesinato de cuatro niños del sector de Las Malvinas, en Guayaquil.
Conmemoración. Familiares y amigos realizaron un plantón el 8 de diciembre de 2025, tras cumplirse un año de la desaparición y asesinato de cuatro niños del sector de Las Malvinas, en Guayaquil.Foto: Álex Lima/ EXPRESO

Caso Malvinas: ¿Cuánto recibirá por indemnización cada familia de los niños?

El fallo de la Corte Constitucional establece montos por daño inmaterial. Defensa tiene un plazo máximo para hacer los pagos

Tras la declaración de desaparición forzada de los niños Josué, Ismael, Steven y Nehemías en el sur de Guayaquil, la atención se centra ahora en el cumplimiento de las medidas de reparación integral. El fallo de la Corte Constitucional (CCE) no solo ordena actos simbólicos, sino que cuantifica el resarcimiento económico para sus familias, tras confirmar que los menor4es sufrieron una detención "ilegal, arbitraria e ilegítima" por parte de patrullas militares.

El Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Defensa, desembolsará un total de 15.000 dólares a cada una de las familias afectadas por los hechos de diciembre de 2024. La sentencia 1732-25-EP/26 determina este pago exclusivo para los familiares de las víctimas de este caso.

Los montos fijados por la Corte

La reparación económica se divide en dos rubros específicos para resarcir los "profundos impactos, sufrimientos y afectaciones" que produjo la desaparición forzada:

  • $ 10.000: Para los padres y madres de cada uno de los cuatro niños (Josué, Ismael, Steven y Nehemías).

  • $ 5.000: Un monto global a favor de cada núcleo familiar. La Corte aclara que esta suma no es individual para cada integrante, sino un valor único por familia.

La cartera que dirige Giancarlo Loffredo debe realizar estos depósitos en un plazo máximo de seis meses. Además, la institución tiene la obligación de presentar ante la Corte los respaldos de dichas transferencias en un término de cinco días tras cumplirse el pago.

El impacto del discurso oficial

El fallo recoge testimonios desgarradores sobre el daño a la honra que sufrieron los deudos. Una de las madres relató cómo las declaraciones de las autoridades y los comentarios en redes sociales destruyeron su tranquilidad: "Me han destruido mi vida... Por qué dañarnos la honra a nuestros hijos, incluso a nosotros mismos".

La Comisión de Fiscalización se convirtió en la mesa de archivo que existía en el correísmo para anular el juicio político en contra del ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo.

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La Corte determinó que el Estado no solo falló al proteger a los menores, sino que la información sobre su aprehensión no fue "inmediata, satisfactoria ni convincente". El tribunal recoge la crítica de otro familiar que se preguntaba por qué el Ministerio del Interior permitió que "todo el Ecuador se nos vaya encima", dañando la memoria de los adolescentes mediante la estigmatización.

Reparación más allá del dinero

Aunque la indemnización económica es una parte, la sentencia enfatiza que el dinero no borra la responsabilidad estatal. El Ministerio de Defensa asumirá estos costos "sin perjuicio de la acción de repetición", lo que permite al Estado cobrar estos valores a los funcionarios responsables de la violación de derechos. El objetivo es que la verdad prevalezca sobre el ocultamiento de información que marcó este caso desde su inicio.

Respaldo: En los 5 días posteriores al pago, el Ministerio deberá presentar ante la Corte Constitucional los comprobantes que acrediten que el dinero fue depositado exitosamente.

Más allá del dinero: Salud y memoria

El fallo aclara que la indemnización económica no agota la responsabilidad del Estado. La reparación incluye también la gratuidad de servicios de salud mental para los familiares directos y extendidos a través del Ministerio de Salud Pública.

Asimismo, la sentencia obliga a la Asamblea Nacional a declarar el 8 de diciembre como día conmemorativo, asegurando que el costo de este caso para el Estado no sea solo financiero, sino que se convierta en una lección permanente sobre el respeto a la vida y los derechos humanos en operativos militares.

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