Jan Jarab (centro), representante regional de ONU Derechos Humanos
Jan Jarab (centro), representante regional de ONU Derechos Humanos, afirmó que el fallo del caso Malvinas es un “paso significativo” contra la impunidad.Cortesía

Derechos Humanos de la ONU tildó de "paso significativo" el fallo del caso Malvinas

Organismo regional respalda fallo que condenó a 16 uniformados y ordenó medidas de reparación estatal

“Representa un paso significativo contra la impunidad”. Con esa frase, la ONU Derechos Humanos en América del Sur calificó la sentencia emitida por la justicia ecuatoriana en el caso de los cuatro niños de Las Malvinas, tras declararse culpables a 16 militares por su desaparición durante un operativo en Guayaquil en diciembre de 2024.

El pronunciamiento se dio luego de que el Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil determinara que en el caso se configuraron violaciones de derechos humanos como desaparición forzada, tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

La resolución judicial también estableció el uso indebido de la fuerza pública y la existencia de hechos de encubrimiento institucional, en un proceso que involucró a un niño y tres adolescentes.

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“La justicia ha sido clara en condenar el uso ilegítimo, excesivo y arbitrario de la fuerza pública, en un caso de violencia institucional extrema contra un niño y tres adolescentes en Ecuador”, expresó el representante regional, Jan Jarab.

Añadió que, en un contexto en el que existen otras denuncias de desapariciones en el país, el fallo marca un precedente relevante frente a prácticas violatorias de derechos fundamentales.

Según explicó, la decisión reafirma la prohibición absoluta de la desaparición forzada y la tortura, así como la obligación de debida diligencia y la responsabilidad penal individual de los agentes estatales, en línea con estándares internacionales.

Medidas de reparación y garantías de no repetición

El CDH exige al Gobierno Nacional, en particular al ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, a asumir plenamente la sentencia del caso.

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El Tribunal ordenó además medidas de reparación integral y garantías de no repetición dirigidas al Estado ecuatoriano, entre ellas capacitaciones obligatorias en derechos humanos para las fuerzas involucradas. La sentencia contempla también actos de memoria y la exigencia de disculpas públicas por parte del Ministerio de Defensa, como parte de las acciones destinadas a reconocer la responsabilidad institucional.

“Reafirmamos la importancia de asegurar la implementación integral de la sentencia”, señaló Jarab, quien reiteró la disposición de su Oficina de continuar cooperando con el Estado ecuatoriano en el fortalecimiento de políticas de promoción y protección de los derechos humanos.

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